Juez federal bloquea la pregunta sobre ciudadanía en el Censo 2020
La decisión es unánimemente acogida como una victoria de la comunidad inmigrante y repudio contra la Administración Trump
El juez federal Jesse M. Furman bloqueó ayer la decisión de la Administración Trump de incluir una polémica pregunta sobre ciudadanía en el cuestionario para la elaboración del Censo de 2020.
La decisión llegó tras un juicio de dos semanas en Nueva York celebrado a raíz de una demanda interpuesta por de varios fiscales generales, alcaldes estadounidenses y múltiples grupos sin fines de lucro que consideraban que la inclusión de esa pregunta generaría miedo entre las comunidades de inmigrantes y haría que el censo arrojara resultados imprecisos.
“La decisión de hoy es una victoria para los neoyorquinos y estadounidenses que creen en un conteo justo y exacto de los residentes de nuestra nación. Los intentos de la Administración Trump de imponer una pregunta sobre la ciudadanía no estaban arraigados en el deseo de fortalecer el proceso del censo y solo socavarían a nuestras comunidades inmigrantes”, dijo la fiscal general Letitia James.
Pregunta incitaba el odio
James agregó que la pregunta incitaba al miedo entre los residentes y que, “no solo es inmoral, sino también mal concebida. Los conteos precisos de la población son imperativos para asignar fondos para programas críticos y sistemas de apoyo y para determinar una representación justa en el Congreso y el Colegio Electoral”.
El juez Furman hizo constar en su veredicto que el plan impulsado por el secretario de Comercio, Wilbur Ross, es ilegal por varios motivos, que explica ampliamente en su resolución de 277 páginas.
“Esta es una gran victoria en la batalla en curso contra los esfuerzos de la Administración Trump para intimidar a las comunidades inmigrantes. El censo afecta la representación política y determina cómo se distribuyen $ 700,000 millones para servicios críticos como la educación y mejoras de infraestructura”, dijo entre tanto el presidente del Concejo Municipal Corey Johnson.
El edil que funge como Defensor del Pueblo interino comentó que en el censo están en juego para el estado de Nueva York $53,000 millones.
“Este fue otro ataque flagrante contra nuestras valiosas comunidades inmigrantes y contra nuestra propia democracia. Agradezco al juez Furman por esta decisión, y me alienta ver que nuestros tribunales defienden el estado de derecho y los valores estadounidenses en un momento en que están bajo ataque. Sabemos que habrá una apelación, pero también sabemos que el Concejo Municipal nunca dejará de luchar para asegurar que todos los neoyorquinos sean contados”, agregó Johnson.
El censo, que se renueva cada diez años, es una herramienta clave a la hora de determinar el reparto de fondos federales, de asignar escaños a la Cámara de Representantes o de decidir la distribución de distritos legislativos estatales y del Congreso.
Los planes del Gobierno de Donald Trump para incluir una pregunta sobre el estatus migratorio habían sido muy criticados por grupos de inmigrantes, organizaciones de derechos civiles y por la oposición.
Reacción de las organizaciones
La Coalición de Inmigración de Nueva York (NYIC) rechazó desde el principio el intento del Departamento de Comercio, argumentando que es una forma de discriminación por motivos raciales.
“La decisión es una victoria para todos los neoyorquinos e inmigrantes de todo el país, ya que el juez Furman reprendió el intento insensible del gobierno de Trump de burlar la ley para su propio beneficio. La Ley Administrativa no se puede usar para manipular el Censo como parte de una agenda de supremacía blanca liderada por Kris Kobach y Steve Bannon”, declaró Steven Choi, director ejecutivo de la NYIC.
Choi insistió que la NYIC estará pendiente para enfrentar la apelación que con seguridad planteará la Administración Trump y luego hasta el Tribunal Supremo.
La mayoría de los críticos de la medida habían advertido de que la pregunta disuadiría de participar a millones de personas y, por tanto, ofrecería una visión distorsionada del censo, alterando el mapa electoral y el reparto de fondos públicos.
Theo Oshiro, director de Make the Road New York, otra de las organizaciones que impulsaron la demanda dijo que la comunidad inmigrante exige que se los cuente y se niega a ser intimidada.
“El fallo de la corte reafirma lo que sabemos desde hace tiempo. Que la decisión del secretario Ross de agregar una pregunta de ciudadanía fue un intento descarado e ilegal de subestimar las comunidades de inmigrantes. Continuaremos organizándonos para evitar que esta administración intente borrar nuestras comunidades. Seremos escuchados y seremos contados”, afirmó Ashiro.
El Secretario de Comercio tomó la decisión de incluir esa cuestión en contra de las recomendaciones de la Oficina del Censo y la ha defendido subrayando que es necesario conocer el estatus legal de los ciudadanos para una mejor comprensión de la población del país e insistiendo en que todas las respuestas son confidenciales.
Funcionarios elegidos apoyan decisión
Los congresistas demócratas por Nueva York Grace Meng y Adriano Espaillat también expresaron su respaldo a la decisión del juez federal de bloquear la decisión de incluir la pregunta sobre ciudadanía en el Censo de 2020.
“El plan de la Administración Trump para sabotear el Censo de 2020 agregando una pregunta de última hora sobre ciudadanía ha sido profundamente preocupante. Desde el año pasado, he advertido