Las reformas migratorias de Biden merecen una oportunidad de funcionar
Tras años de caos en la frontera sur de Estados Unidos, el gobierno dice que los cruces ilegales han caído más de un 40 por ciento en los últimos meses. Estas cifras sugieren que las políticas fronterizas introducidas recientemente por la administración del presidente Joe Biden están comenzando a dar resultados. Es lamentable que los políticos de ambos partidos intenten socavar este progreso antes de que apenas haya comenzado.
Desde fines del año pasado, la administración ha empleado una estrategia para contener la oleada de inmigrantes que intentan ingresar al país. Lanzó un programa para inmigrantes de Venezuela, Cuba, Nicaragua y Haití, permitiendo que hasta 30 mil personas al mes soliciten visas temporales antes de llegar a la frontera. Bajo el programa, conocido como libertad condicional humanitaria, los solicitantes que tienen un patrocinador, pasan las verificaciones de antecedentes y cumplen con otros requisitos pueden trabajar en Estados Unidos durante dos años mientras se adjudican sus solicitudes de asilo. Los que cruzan la frontera que intentan eludir el proceso son expulsados a México, que anteriormente se había negado a aceptar deportados de las cuatro naciones cubiertas por el programa.
Los primeros resultados han sido prometedores. Entre diciembre y enero, los encuentros de Aduanas y Protección Fronteriza entre los puertos de entrada se redujeron de 221 mil 675 a 128 mil 410, la cifra más baja en dos años, con evidencia de caídas continuas en febrero. Esos números pueden caer aún más, debido a una nueva regla anunciada la semana pasada que niega a los migrantes la posibilidad de solicitar asilo sin pedirlo primero en un país por el que pasan camino a Estados Unidos La regla, que entrará en vigencia en mayo, se suma a Título 42, la política utilizada por el gobierno para rechazar a algunos solicitantes de asilo durante la pandemia, al imponer sanciones penales por reingreso ilegal una vez que se ha negado la admisión inicial.
Si bien es demasiado pronto para declarar segura la frontera, la administración merece crédito por tomar medidas para corregir fallas pasadas. Sin embargo, lejos de trabajar para aprovechar estas mejoras, los partidarios de ambos lados están haciendo lo contrario.
Veinte fiscales generales republicanos, incluidos los de los estados fronterizos más afectados por la inmigración ilegal, presentaron una demanda para tratar de anular el plan de libertad condicional de la administración, alegando que viola los límites de la autoridad ejecutiva impuestos por el Congreso. Mientras tanto, varios demócratas del Senado han denunciado la regla de tránsito de asilo de terceros países propuesta, acusando a Biden de revivir las políticas de inmigración de tolerancia cero de su predecesor.
Este obstruccionismo está equivocado. El sistema de inmigración de Estados Unidos requiere una reforma integral para cubrir la escasez de mano de obra; atraer a más trabajadores altamente calificados; y proporcionar un proceso de asilo justo y eficiente para los migrantes que realmente huyen de la persecución.
Sin embargo, es imposible generar apoyo público para tales políticas sin medidas más agresivas para disuadir la entrada ilegal, a lo que muchos progresistas continúan oponiéndose. Al mismo tiempo, los conservadores deberían reconocer que los esfuerzos prudentes para aumentar la inmigración legal pueden ayudar a aliviar la presión en la frontera y detener el flujo ilegal. Los problemas subyacentes que impulsan la crisis migratoria, es decir, el movimiento de un gran número de person, no se resolverán de la noche a la mañana, pero el nuevo enfoque de la administración es un paso hacia un sistema más racional y ordenado. Los líderes de ambos lados deberían darle una oportunidad justa para que funcione.