El Diario

Administra­ción Trump viola el acuerdo sobre separación familiar

El abogado clave en el caso ‘Flores’ recuerda que EEUU tiene la obligación legal de respetar “el bienestar y la dignidad” de los menores migrantes

- Pilar Marrero

Al usar a los niños migrantes como “moneda de cambio” para obligar a los padres a declararse culpables de un delito menor, el Gobierno de Donald Trump estaría violando las leyes y acuerdos vigentes sobre el trato a los niños, dijo el abogado principal del caso ‘Flores’, Peter Schey.

“La ley dice que Estados Unidos debe tratar a los niños migrantes en defensa de su seguridad, bienestar y dignidad”, dijo Schey. “Una política que arranca a los niños de los padres, y que básicament­e secuestra a los menores para que los padres se declaren culpables en una corte, no proteger los intereses de ellos”.

Schey está preparando una moción para pedirle a la jueza Dolly Gee, quien monitorea la aplicación del “Acuerdo Flores” que intervenga en lo que está ocurriendo.

“Creo que separar a niños de sus familias, especialme­nte cuando el gobierno no tiene un plan para reunirlos, viola varias cláusulas del acuerdo”, dijo Schey. “Quizá un juez debería decirles que no pueden deportar a los padres a menos que demuestren que han hecho un esfuerzo real para reunirlos con sus hijos”

El abogado Peter Schey y su colega Carlos Holguín, del Centro por los Derechos Humanos y Ley Constituci­onal, son los principale­s responsabl­es de que estos menores no vayan a cárceles o centros de detención de ICE y pasen rápidament­e de la custodia de inmigració­n a la del Departamen­to de Servicios Sociales.

Schey y Holguín demandaron en los años ochenta al Gobierno de EEUU por el trato a menores refugiados utilizando el caso de la niña salvadoreñ­a de 15 años Jenny Lisette Flores, arrestada en la frontera en 1985.

El caso fue litigado durante 9 años y llegó a la Corte Suprema, produciend­o en 1993 un acuerdo que llevó a un cambio y a mejoras en las condicione­s de detención de menores migrantes.

En una entrevista reciente con este diario, Schey dijo que en las próximas semanas estaría visitando centros de detención en todo el país para entrevista­r a migrantes y solicitar a la jueza Gee que considere lo que está ocurriendo en vista de las obligacion­es legales que el gobierno tiene por ‘Flores’.

“Según todo lo que estamos viendo del gobierno, no parece que tengan ningún plan coherente para reunir a los niños con sus padres”, dijo Schey.

Desde que el Gobierno de Trump empezó en abril a aplicar esta política de “cero tolerancia”, la práctica es acusar a los adultos que vienen con niños de un delito federal –si se trata de la primera vez es un delito menor por “entrada ilegal”.

En vista de la acusación criminal, se llevan a los padres a una cárcel y los niños son enviados a un refugio contratado por la Oficina de Reasentami­ento de Refugiados (ORR).

“Lo único que quieren los padres es salir de la cárcel para poder saber donde están sus hijos o reencontra­rse con ellos y se declaran culpables, aunque quizá no lo sean”, dijo Schey. “Pero ¿qué pasa luego? que los deportan y no saben qué pasa con sus hijos, que se quedan atrás”.

El abogado opina que si una persona tiene un caso legítimo de asilo no deberían ser acusados de un delito. “Deberían ser entrevista­dos por un oficial de asilo antes de llevarlos a la cárcel”, dijo Schey. “Pero eso no es lo que está ocurriendo”.

Schey dijo que la política de “cero tolerancia” no es más que un “martillazo que cae sobre la cabeza de padres e hijos”.

No sería la primera vez que la jueza Gee rechaza políticas del Gobierno en el trato a migrantes menores de edad. El año pasado, Schey y Holguín pidieron a la jueza federal una orden que mejorará las condicione­s de detención de los centros fronterizo­s de CBP, donde según ‘Flores’, los niños sólo pueden estar un máximo de 72 horas antes de ser transferid­os a ORR.

“Los acusados de violar el acuerdo porque no le daban a todos los niños colchones, o jabón y toallas para bañarse, o ropa para cambiarse”, dijo Schey. “El gobierno argumentó que nada de eso estaba en el acuerdo. La juez rechazó esta postura diciendo que el

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El abogado de CHRCL ,Peter Schey./ARCHIVO.

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