Boricuas desplazados aún siguen “con el agua hasta el cuello”

Muchos puertorriqueños que emigraron a la Gran Manzana en medio de la crisis humanitaria en la isla no encuentran ni trabajo ni vivienda estable

El 7 de diciembre pasado, Liz Cruz, sus tres hijos y su esposo, Elvin González, dejaron su hogar en Isabela, Puerto Rico, por los destrozos causados por el huracán María. No querían abandonar la isla, pero las graves condiciones los obligaron a tomar una decisión que cambiaría sus vidas, aunque no de la manera en la que esperaban.

Cruz, de 35 años, y los menores, de 14, 15 y 17 años, son pacientes asmáticos, y su casa estaba inundada y llena de hongos; además, les faltaba el dinero para comer.

“Temíamos por la salud. Las condiciones de salud no estaban bien. No había comida. Mis hijos comían una vez al día”, describió Cruz.

Cuando la situación se volvió insostenible, la madre usó unos ahorros que tenía para comprar cinco boletos de avión a Nueva York luego de que solicitara alojamiento en hoteles a través de la Agencia Federal para Manejo de Emergencias (FEMA), como parte del programa de Asistencia Transicional a Refugios para evacuados por desastres como el huracán que azotó todo Puerto Rico el 20 de septiembre del año pasado.

“Con par de pesos” en el bolsillo, la familia llegó a la Gran Manzana en pleno invierno cuando el frío azota más fuerte el cuerpo y el espíritu. Y como si los inconvenientes fueran pocos, no tenían dinero para comprar MetroCards y moverse a través del sistema de transporte público, esencial en una urbe como Nueva York.

Cruz recordó cómo tuvieron que caminar dos horas y media desde el hotel en el que estaban hospedados en el Bajo Manhattan, Fairfield Inn & Suites, hasta el Centro Julia de Burgos, en El Barrio, donde la Ciudad habilitó en octubre pasado un espacio de manejo de casos para los desplazados por María que hoy ya no existe.

“Tenía miedo, mucho miedo es lo que tenía. Que si íbamos a poder comer. Que si íbamos a sobrevivir. Se siente mucho miedo”, narró la boricua en entrevista con El Diario.

En el local, le suministraron abrigos para la temporada y tarjetas para transporte. Los padres, además, presentaron su caso a representantes de las agencias que se supone los ayudarían a establecerse en la Ciudad, como la Oficina de Asistencia Temporal –para la obtención de cupones de alimentos– y el Departamento de Vivienda.

Pero de ese primer proceso ya casi ha pasado un año, y del miedo, Cruz y su familia han pasado a la decepción y a la impotencia.

Su esposo, de 28 años, es el único que ha logrado conseguir un empleo como trabajador de limpieza, pero el salario de $13 la hora no es suficiente para mantener satisfactoriamente a una familia de cinco. Cruz, su esposo y los menores llevan viviendo en un refugio de la Ciudad desde finales de junio –una de las fechas en la que expiró el programa de alojamiento de FEMA– sin que puedan obtener una vivienda estable y segura. Estando ya en el albergue municipal y tras varios intentos, Cruz logró conseguir un “voucher” para un apartamento, pero el vale no establece prioridad.

“Ellos (Departamento de Vivienda) me dicen que ‘tienes un turno y tienes que esperar’. En otras ocasiones, me habían denegado el ‘voucher’ porque era clienta de FEMA”, explicó la mujer quien no ve la hora en que pueda mudarse a una vivienda propia.

“Ahora estamos peor. Nosotros no vinimos aquí a quedarnos en la situación del sistema”, agregó sobre su situación. “Por qué si somos ciudadanos americanos no nos pueden ayudar como en otros casos en Estados Unidos”, argumentó la madre.

Una historia que se repite

La batalla anterior no es exclusiva de la familia González Cruz. Muchos otros desplazados sienten que tanto las autoridades municipales como federales les han fallado en su respuesta ante la crisis humanitaria que aún experimenta la isla.

Un reciente análisis del Centro de Estudios Puertorriqueños del Hunter College del sistema universitario de la ciudad Nueva York (CUNY), calculó que más de 135,000 personas emigraron de Puerto Rico a Estados Unidos, en un periodo de cinco meses después del huracán María. De acuerdo con el estudio, cuyos resultados fueron publicados a principios de año, la mayoría se mudó a Florida con unas 56,477 personas para un 42%. En el caso de NY, la cifra asciende a 11,217 (8%).

Para la portavoz de New York Disaster Interfaith Services (NYDIS), Lilah Mejía, que actualmente maneja casos de unas 2,000 familias puertorriqueñas que llegaron despues de la catástrofe, la historia de la familia González Cruz no es la excepción, sino la regla. Mejía se refirió, directamente, a la demanda que tuvo que ser entablada por la organización LatinoJustice para que FEMA extendiera el periodo de alojamiento en hoteles para los puertorriqueños.

La última concesión terminó el 14 de septiembre para las 987 familias que todavía permanecían en las hospederías financiadas por la agencia federal. Mejía indicó que, tras la última extensión lograda a través del recurso legal, a los alojados solo les queda moverse a los albergues administrados por la Ciudad, como es el caso de la familia González Cruz, o regresar a la isla.

“Este es el gran argumento de todo el mundo. Si los puertorriqueños son ciudadanos americanos por qué están recibiendo este trato”, expuso la coordinadora de servicios para evacuados de la organización, quien intervino con familias en el Centro.

Según planteó la consejera, la crisis de vivienda en la ciudad es otro asunto que no hace distinción cuando se re-