LA DECISIÓN CONTRA LA LEY SB4 DE TEXAS L
a Constitución es la ganadora en la decisión del juez federal Orlando García que eliminó los aspectos más controversiales de la ley SB4 de Texas que castiga a las llamadas ciudades santuarios.
El fallo del magistrado no es novedoso.
A lo largo de la nación varios tribunales determinaron que la detención de una persona por la autoridades, más de lo necesario y sin orden de un juez, es una violación a la Cuarta Enmienda de la Constitución. Más claro, echarle agua. Sin embargo, no lo es para los políticos que utilizan a los inmigrantes a indocumentados como chivo expiatorio. En este caso, acusándolos de ser una amenaza a la seguridad pública. Culpando a una gran mayoría por la mala conducta de unos pocos.
La legislatura y el gobernador republicano, Greg Abbott, promulgaron hace unos meses la ley que autoriza a las autoridades policiales a pedir documentos y detener a quienes no los tengan. También castiga a los jefes de los departamentos de gobiernos locales y funcionarios electos información a ICE y nada más.
Es lógico que tampoco se pueda castigar a los funcionarios locales que desobedecen una orden ilegal.
El debate sobre inmigración está políticamente distorsionado.
Los legisladores que proponen medidas como la de Texas están dispuestos a enfrentarse a los departamentos policiales locales para decirles cómo hacer su labor de seguridad pública.
Los republicanos usualmente respaldan las decisiones locales y a los depart a mentos de p ol ic í a . L o s escuchan y siguen sus consejos en todo, menos en inmigración.
Estos políticos hacen oídos sordos cuando los jefes de policía dicen necesitar de la co : ; comunidad inmigrante para hacer su trabajo. Miran para otro lado, cuando se les explica que convertirlos en agentes de inmigración pone en peligro la seguridad pública.
El fervor anti inmigrante parece nublar hasta las propias convicciones. Por suerte, tal como ocurrió en Texas, los tribunales son los que llaman a la realidad.