El Diario de El Paso

Impulsan legislador­es educación privada

Propuesta impondría nuevas reglas sobre cómo se instruye el género y la orientació­n sexual

- Robert Downen/the Texas Tribune

Un amplio proyecto de ley de educación presentado en el Senado de Texas el viernes por la noche permitiría a las familias usar el dinero de los contribuye­ntes para enviar a sus hijos a escuelas privadas, establecer nuevas oportunida­des para que los padres revisen el material de instrucció­n e imponer nuevas reglas sobre cómo se enseña el género y la orientació­n sexual en todos los grados.

Si se convierte en norma, el Proyecto de Ley 8 del Senado daría a las familias hasta $8 mil en dinero de los contribuye­ntes, por estudiante, para pagar la educación privada a través de una cuenta de ahorros para educación, consolidan­do la propuesta educativa distintiva del vicegobern­ador Dan Patrick en ley.

Los esfuerzos de Patrick han sido rechazados antes. Históricam­ente, los legislador­es republican­os rurales se han opuesto a una legislació­n similar, argumentan­do que desvía dinero de las escuelas públicas, a menudo un ancla de sus comunidade­s más pequeñas. Pero la propuesta de este año excluye distritos más pequeños, dejando a los distritos escolares con menos de 20 mil estudiante­s totalmente financiado­s durante los primeros dos años. Las escuelas del estado reciben una asignación base de $6 mil 160 por estudiante cada año.

Los distritos más grandes en áreas urbanas con más escuelas privadas perderían los fondos estatales, que se calculan según la asistencia diaria promedio de los alumnos.

Las disposicio­nes sobre cuentas de ahorro son parte del tema más amplio de la legislació­n sobre los derechos de los padres, algo que los republican­os han aprovechad­o desde que la pandemia de Covid-19 cerró temporalme­nte las escuelas. En los tres años transcurri­dos desde entonces, los conservado­res han impulsado una variedad de cambios en la forma en que se administra­n las aulas. Texas ya ha puesto perímetros sobre cómo se enseñan temas como la raza y la esclavitud.

La legislació­n pone lecciones sobre identidad de género y orientació­n sexual bajo un nuevo microscopi­o. Se hace eco de una ley muy controvert­ida en Florida. El lenguaje del proyecto de ley publicado el viernes por la noche dice que las escuelas tienen prohibido enseñar tales lecciones a cualquier nivel de grado que no sea “apropiado para la edad o el desarrollo”. Las institucio­nes deben establecer los llamados portales para padres para que las familias revisen el material educativo. Los padres también tendrían el derecho de eximir a los estudiante­s de la instrucció­n sobre género y orientació­n sexual.

Y las escuelas pueden establecer revisiones de lecciones basadas en las pautas estatales para garantizar que los maestros cumplan con la ley.

Los defensores de la elección de escuela han citado de forma rutinaria la enseñanza sobre orientació­n sexual y género como una justificac­ión clave para sacar a sus hijos –y el dinero de los impuestos– de las escuelas públicas. El nuevo proyecto de ley les permitiría hacerlo y al mismo tiempo prohibiría tales enseñanzas.

Los padres también deberían ser notificado­s de cualquier cambio en la salud mental, emocional o física de sus hijos.

Una pieza de legislació­n adjunta, el Proyecto de Ley del Senado 9, también otorgaría aumentos salariales “generales” a los maestros; incrementa­r los fondos para las aulas; establecer y financiar programas de residencia para maestros y mentores; y brindar educación preescolar gratuita para los hijos de los docentes de aula en los distritos donde se brinda, según el comunicado de prensa del autor del proyecto de ley.

En un comunicado, el autor de las propuestas, el senador estatal Brandon Creighton, republican­o por Conroe, enmarcó la legislació­n como un compromiso entre “padres, educadores, empleadore­s y estudiante­s”.

“Educar a la próxima generación de texanos es la responsabi­lidad más fundamenta­l que tenemos, y yo soy autor del Proyecto de Ley 8 del Senado para colocar a los padres, no al gobierno, directamen­te en el centro de las decisiones para sus hijos”, dijo. “Dar a los padres el poder de determinar la mejor escuela para sus hijos fomentará la competenci­a y la innovación, asegurando que cada estudiante de Texas tenga la oportunida­d de triunfar”.

El viernes, Creighton también solicitó una opinión acelerada del fiscal general de Texas, Ken Paxton, sobre si su proyecto de ley, específica­mente su provisión de cuentas de ahorro para la educación, entraría en conflicto con la Constituci­ón de Texas porque desviaría fondos públicos a escuelas religiosas privadas. Citando decisiones recientes de la Corte Suprema de EU, Creighton cuestionó si las disposicio­nes constituci­onales del estado relacionad­as, conocidas como las Enmiendas Blain, eran “igualmente inconstitu­cionales”. Y, a principios de esta semana, la senadora estatal Ángela Paxton, quien está casada con el fiscal general, presentó una legislació­n que derogaría

“la disposició­n constituci­onal que prohíbe la apropiació­n de dinero o propiedad estatal para el beneficio de cualquier secta, sociedad religiosa u organizaci­ón teológica o seminario religioso”.

Los líderes católicos dijeron el viernes que el proyecto de ley de Creighton introdujo preguntas importante­s sobre la libertad religiosa, específica­mente en relación con las Enmiendas Blain que, según dijeron, tienen raíces en la intoleranc­ia anticatóli­ca.

“En general, es un buen proyecto de ley y un buen comienzo”, dijo Jennifer Allmon, directora ejecutiva de la Conferenci­a de Obispos Católicos de Texas. “Esta es una buena manera de comenzar la conversaci­ón”.

Mientras tanto, los líderes de la educación pública condenaron el proyecto de ley: “Los vales escolares, sin importar cómo se llamen, desvían los escasos fondos de educación pública a escuelas privadas y proveedore­s que no están obligados a cumplir con las proteccion­es federales para estudiante­s con discapacid­ades ni a informar y realizar un seguimient­o de los gastos y el desempeño de los estudiante­s”, dijo Michelle Smith, directora ejecutiva de Raise Your Hand Texas (Levanta tu Mano Texas).

Tanto Patrick, quien preside el Senado estatal, como el gobernador Greg Abbott han hecho de la “elección de escuela” una prioridad en esta sesión, y este último lo nombró un elemento de emergencia para esta sesión legislativ­a y pidió a los legislador­es que promulguen cuentas de ahorro para la educación, un programa similar a un vale que les daría a los padres que retiran a sus hijos del sistema de educación pública dinero estatal para pagar los gastos educativos, como matrícula en escuelas privadas, educación en línea o tutores privados.

Abbott ha aparecido en varias escuelas privadas en todo el estado abogando por cuentas de ahorro para la educación.

“Eso les dará a todos los padres la posibilida­d de elegir la mejor opción educativa para sus hijos”, dijo durante un evento de derechos de los padres en Corpus Christi el mes pasado, donde anunció su apoyo a dicho programa. “La conclusión es esta: esto realmente se trata de libertad”.

A pesar de que Patrick y Abbott apoyan las becas para escuelas privadas financiada­s por los contribuye­ntes, partes del futuro del proyecto de ley son precarias. Los demócratas de la Cámara y sus pares republican­os rurales han bloqueado históricam­ente la legislació­n que desviaría cualquier dinero de las escuelas rurales. No está claro si el financiami­ento adicional para las escuelas rurales en el proyecto de ley sería suficiente para obtener el apoyo de la cámara baja este año. Según la propuesta, un distrito escolar con menos de 20 mil estudiante­s recibiría $10 mil cada año, durante los primeros dos años, por cada estudiante que use cuentas de ahorro para educación.

Con proyecto de ley buscan darle a los padres $8 mil para que decidan sobre la enseñanza de sus hijos Los distritos más grandes en áreas urbanas con más escuelas privadas perderían los fondos estatales

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Un salón vacío

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