Sobre el ‘Acuerdo de Flores’

En 1997, el Centro por los Derechos Humanos y Ley Constitucional (CHRCL), cuyo fundador y director ejecutivo es Peter Schey, y que está ubicado en Los Angeles, California, junto a otras organizaciones legales y de defensa de los inmigrantes, llegó a un acuerdo con la Corte Suprema de Justicia, en una demanda colectiva presentada en 1985 en nombre de niños indocumentados no acompañados.

El caso ‘Flores v. Reno’, mejor conocido como el ‘Acuerdo de Flores’, cuestionó las políticas del Servicio de Inmigración y Naturalización (INS), hoy llamado ICE, que regían la liberación de los niños y las condiciones en que se encontraban durante su custodia. Para la demanda el CHRCL se basó en el caso de Jenny Flores, una niña salvadoreña de 15 años, arrestada en 1985 cuando entró a EEUU y detenida como una criminal. Según el Acuerdo, el Gobierno Federal debe minimizar al máximo la detención de niños inmigrantes y refugiados (no más de 20 días). También requiere que se albergue a esta población en instalaciones que tienen licencia para cuidar a menores que no son delincuentes. Además, estipula que se trate a los niños detenidos en todo momento con dignidad, respeto y consideración debido a sus vulnerabilidades como niños. Bajo el Acuerdo, los niños detenidos no deben ser llevados a centros de ICE, sino a refugios de la Oficina de Reasentamiento de Refugiados (ORR), que es parte del Departamento de Salud y Servicios Humanos.