¿Podrá el gobierno garantizar derechos de los repatriados?
Nuevo Sistema de Información Migratoria pretende evitar la revictimización de los migrantes
El Gobierno de El Salvador lanzó ayer el Sistema Nacional Único de Información Migratoria, con el que busca “garantizar” el cumplimiento de los derechos de las personas retornadas al país centroamericano, informó una fuente estatal.
La iniciativa, con la que también se pretende evitar la “revictimización” de los deportados, será utilizada por las instituciones involucradas en los procesos de recepción de documentos de estas personas, explicó la Dirección General de Migración y Extranjería (DGME),
Según la entidad gubernamental, el nuevo sistema “permitirá que cada institución ingrese la información de acuerdo a las competencias de las personas retornadas, de manera que se evitará la duplicidad de datos”.
Las instituciones involucradas en este proceso “podrán unificar criterios y objetivos respecto a la recopilación de información de los retornados”, además, “se contará con una base de datos integrada a la que cada institución podrá consultar, de manera inmediata, sobre algún caso en particular”, indicó la fuente.
El instrumento fue financiado por la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo (USAID por sus siglas en inglés) y canalizado a través de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM).
Según la DGME, la cifra de salvadoreños deportados, principalmente desde Estados Unidos y México, superó los 24,700 casos entre enero y noviembre pasados, un 1.7 por ciento menos que en los mismos meses de 2017.
La entidad estatal señaló que Estados Unidos deportó en estos 11 meses a 14,149 salvadoreños, México a 10,549 y 97 fueron retornados de otros países, que no fueron detallados, para totalizar 24,795 repatriados.
Entre las razones que motivan la migración irregular se encuentran la búsqueda de mejores condiciones de vida, la reunificación familiar y huir de la violencia.
El Salvador es uno de los países más violentos del mundo con tasas de 103, 81,7 y 60 homicidios por cada 100,000 habitantes en 2015, 2016 y 2017, crímenes atribuidos a las pandillas.