La CIDH aplaude la anulación de la Ley de Amnistía de 1993
El fallo despeja el camino de la justicia, dice la organización
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) aplaudió ayer la anulación de la Ley de Amnistía de El Salvador, que despeja la búsqueda de justicia para miles de víctimas de graves violaciones de derechos humanos y sus familiares.
La CIDH, un órgano autónomo de la Organización de los Estados Americanos (OEA), aseguró en un comunicado que, con la declaración de inconstitucionalidad de la ley de amnistía, el país centroamericano “cumple decisiones adoptadas por el sistema interamericano de derechos humanos de la década de los noventa”.
La Sala de lo Constitucional del Supremo de El Salvador declaró el 13 de julio “inconstitucional” la ley de amnistía vigente desde 1993, por considerarla “contraria al derecho de acceso a la justicia, a la tutela judicial o protección de los derechos fundamentales, y al derecho a la reparación integral de las víctimas de los crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra”.
La CIDH consideró que la llamada Ley de Amnistía General para la Consolidación de la Paz, adoptada tras la firma de los acuerdos que - vil que vivió El Salvador entre 1980 y 1992, constituyó desde su adopción, el 20 de marzo de 1993, un obstáculo insuperable en la búsqueda de justicia.
El organismo apuntó que, desde los años noventa, determinó que la ley de amnistía de El Salvador era “incompatible con las obligaciones internacionales del Estado”, pidió al entonces presidente salvadoreño, Alfredo Cristiani que la vetara.
La Comisión recordó que, en diciembre de 1999, en el caso por el asesinato de Ignacio Ellacuría y otros jesuitas, la CIDH determinó que la ley de amnistía, al consagrar la impunidad en casos de graves violaciones de los derechos humanos, eliminaba legalmente el derecho a la justicia establecido por la Convención Americana sobre Derechos Humanos.
La Comisión se pronunció de manera similar respecto al asesinato de monseñor Oscar Arnulfo Romero.