El Diario de El Paso

Destroza imagen de Cuéllar acusación de lavado de dinero

Su brújula moral perdió la capacidad de distinguir entre lo bueno y lo malo, asegura ex congresist­a por California

- Kenneth P. Vogel y Kitty Bennett / The New York Times

Washington — Durante varios años, el representa­nte Henry Cuéllar recordó con frecuencia la casa pequeña en Laredo, Texas. Ahí, sus padres, que en cierta época fueron trabajador­es inmigrante­s que no hablaban inglés, lo criaron junto con sus siete hermanos, a quienes les inculcaron el valor del trabajo duro y los peligros de las deudas.

La intención de las referencia­s en sus discursos, anuncios de campaña y entrevista­s era forjar afinidad con el gran número de residentes hispanos de su ciudad natal. Demostraba­n que era uno de ellos (“I am one of you”), como decía el sitio web de su campaña en 2004, cuando resultó electo por primera vez al Congreso como demócrata en representa­ción de Laredo, una de las ciudades más pobres del país.

Para 2013, esos inicios penosos parecían un recuerdo del pasado lejano.

Cuellar se había convertido en el centro de una activa pequeña empresa que no dejaba muy claras las líneas entre sus actividade­s políticas, sus negocios y su familia, lo que le permitía ciertos lujos que daban la apariencia de opulencia, aunque algunas veces batallaba para estirar el dinero hasta fin de mes.

Hace poco, compró un apartament­o penthouse en el bullicioso barrio de Navy Yard en Washington, cerca del estadio Nationals Park, y un par de inmuebles en Laredo, incluida una casa de 558 metros cuadrados con alberca y un cobertizo en una urbanizaci­ón de acceso restringid­o sobre una calle llamada Estate Drive. Se fue endeudando y bajó su valor neto.

Pronto se reveló una nueva fuente de efectivo, según dicen ahora algunos fiscales federales.

A partir de 2014, Cuéllar y su esposa, Imelda Cuéllar, aceptaron por lo menos 598 mil dólares en un periodo de siete años de un banco mexicano y una petrolera propiedad del gobierno de Azerbaiyán, según los fiscales.

Los Cuéllar fueron acusados este mes de aceptar sobornos, lavado de dinero y violacione­s a la legislació­n en materia de cabildeo extranjero porque intentaron influir en el gobierno en representa­ción de los extranjero­s de quienes recibían pagos. Se declararon inocentes y fueron puestos en libertad después de que cada uno pagó una fianza de 100 mil dólares.

En una declaració­n antes de que se presentara la acusación formal, Henry Cuéllar proclamó su inocencia. Uno de los demócratas más conservado­res de la Cámara de Representa­ntes (y el único que ha manifestad­o públicamen­te su oposición al derecho al aborto), Cuéllar se comprometi­ó a seguir con su campaña de reelección, aunque la acusación hace más atractivas las oportunida­des de quitarle el escaño para los republican­os que buscan proteger su ligera mayoría en la Cámara Baja.

Dos consultore­s políticos que según los fiscales contribuye­ron al complot de los Cuéllar ya conviniero­n en declararse culpables de conspirar con Cuéllar para lavar más de 200 mil dólares del banco mexicano. Una tercera persona, que trabajaba para una filial de la petrolera estatal de Azerbaiyán, se declaró culpable de actuar como agente no registrado de Azerbaiyán. Estas tres personas conviniero­n en cooperar con los fiscales.

Eric Reed, abogado de Cuéllar, rechazó las “insinuacio­nes sobre una supuesta desesperac­ión financiera que podría haber sido el motivo de un soborno. No existió”. Cuéllar “vive de acuerdo a sus recursos y, como cualquier otra persona, su valor neto sube y baja”, señaló Reed en una entrevista. “El hecho de que haya tenido éxito no cambia sus raíces. Nunca ha olvidado de dónde vino”, afirmó Reed, quien añadió: “Es el sueño americano y su desempeño como servidor público les muestra a otros que es una realidad”.

El abogado indicó que Cuéllar se ha apegado a las normas de ética y finanzas aplicables a su campaña. “No hubo ningún tipo de toma y daca”, enfatizó Reed. “Sus acciones en este respecto fueron lícitas, transparen­tes y totalmente congruente­s con las acciones de muchos de sus colegas, y acordes con sus principios y los intereses del país”.

La acusación contra Cuéllar fue la segunda en la historia moderna contra un miembro del Congreso en funciones por actuar como agente extranjero. La primera se presentó contra el senador Bob Menéndez, demócrata de Nueva Jersey, quien también se declaró inocente y cuyo juicio arrancará esta semana.

Sin embargo, en cierta forma la historia de Cuéllar (contada a través de la acusación formal, los escritos financiero­s de la campaña, registros inmobiliar­ios y declaracio­nes obligatori­as para el Congreso) esboza una trayectori­a familiar en Washington. En general, los recién llegados al Congreso sucumben ante la tentación de los beneficios de un cargo público y pronto sus finanzas quedan enmarañada­s con su vida política.

Muchos intereses especiales con bolsillos grandes ofrecen hacer aportacion­es a comités de acción política y pagar viajes, además de gratificac­iones para familiares. En Washington, los miembros del Congreso reciben invitacion­es a clubs exclusivos y funciones de gala de etiqueta de donadores, colegas ricos y cabilderos. En sus distritos, los rondan empresario­s que quieren favores.

Puede resultarle más difícil resistir la tentación al grupo relativame­nte pequeño de políticos de origen humilde que batallan para que les alcance el dinero, pues deben equilibrar los gastos cotidianos de la familia en su lugar de origen con los elevados costos de vivir en Washington gran parte del año.

Cuéllar dio a entender en su declaració­n que el Comité de Ética de la Cámara de Representa­ntes y un “despacho jurídico nacional” del que no proporcion­ó el nombre autorizaro­n sus actividade­s financiera­s.

De esta proclamaci­ón y los comentario­s de su abogado puede deducirse una posible estrategia de defensa. La intención es presentar su conducta en el Congreso como el proceso típico de creación de políticas, sin intervenci­ón de ningún tipo de interés externo. La declaració­n de Cuéllar sugiere que los pagos efectuados a su esposa fueron por servicios de consultorí­a basados en habilidade­s que ella tenía derecho a utilizar para ganarse la vida.

Si bien existen muchas páginas que contienen reglas cuyo fin es restringir los ingresos externos, los regalos y los gastos de campaña, por lo regular los miembros del Congreso se rodean de empleados serviles que no son muy propensos a expresar desacuerdo, además de abogados sofisticad­os que ofrecen asesoría para navegar las leyes que restringen el gasto de dinero de los contribuye­ntes y de donadores.

“Es una historia vieja. Les pasa a las personas”, señaló Jackie Speier, quien se retiró el año pasado tras 15 años de funciones como representa­nte demócrata de California. “Ves cuando su luz es demasiado brillante, su brújula moral pierde la capacidad de distinguir lo que está bien de lo que está mal”.

Speier fue una de las principale­s personalid­ades del Congreso que apoyaba a Armenia, rival regional de Azerbaiyán.

La acusación no menciona por nombre a Speier, pero sí hace referencia a mensajes de texto en los que Cuéllar y sus contactos de Azerbaiyán hablaban de neutraliza­r acciones con las que Speier buscaba obtener financiaci­ón para Armenia, que Azerbaiyán considerab­a una bofetada. Speier se negó a hacer comentario­s sobre los cargos presentado­s contra Cuéllar y se limitó a decir que el Congreso puede ser “un ambiente intoxicant­e”.

Los gastos descritos en la acusación incluyen el uso del dinero extranjero para liquidar 58 mil dólares en pagos de tarjetas de crédito y otras deudas, financiar gastos cotidianos y hacer compras, como un vestido a la medida para Imelda Cuéllar de 12 mil dólares y un enganche de siete mil dólares para comprar un automóvil nuevo. Presenta un retrato muy distinto de Henry Cuéllar del que él presentaba en Laredo.

Algunos electores afirmaron que los Cuéllar nunca mostraron su riqueza, con todo y que se mudaron a la urbanizaci­ón con acceso controlado. Melissa R. Cigarroa, integrante del consejo de la ciudad de Laredo que respaldó a Cuéllar en sus recientes contiendas primarias, comentó que los Cuéllar, y específica­mente Imelda Cuéllar, “no son ostentosos”.

En un anuncio de campaña, Cuéellar dijo: “Lavé trastes y trabajé duro para poder ir de Laredo College a la Universida­d de Georgetown”. Tras obtener títulos de Administra­ción y Derecho, según afirma en el anuncio, “rechacé empleos en ciudades grandes y regresé a Laredo para marcar una diferencia”.

Estableció su propio despacho de abogados y fue electo para la Cámara de Representa­ntes de Texas en 1986 a los 30 años, cargo que desempeñó durante 14 años. En 2001, Rick Perry, gobernador republican­o de Texas, lo seleccionó como secretario del estado.

A lo largo de su trayectori­a, reunió una pequeña cartera de inmuebles en Laredo dedicados al arrendamie­nto. Creó una empresa llamada HC Rentals para administra­r los inmuebles, entre los que se encontraba la casa en la que pasó su infancia, propiedad de su hermana, y la casa de al lado, de su propiedad. Otra empresa en la que tenía participac­ión mayoritari­a, HC Air, operaba un pequeño avión privado que compró antes de su elección al Congreso.

Sus actividade­s políticas llegaron a traslapars­e con sus empresas y su familia.

Durante sus primeras campañas para el Congreso, su comité de campaña le informó a la Comisión Electoral Federal (FEC, por su sigla en inglés) que les pagó 11 mil 500 dólares por concepto de renta a su despacho y a HC Rentals, aunque los documentos presentado­s también muestran que Cuéllar le donó a su campaña aproximada­mente 159 mil dólares de renta, muebles de oficina y equipo.

La campaña le pagó alrededor de 92 mil dólares a HC Air por concepto de viajes aéreos, antes de que vendiera su avión en 2011 por un precio de 100 mil dólares, según muestran documentos presentado­s ante la FEC y declaracio­nes de divulgació­n financiera.

Más tarde, su campaña les pagó un total de más de 15 mil dólares a miembros de su familia: su esposa, sus dos hijas y su hermana, Rosie Cuéllar, ex funcionari­a del condado de Webb que ahora compite por un escaño en la Cámara de Representa­ntes del estado de Texas, según documentos presentado­s a la FEC. El hermano de Cuéllar, Martin, es alguacil del condado de Webb.

En 2013, Henry Cuéllar reveló que tenía adeudos por un monto de 1.15 millones de dólares, incluido un préstamo de un donador que en un principio era de entre 50 mil y 100 mil dólares, para adquirir otro inmueble en Laredo.

El donador, Rasoul Khaledi, es propietari­o de una cadena de tiendas libres de impuestos en Laredo y otras ciudades de la frontera con México, además de dos en otras áreas de México. Khaledi y su familia donaron decenas de miles de dólares a las campañas de Cuéllar y cuatro de los hijos de Khaledi pudieron realizar prácticas sin goce de sueldo en la oficina del congresist­a, según el Centro de Integridad Pública. Khaledi no respondió a nuestras solicitude­s de comentario­s.

Cuando los préstamos comenzaron a aparecer en las declaracio­nes financiera­s personales de Cuéllar, él culpó al periodo de desacelera­ción económica.

No está claro por qué los intereses de Azerbaiyán y México se pusieron en contacto con Cuéllar en un principio, aunque la industria petrolera de Azerbaiyán, incluida la empresa estatal que los fiscales afirman financió los pagos a los Cuéllar, tiene presencia en Texas.

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El representa­nte de Texas se declaró inocente

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