Trump firma una proclama que impone ‘veda’ al asilo
y que incluyan la rápida construcción de su prometido muro fronterizo.
Trump defendió la militarización de la frontera, e insistió en que los extranjeros tienen que entrar por la vía legal en EEUU, a través de un sistema en base a “méritos” que les permita trabajar en “grandes compañías”.
Asimismo, repitió que firmará “pronto” una medida para eliminar el derecho constitucional a la ciudadanía automática por nacimiento para hijos nacidos en EEUU de padres indocumentados, aunque reconoció que tanto ese asunto como el futuro de DACA llegarán al Tribunal Supremo.
De hecho, la máxima corte ya reafirmó el derecho a la ciudadanía por nacimiento consagrado en la Enmienda 14 de la Constitución en un dictamen de 1898, y es poco probable que haya votos para reformar la magna carta.
Con esta proclamación, Trump cumplió una promesa que hizo, de cara a los comicios del pasado 6 de noviembre, para impedir el paso a la “invasión” de inmigrantes centroamericanos, la mayoría de los cuales huye de la violencia y busca asilo en EEUU.
La medida entra en vigor
Durante una conferencia telefónica con periodistas, autoridades de los departamentos de Justicia y Seguridad Nacional, que pidieron el anonimato, dijeron ayer que la medida de Trump entrará en vigor hoy.
La medida altera una ley federal de 1965 que permite a toda persona solicitar asilo, sin importar su estatus migratorio o por dónde entraba en la frontera sur. De mañana en adelante, toda persona que entre por puntos no oficiales «La nueva veda al asilo es llanamente ilegal y puede conducir a que muchas personas sean devueltas al peligro». en la frontera no será elegible para solicitar asilo por un período de 90 días.
Quienes violen las nuevas restricciones “no serán elegibles para asilo”, dijo uno de los funcionarios.
No obstante, las restricciones no aplicarán para quienes hayan entrado antes de la proclamación; para residentes legales; para quienes entren por los puntos de entrada; para individuos que presenten “miedo razonable” bajo las normas de la Convención contra la Tortura, o niños no acompañados indocumentados.
Al cabo de 90 días, DHS y DOJ deben someter recomendaciones sobre si extender o no la suspensión.