México desalienta otorgar asilo a los centroamericanos
Gardenia Mendoza
gardeniamendozaaguilar@gmail.com La política migratoria mexicana hace todo para desalentar el asilo que en este momento tiene su rostro más dramático en los indocumentados centroamericanos ante el acoso de pandillas en sus respectivos países de los que huyen para evitar asesinatos, reclutamiento, extorsiones y secuestros.
“México no puede criticar las políticas migratorias de otros países porque a nivel interno aplica una política similar”, dijo Jan Jarab, representante en México de la oficina del Alto Comisionado de la Organización de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos al presentar un duro informe sobre el trato que da este país a los migrantes detenidos.
Entre otras cosas, el documento titulado “Personas en Detención Migratoria en México” que monitoreó 17 estaciones del Instituto Nacional de Migración, revela a través de testimonios, las estrategias de los agentes para evitar que quienes no tienen papeles soliciten asilo o refugio.
“Hay veces que voy a ingerir mis alimentos y el guardia me dice que no puedo pasar al área del comedor”, afirmó un indocumentado que estuvo detenido en la estación de Iztapalapa, en la Ciudad de México. “Hoy no comes”, advirtió el guardia.
La negativa –según el muchacho- fue en venganza porque no quiso firmar su deportación voluntaria como sí lo hacen algunos otros cuando se les dice que, si quieren quedarse, pasarán mucho tiempo encerrados porque el proceso dura tres meses o seis y a veces más. “Mejor regrésate”, les dicen.
“Son actit udes sistemáticas”, advirtió Jarab preocupado.
La investigación logró entrevistar también a testigos de agresiones físicas y verbales que llegan a las amenazas de muerte para que acepten la repatriación una vez que se encuentran en los Centros de Detención Migratoria.
En el caso del centro de Tapachula, frontera con Guatemala, el informe detectó particularmente el uso de celdas de castigo que los inmigrantes llaman “El Pozo” o “El Calabozo” a donde van a dar los insurrectos que pelean o dicen algo desagradable o simplemente por defenderse de los abusos de los guardias.
El uso de celdas de castigo fueron documentadas desde 2013 por asociaciones defensoras de los derechos humanos como Sin Fronteras IAP y el Centro de Derechos Humanos Fray Matías de Córdova por lo que sorprendió al representante de la ONU que tras las denuncias aún haya indicios de que continúan operando.
El Consejo Ciudadano que participó en la investigación detectó que, previo a llegar a los centros, las detenciones se realizan en operativos sin sustento jurídico. “Hay lagunas legales que permiten que los procedimientos de detención se justifiquen en la Ley de Migración sin dar más detalles”.
Este diario solicitó la versión del Instituto Nacional de Migración pero hasta el momento no ha tenido respuesta de la oficina de comunicación social. Tampoco existe un comunicado oficial que responda al informe del Consejo Ciudadano en participación con la ONU.