¿Podrán las evidencias inculpar por fin a Trump?
Durante las próximas seis semanas, los abogados de Trump aprovecharán tres puntos débiles aparentes: la credibilidad de un testigo clave, la culpabilidad de un presidente y la complejidad legal del caso.
Los fiscales buscarán maniobrar alrededor de esas vulnerabilidades, deslumbrando al jurado con un relato que mezcla política y sexo, mientras enfrentan a un astuto acusado con un historial de décadas de eludir las consecuencias legales. También buscarán reforzar la credibilidad de ese testigo clave, Michael D. Cohen, un ex arreglador de Trump que anteriormente se declaró culpable de delitos federales por pagar a la actriz pornográfica Stormy Daniels.
Daniel J. Horwitz, un abogado defensor veterano que anteriormente trabajó en la oficina del fiscal del distrito de Manhattan en casos de cuello blanco, dijo que se espera que los fiscales corroboren la historia de Cohen siempre que sea posible.
Ambas partes expondrán sus casos en declaraciones de apertura el lunes, ofreciendo interpretaciones enfrentadas de la evidencia unos seis años después de que el pago a Daniels entrara en la conciencia pública y pusiera brevemente en peligro la presidencia de Trump.
Pero al presentar el caso a los jurados potenciales la semana pasada, los fiscales de Manhattan no enfatizaron ni el pago que aseguró el silencio de Daniels ni el escándalo sexual que se enterró en el proceso. Un fiscal, Joshua Steinglass, en cambio destiló las apuestas del juicio a una pregunta fundamental: “Este caso trata sobre el imperio de la ley y si Donald Trump lo quebrantó o no”.
El jefe de Steinglass, Bragg, ha ofrecido una interpretación más elevada, presentando las acciones del ex presidente como interferencia electoral. Aunque los abogados de Trump podrían argumentar que simplemente intentaba ocultar historias embarazosas a su familia, Bragg dice que el magnate orquestó un plan para ocultar escándalos sexuales latentes a los votantes mientras se dirigían a las urnas en 2016. En total, sus aliados hicieron tres acuerdos de silencio, pagando a personas que tenían historias que contar –historias que podrían haber descarrilado la candidatura de Trump.
Los fiscales de Bragg buscarán volver contra Trump esa estrategia de campaña de 2016: Las tácticas que lo ayudaron a ganar serán admitidas como evidencia y reconsideradas mucho más allá del tribunal. Asistentes y amigos que mintieron en nombre de Trump testificarán en su contra.
Incluyen a: David Pecker, el editor de tabloides que compró y enterró historias perjudiciales sobre Trump; Hope Hicks, una portavoz que intentó manipular a los reporteros; y Cohen, el arreglador que pagó a Daniels. Pecker, quien dirigía la compañía que poseía The National Enquirer, está programado para ser el primero en testificar y se espera que cuente al jurado varias conversaciones con el ex mandatario sobre el dinero del silencio, según una persona familiarizada con el plan.
Trump enfrenta 34 cargos graves y hasta cuatro años tras las rejas, pero más que su libertad está en juego. Si es condenado, podría perder el derecho a votar, incluido el de emitir un voto por sí mismo. Si recuperara la Casa Blanca, sería el primer criminal convicto en servir como comandante en jefe. Y la pregunta de cómo podría cumplir una condena de prisión, si es que llega a eso si no recibe libertad condicional, podría sumir al país en la confusión.
Estados Unidos se ha acostumbrado a ver a Trump romper sus costumbres y ahora está presenciando un fenómeno que es el primero en los 248 años de su historia. Los presidentes han sido sometidos a juicio político, expulsados del cargo y rechazados en las urnas. Trump está a punto de ser el primero en tener su destino decidido no sólo por los votantes, sino por 12 ciudadanos en una caja de jurados.
Y todos ellos provienen de Manhattan, el distrito que hizo famoso a Trump y donde ahora es profundamente impopular. Un jurado favorable, dicen los expertos legales, le ha dado a Bragg una ventaja en el juicio.
Sin embargo, el jurado, que se finalizó el viernes e incluye seis suplentes, no es un sello de goma: implica al menos a dos personas que han expresado cierto afecto por el ex presidente, y sólo se necesita un miembro escéptico para forzar un juicio nulo, un resultado que Trump celebraría como una victoria.
Las apuestas también son altas para Bragg. Está apostando su carrera y su legado en un enjuiciamiento que heredó, rechazó y luego transformó.
Cuando asumió el cargo en 2022, rechazó presentar un caso de fraude financiero contra Trump que su predecesor había preparado, lo que provocó un alboroto cuando dos fiscales renunciaron en protesta.
Pero Bragg continuó investigando y pronto revisó el acuerdo de dinero del silencio, un episodio que internamente se había conocido como “el caso zombi”, porque seguía resucitando. Poco más de un año después de asumir el cargo, Bragg acusó al ex presidente.
Tres acusaciones más siguieron en tres ciudades diferentes, pero con esos casos estancados en retrasos, el juicio de Bragg podría ser ahora el único que Trump enfrentará antes del día de las elecciones.
El litigo de Manhattan comprende los tres acuerdos de dinero del silencio: con Daniels, con una ex modelo de Playboy y con un antiguo portero que contó una historia de Trump engendrando un hijo fuera del matrimonio.
Pecker y su tabloide compraron el silencio del portero, cuya historia resultó ser falsa. También compraron los derechos de la historia contada por la modelo, Karen Mcdougal, y luego nunca la escribieron, una práctica conocida como “captura y entierro”.
Luego estaba Daniels, quien estaba interesada en vender su historia de un encuentro sexual con Trump. Pecker trazó una línea allí: su precio era demasiado alto.
En cambio, él y un editor principal alertaron a Cohen, quien pronto pagó a Daniels $130,000 para que no contara su historia sobre un encuentro sexual con Trump una década antes.
Cohen ha dicho que actuó por orden de Trump, pero el ex presidente no está acusado por el pago en sí mismo. En cambio, se le acusa de encubrir la transacción al disfrazar los reembolsos a Cohen.
En los registros internos, la compañía de Trump marcó esos pagos como gastos legales, citando un acuerdo de retención. Sin embargo, según los fiscales, no existían tales gastos y el acuerdo de retención era ficticio.
Se acusa a Trump de haber diseñado –o al menos aprobado– el encubrimiento. Su compañía, argumentan los fiscales, produjo 34 registros falsos que sustentan los cargos en su contra: 11 cheques, 11 facturas mensuales que Cohen presentó y 12 entradas en el libro mayor general para el fideicomiso del ex presidente.
Trump firmó varios de los cheques en la Casa Blanca, como seguramente señalarán los fiscales en el juicio.
Pero vincular directamente a Trump con el plan para falsificar esos registros es otra cuestión completamente diferente.
Es probable que sus abogados argumenten que él era ajeno y que Cohen manejó los detalles. Cohen negoció el plan de reembolso con el director financiero principal de Trump, Allen H. Weisselberg, quien está cumpliendo una condena de cárcel por perjurio y no testificará, muestran los registros.
La falta de un testigo presencial para confirmar la versión de Cohen es una falla potencial en el caso, pero puede que no sea fatal. Los fiscales planean presentar un documento que contiene las notas manuscritas de Weisselberg sobre los reembolsos, una pieza clave de evidencia que demuestra que Cohen no actuó solo.
Y según la ley, los fiscales no necesitan demostrar que Trump personalmente falsificó los registros.