Democracia de México se tambalea al borde de un precipicio
Washington— Dos veces en los últimos meses, primero el 13 de noviembre y luego el 26 de febrero, decenas de miles de mexicanos salieron a las calles para protestar contra una nueva ley que desmantelará la autoridad electoral autónoma de la nación. Sus gritos de angustia deben ser ampliamente escuchados y atendidos. La ley electoral, abanderada por el presidente Andrés Manuel López Obrador y firmada por él en los últimos días, es una puñalada en el corazón de la democracia mexicana.
“¡No toques nuestro voto!” corearon los manifestantes en el Zócalo de la Ciudad de México, la amplia plaza frente al palacio presidencial, muchos de ellos con camisetas y gorras de béisbol rosa, el color del Instituto Nacional Electoral (INE), que sería disuelto por la nueva ley. “No estamos listos para perder nuestra democracia”, dijo Óscar Casanova, un empresario, a Mary Beth Sheridan de The Washington Post.
Durante siete décadas, México estuvo gobernado por un solo partido, el Partido Revolucionario Institucional (PRI), que perdió la contienda presidencial en 2000, abriendo el camino a un período de competencia multipartidista. El INE ha desempeñado un papel clave en esta transición como autoridad independiente y no partidista, desplegando a miles de trabajadores que emiten identificaciones de votantes y controlan prácticamente todos los aspectos de las votaciones estatales y federales. La nueva ley castraría al INE, requiriendo que cierre 40 oficinas en todo el país y reduzca drásticamente su personal y recursos. También debilitaría los mecanismos de cumplimiento de la agencia, limitando su capacidad para sancionar a los candidatos por delitos graves.
López Obrador, un populista que es genuinamente popular, afirma que la autoridad electoral es una burocracia inflada y que transferirá los ahorros a los pobres. Pero hay razones personales más profundas detrás de sus acciones. Abriga quejas por su estrecha derrota electoral en 2006, que certificó la autoridad electoral. La constitución mexicana limita a López Obrador a un mandato de seis años, que finaliza en 2024, pero un sistema electoral debilitado podría allanar el camino para el sucesor elegido y permitir que su partido permanezca en el poder.
Ahora que López Obrador promulgó el proyecto de ley, los tribunales son la última oportunidad para detenerlo. Con suerte, reconocerán el daño potencial y lo bloquearán, pero López Obrador no ha tenido reparos en entrometerse en el sistema legal.
Estados Unidos no puede ignorar el debilitamiento de la democracia en México. Los intereses de las dos naciones están estrechamente entrelazados, con enormes flujos fronterizos de bienes y personas. EU también se esfuerza por combatir el flagelo de la fabricación de fentanilo que se ha acelerado en México en los últimos años. Además, la medida de López Obrador marca otro paso atrás para la democracia en todo el mundo. Como bien advirtieron en un comunicado el presidente de Relaciones Exteriores del Senado, Robert Menéndez (Demócrata por New Jersey), y el presidente de Asuntos Exteriores de la Cámara, Michael Mccaul (Republicano por Texas), “Regresar a México a su oscuro pasado de elecciones controladas por el presidente no sólo hace retroceder el reloj en su democracia, sino también las relaciones entre México y Estados Unidos”.