Jueza falla a favor de prohibir los envases de espuma plástica
El alcalde Bill de Blasio quiere implementar la medida de inmediato
La jueza Margaret Chan falló a favor de la ciudad de Nueva York en su batalla con la industria de restaurantes para eliminar los recientes de espuma plástica (anime), allanando el camino para la prohibición de los envases de poliestireno.
En su fallo del viernes en el tribunal estatal de Manhattan, el tribunal dijo que los contenedores de alimentos de un sólo uso no pueden reciclarse de una manera “ambientalmente efectiva [o] económicamente factible”.
La jueza Chan negó una apelación de un grupo de cabilderos de restaurantes y fabricantes, que argumentaron que era factible reciclar los recipientes.
El alcalde Bill de Blasio dijo que la ciudad trabajará para implementar la prohibición de inmediato, buscando proteger el medio ambiente de la urbe y su programa de reciclaje.
La ciudad de Nueva York ha estado tratando de prohibir los contenedores de espuma plástica desde 2013, bajo el ex alcalde Michael Bloomberg.
Los sorbetes en la mira
El mes pasado el concejal Rafael Espinal junto a defensores ambientales locales, nacionales e internacionales, presentaron la campaña GIVE A SIP, que busca prohibir entre los consumidores neoyorquinos, el uso de sorbetes desechables de plástico en los restaurantes y establecimiento de bebidas, al menos que éstos sean de material biodegradable.
La iniciativa de Espinal se complementa con un proyecto de ley que establece que, ningún establecimiento de servicio de alimentos o de bebidas en la ciudad ofrecerá a los consumidores cualquier agitador de bebidas o sorbetes desechables de plástico o cualquier material no biodegradable.
Según el proyecto de ley, la Ciudad no emitirá sanciones durante los primeros dos años posteriores a la promulgación de la legislación, solo advertencias y materiales informativos. La legislación establece excepciones para una persona que requiere un sorbete plástico debido a una discapacidad o condición médica y conlleva una multa de $ 100 por la primera infracción después que se ponga en vigencia la ley.