Millones serán afectados
Es probable que millones de inmigrantes se vean afectados directa o indirectamente, según el Center for Law and Social Policy, una organización sin fines de lucro con sede en Washington, DC.
3. ¿Cuándo entrará en vigencia este cambio de política?
Este es el primer paso en el complejo proceso de elaboración de reglas federales. Y hay muchas cosas que podrían cambiar. Una vez que la regla propuesta aparece en el Registro Federal, comienza una cuenta regresiva de 60 días, durante la cual cualquier persona puede opinar.
Una regla final probablemente no entraría en vigencia hasta 2019.
Y el Departamento de Seguridad Nacional todavía está recopilando opiniones sobre algunos detalles. Por ejemplo, no ha decidido si CHIP se contará como uno de los programas elegibles dentro del nuevo paraguas de “carga pública”. Mientras tanto, no se penalizaría a las personas que recibieron beneficios públicos antes que la regla entre en vigencia.
4. Pero, la propuesta ya está teniendo efectos
El DHS estima que el 2.5% de los inmigrantes elegibles abandonarían los programas de beneficios públicos debido a este cambio, lo que representaría alrededor de $1.5 mil millones en dinero federal por año. Pero otros esperan un impacto mucho mayor.
“Los efectos irán mucho más allá de los individuos directamente afectados”, dijo Greenberg. “Hay razones considerables para creer que (la estimación de la Casa Blanca) puede ser una subestimación significativa”.
En la regla propuesta, el DHS señala que los cambios podrían resultar en “peores resultados de salud”, “mayor uso de salas de emergencia”, “mayor prevalencia de enfermedades contagiosas”, “mayores tasas de pobreza” y otras preocupaciones.
Dada la complejidad de estos programas y la regla propuesta, y las altas apuestas en juego, los inmigrantes de bajos ingresos tendrían muchas más probabilidades de evitar por completo los beneficios públicos, dijeron expertos en inmigración. Es probable que millones de inmigrantes se vean afectados directa o indirectamente, según el Center for Law and Social Policy, con sede en Washington, DC.