La tarjeta verde
La mayoría de los republicanos y grupos que exigen una reducción incluso en la inmigración legal llevan años argumentando que los extranjeros son una “carga pública”, pero un informe divulgado ayer desvirtuó ese mito al demostrar que los inmigrantes usan menos beneficios públicos que los estadounidenses.
El análisis del Instituto Cato, un centro de estudios de corte “libertario”,reafirmó con las cifras oficiales más actualizadas hasta la fecha lo que durante décadas han demostrado sobre el terreno la mayoría de los inmigrantes: contribuyen a la economía más de lo que obtienen en beneficios públicos.
“En general, los inmigrantes tienen menos probabilidades de usar beneficios públicos y, si lo hacen, generalmente consumen un valor inferior de beneficios que los estadounidenses”, además de que incurren un menor gasto per cápita en esos beneficios, indicó el informe.
Excluyendo controles como la edad o la tasa de pobreza, los inmigrantes, a nivel individual, consumen un 39% menos en beneficios públicos que las personas nacidas en EEUU, indicó.
Los inmigrantes consumen un 27% menos que los “nativos” con similares edades y niveles de salario, según el estudio.
Pese a que el documento no tomó en cuenta algunos programas anti-pobreza de menor escala, los autores indicaron que eso no alteraría sustancialmente los resultados.
El estudio fue divulgado en unos momentos en que, en el marco de la agenda de “poner a EEUU de primero” (“America First”), la Oficina de Gestión y Presupuesto (OMB) de la Casa Blanca alista cambios en las normas sobre “carga pública” respecto a la aplicación de las leyes migratorias, que permitirán negar visas a ciertos extranjeros.
Entre 2014 y 2016, alrededor de tres millones de extranjeros recibieron la “tarjeta verde” y el cambio que sopesa la Administración Trump, de producirse, afectaría no sólo a los que solicitan visa o un ajuste migratorio sino también a ciudadanos con familiares inmigrantes.
Activistas de grupos cívicos y la comunidad inmigrante, entre éstos el Centro para el Progreso Estadounidense (CAP) y el Centro Nacional para Leyes de Inmigración (NILC) han advertido de que aún antes del inminente cambio, muchos residentes legales están evadiendo las clínicas o servicios médicos -a los que tienen derecho- por temor a perjudicar sus trámites migratorios.l