El Diario

El 96% de las denuncias contra la Patrulla Fronteriza caen en saco roto

Las cifras provienen del gobierno de Obama, pero activistas ya ven señales de preocupaci­ón sobre un empeoramie­nto bajo el gobierno de Donald Trump

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Pilar Marrero

pilar.marrero@impremedia.com

El 96% de las quejas formales presentada­s contra la Patrulla Fronteriza por presunto maltrato contra migrantes, no resultaron en acción alguna por parte de los líderes de la agencia, de acuerdo a las cifras más recientes obtenidas por organizaci­ones v igilantes de los derechos civiles.

Un nuevo reporte de American Immigratio­n Council, con cifras actualizad­as hasta 2015, halló que durante el período revisado, hasta 2015 y bajo el gobierno de Obama “hubo pocas reformas”, pero los activistas ya ven señales de que la cosa tiende a empeorar bajo el gobierno de Donald J. Trump.

“Solo basta ver el v ideo recienteme­nte publicado en el que se ve a un joven en el aeropuerto tomando de una botella, ante la mirada de dos agentes de CBP”, dijo Royce Murray, directora de políticas del AIC. “En el video parece que lo alientan o al menos aceptan que tome de la botella, por lo que luego murió”

La activ ista dijo que ese incidente, dado a conocer la pasada semana “que recuerda el daño que causa CBP sin toma alguna de responsabi­lidad”.

Entre las quejas analizadas por el reporte que no tuvieron resolución están el caso de un migrante que acusó a un agente de pasarle con una camioneta por encima, otro que asegura le pusieron una “Taser” o macana eléctrica en la boca, y una mujer em # patearon, la tiraron al piso y le pusieron una rodilla en la espalda.

Los datos analizados pertenecen a un período de tiempo en el que CBP aún estaba bajo el gobierno de Barack Obama (hasta 2015). No obstante, los activistas indicaron que ya están recibiendo quejas de abuso por parte de deportados por el gobierno de Trump, y que “las cosas amenazan con empeorar”.

Cultura específica

“Sabemos que en la agencia tienen patrones de compor- tamiento que son independie­ntes del liderazgo político”, dijo Guillermo Candor, del American Immigratio­n Council. “Hay cosas que no cambian con el gobierno de turno”.

Dijo sin embargo que ya hay repor tes “en la c a l le” desde México, de personas que han sido deportadas o repatriada­s, “que los agentes de CBP ahora además están diciéndole a la gente que no tienen derecho a quejas cuando se sienten víctimas de abuso”.

“Anecdótica­mente sabemos que se han puesto más agresivos, que están envalenton­ados. No tenemos datos todavía, ya se sabe que ponen muchos obstáculos a entregar las cifras, pero seguiremos presionand­o”, dijo Cantor.

AIC f ue la organizaci­ón que presentó demanda al gobierno para obtener datos sobre el proceso interno de quejas por mala conducta de los agentes.

Este proceso, denuncian expertos monitores del gobierno, es notoriamen­te poco transparen­te. Los problemas de falta de transparen­cia so- bre los datos internos de quejas y disciplina -que tuvieron que demandar para obtenery la falta de respuesta a las personas que presentan denuncias, son estructura­les y no es algo nuevo bajo la actual administra­ción.

Guillermo Cantor, del AIC, dijo que al demandar al gobierno recibieron datos sobre 28,000 quejas recibidas por CBP entre 2012 y 2015. De estos, solo analizaron los 1000 más graves y los que se relacionan a incidentes donde hay una a acusación clara de abuso.

“Lo que encontramo­s fue muy preocupant­e, ya que en 96% de los casos, el resultado fue “no acción”, es decir, no hubo ningún tipo de disciplina impuesta al agente o a sus supervisor­es”, dijo Cantor.

Joanna Williams, directora de educación de Kino Border Initiative, un grupo que opera en Nogales a ambos lados de la frontera y trabaja con migrantes, dijo que los reportes de abusos son muy extensos.

“De las personas que recibimos en Nogales, Sonora, deportados o repatriado­s, uno de cada tres repor tan algún tipo de abuso”.

Indicó que su organizaci­ón decidió darle seguimient­o presentand­o quejas formales en 49 de estos casos. El resultado comprobó que el seguimient­o de los casos dentro de la agencia es, cuando menos, desigual.

“En 2015 comenzamos a presentar las denuncias y en un año y medio teníamos 49. Hasta hoy en día, no tenemos estatus alguno de 36 de ellas y no sabemos si se hizo una investigac­ión o qué pasó “, dijo Williams.

Chris Rickerd, de la Unión de Libertades Civiles Americanas (ACLU) dijo que ante reportes anterioes, la administra­ción Obama prometió reformas, pero no se avanzó mucho.

Algo positivo es que se añadió la capacidad de presentar denuncias en español, que antes no existía.

“Pero el resto de las recomendac­iones no se han seguido, incluyendo facilitar al público la informació­n sobre cómo presentar quejas, o darles informació­n sobre el seguimient­o”, dijo Rickerd.

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