Una condena injusta le da giro a contienda de fiscal de Distrito
Esto a pesar de que un juez determinó que la confesión que Villegas firmó cuando tenía 16 años fue coaccionada e inadmisible.
Uno de los fiscales del caso de 2018 fue James Montoya, quien mantiene que, a pesar de la absolución en octubre, la Fiscalía tenía al culpable.
“Hubo múltiples fiscales que trabajaron en ese caso... nuestra motivación durante todo el proceso fue averiguar quién asesinó [a las víctimas]”, dijo Montoya al Texas Observer este mes. “Nuestra revisión colectiva del caso... [apoya] que el señor Villegas es quien los mató”.
Ahora Montoya, un demócrata, se postula para fiscal de Distrito en El Paso, un puesto que supervisa las acusaciones criminales en el Condado de El Paso y dos condados adyacentes. Se enfrenta a otra demócrata, Alma Trejo, en una segunda vuelta electoral el 28 de mayo para determinar quién se enfrentará en noviembre al titular republicano Bill Hicks, nombrado por el gobernador Greg Abbott.
La postura de Montoya respecto al juicio de Villegas ha levantado alarmas entre algunos destacados habitantes de El Paso. El representante estatal demócrata Joe Moody, quien apoya a Trejo, dijo al Observer que está muy involucrado en quién ocupa el puesto de fiscal, dado el poder discrecional y la capacidad de formular políticas de la oficina.
Dijo que la oficina ha sido “diezmada” en los últimos años por la rotación de personal y los cambios de liderazgo. Aunque apoyó la candidatura fallida de Montoya en las primarias de 2020 para el mismo puesto, Moody tiene reservas sobre el criterio de Montoya, en gran parte debido a su postura sobre el caso de Villegas.
El abogado defensor de Villegas en el juicio de 2018, Joe Spencer, dijo al Observer que estaba “decepcionado de que [Montoya] no viera lo que todos los demás vieron... cuestiono su juicio por eso”, dijo. “Esta evidencia era tan abrumadora”.
Villegas, una de las ocho personas exoneradas después de ser condenadas por delitos graves en el Condado de El Paso desde 1990, también está hablando en contra de la candidatura de Montoya este año y destacando la necesidad de un ojo crítico sobre los casos pasados.
El 10 de abril de 1993, Armando Lazo, de 17 años, y Bobby England, de 18, fueron asesinados a tiros mientras caminaban a casa desde una fiesta en el Noreste de El Paso. Los asesinatos indignaron a la comunidad y la Policía estaba ansiosa por arrestar a alguien. Basándose en una pista del primo de Daniel Villegas, quien luego dijo que la Policía lo amenazó con acusarlo del crimen, Villegas fue arrestado 11 días después de los asesinatos. Esa misma noche, el detective Alfonso Márquez lo hizo confesar.
Posteriormente, Villegas testificó que el detective Márquez lo había amenazado para que confesara, supuestamente diciéndole que si no lo hacía, lo enviarían a la Cárcel del Condado para ser agredido sexualmente. El mismo detective también supuestamente amenazó con “llevarlo al desierto y golpearlo si no admitía el tiroteo”, según el testimonio de Villegas.
Poco después de firmar su confesión en abril de 1993, Villegas le dijo a un trabajador social que no era cierta. Pero el Estado se basó en gran medida en ella durante su primer y segundo juicio. Jaime Esparza, recientemente elegido, quien ocupó el cargo de fiscal de Distrito desde 1993 hasta 2020, convirtió el caso en una valiosa pieza de teatro político.
Después de ser condenado en 1995, la apelación de Villegas fue denegada. Permaneció en prisión, sin esperanza hasta que el empresario local de El Paso, John Mimbela, quien se casó con la madre de las sobrinas de Villegas en 2005, se involucró en el caso.
Entre 2007 y 2018, Mimbela dijo al Observer que gastó “más de $500,000” en abogados, investigadores, testigos expertos, documentos judiciales y materiales y eventos promocionales, todo en un intento de sacar a Villegas de prisión.
“No debería costar esta cantidad de dinero obtener justicia”, dijo Mimbela. “Nunca debería, si [los fiscales] no hubieran luchado tan duro con el dinero de los contribuyentes para mantener a una persona inocente tras las rejas”.
En 2007, Villegas presentó un recurso de habeas corpus, solicitando un nuevo juicio. El juez del Distrito de El Paso, Sam Medrano Jr., asumió el caso y celebró una audiencia en 2011. Al año siguiente, Medrano recomendó que Villegas obtuviera un nuevo juicio, diciendo que sus abogados originales cometieron errores al no intentar que la confesión coaccionada fuera descartada.
El conservador Tribunal de Apelaciones Criminales de Texas respaldó la decisión de Medrano después de que el Estado apelara, otorgando que la defensa de Villegas había sido ineficaz. Villegas fue liberado de prisión en 2014 y él y su equipo legal esperaron para ver si Esparza lo llevaría a juicio por tercera vez.
Mientras tanto, Medrano dictaminó que la confesión sería inválida para cualquier juicio futuro.
En 2018, antes del tan esperado tercer juicio, la Oficina del Fiscal ofreció a Villegas una “Alford Plea”, que le habría garantizado que no recibiría más tiempo en prisión, pero no le habría permitido limpiar su nombre. Villegas rechazó la oferta.
En el tercer juicio, los fiscales no pudieron mencionar la confesión coaccionada de Villegas. Spencer, el abogado defensor de Villegas, dijo que sin ella, el Estado no tenía nada con qué incriminar a Villegas: no había evidencia física. Spencer dijo que cuando el Estado descansó su caso, miró a los miembros del jurado. “Cada uno de esos jurados los miró con incredulidad y asombro”.
Desde su absolución en 2018, Villegas ha estado atento al sistema judicial local. Villegas no ha respaldado a un candidato a fiscal aún, pero insta a los residentes de El Paso a emitir su voto y tener voz en quién ocupa el poderoso cargo en el próximo período. “Una vez que votes a esta persona, estaremos atrapados con ella durante cuatro años”, dijo Villegas al Observer. “Y puede que seas tú quien obtenga una condena injusta la próxima vez”.
Ideológicamente, los dos candidatos demócratas en la boleta de este mes tienen muchas opiniones coincidentes: ambos quieren centrar los recursos en delitos violentos, reforzar el personal en la debilitada Oficina del Fiscal y desviar los delitos relacionados con la salud mental del sistema judicial. Pero las diferencias entre sus plataformas se muestran en el tema de las condenas pasadas.
Ambos candidatos trabajaron en algún momento bajo el ex fiscal Esparza, y ambos destacan en sus campañas su experiencia en las Cortes. Trejo pasó tiempo como fiscal antes de convertirse en juez, y dice que juzgó alrededor de 80 delitos graves en su carrera.
Montoya, quien ha trabajado como fiscal y como abogado defensor en sus diez años como abogado, destaca algunos de sus casos pasados por nombre en su sitio web de campaña. El caso de Villegas no está listado.
Montoya dijo al Observer que está a favor de las Unidades de Integridad de Condenas, pero que las condenas injustas o erróneas no son un gran problema en El Paso. Dijo que el Condado no tiene el historial de mala conducta procesal que tienen otros condados grandes. Dijo que no cree que haya muchos residentes de El Paso en prisión en Texas por condenas injustas.
Cuando se le preguntó sobre el caso de Villegas, Montoya enfatizó que antes de 2014 varios tribunales de apelación no invalidaron la confesión adolescente de Villegas. También señaló que nunca ha habido hallazgos de mala conducta procesal en el caso.
Trejo dijo al Observer que el caso de Villegas, en el que nunca estuvo involucrada, demuestra la necesidad de una “fuerte” Unidad de Integridad de Condenas en El Paso. Dijo que daría la bienvenida a la revisión de casos pasados que ella ha juzgado, especialmente dado los grandes avances en tecnología forense en las últimas décadas.
“Lo alentaría porque, al final del día, es nuestro deber asegurarnos de que se haga justicia”, dijo Trejo. “¿Y sabes qué? El público no se beneficia teniendo a la persona equivocada en custodia, porque todo lo que significa es que la persona que cometió el delito está caminando por la calle. No beneficia a nadie”.
Villegas demandó a varios funcionarios de El Paso en 2015, buscando daños por su condena injusta, pero el proceso ha sido lento. El juicio civil debía tener lugar el pasado octubre, pero se pospuso hasta el 28 de mayo, el día de la segunda vuelta en la elección del fiscal. Desde entonces se ha pospuesto a una fecha indeterminada.