La dura labor de parto en los hospitales públicos
Nuevo estudio revela que ha crecido el maltrato que enfrentan las mujeres embarazadas en los hospitales y ofrece soluciones
Tenía tres meses de embarazo cuando Romina llegó a la sala urgencias del servicio público de la Ciudad de México. No tenía otra opción.
Los hospitales privados le hubieran cobrado 4,500 dólares, un dinero que no tenía cuando lo sangrados se volvieron cada vez más abundantes.
El médico le dijo que era amenaza de aborto y le recomendó un legrado aún sin estudios de ningún tipo.
“Si le hubiera hecho caso ahora sería madre sólo de una niña y no de dos”, recuerda con molestia.
Romina, cuyo nombre real permanece en el anonimato, forma parte de un estudio que realizaron en conjunto el Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología social (CIESAS-Unidad Sureste), Asesoría, Capacitación y Asistencia en Salud, A.C. (ACAS. A.C.) y el Observatorio de Mortalidad Materna (OMM) con miras de cambiar practicas de lo que llaman violencia obstétrica y en el parto.
Ella solicitó que se le realizara un ultrasonido para tomar una decisión, pero le dijeron que “no había quién lo hiciera”. Tuvo que esperar toda la noche en la clínica, con diarreas, sin alimento ni agua. En medio del suplicio vio cuando otra mujer “recomendada” sí pudo ser atendida. “A esa señora no la hicieron esperar”.
Como sea, logró evitar que le practicaran un aborto y siguió adelante con la ilusión de volver a ser madre sin saber que no habían terminado la mala atención y la falta de calidad.
Hilda Eugenia Argüello, secretaria técnica del Observatorio de Mortalidad Materna en México, afirma que los problemas de falta de respeto y maltrato que enfrentan mujeres embarazadas en los hospitales se agudizaron desde que hubo modificaciones legales en 2010, cuando el gobierno pretendió mejorar los servicios de atención pública ginecológica y obstétrica.
“Querían dar atención de personal calificado: médicos, enfermeras y se excluyó a las parteras o comadronas de tal manera que el servicio fuera sólo hospitalario, pero eso saturó los hospitales publicos ––en todo el país se atienden cerca de dos millones al año–– porque antes las embarazadas tenían la opción de ir a los centros de salud pero ahí ya no pueden atender partos”.
El estudio, por otro lado, observa que hay una falta de conocimiento por parte del personal médico de las normas oficiales –desde protocolos de actuación en emergencias a cómo tratar a las pacientes– además de una seria de descuidos.
En el caso de Romina, por ejemplo, una de las ginecólogas que la atendió le hizo un tacto sin guantes, con las uñas de acrílico postizas color lila con incrustaciones de piedra que combinaban con su bata. “Fue muy doloroso”, recuerda. “Por supuesto que me fui a quejar pero después no me querían programar mi cesárea (ella era la responsable de agendarlas). Tuve que rogarle que me diera una fecha y me tuvo que acompañar otro médico porque no quería: seguramente alguien le dijo de mi queja”, afirma.
A la hora del parto no hubo problemas. Pero pudo haberlos. Argüello destaca que aunque las normas recomiendan ciertas prácticas que mejoran la salud materna y la calidad del alumbramiento, éstas no se aplican.
No se da agua a las pacientes, se les suministra oxitocina antes de que el bebé saque la cabeza y no después, aunque esto reduce los riesgos de hemorragia, no se incita a caminar a las mujeres ni se les permite parir en la posición que les dé la gana. Mucho menos ser acompañadas por un familiar.
Y aunque las recomendaciones son muy simples implican “todo un reto”, concluyen las organizaciones que ahora empujan la campaña
“Por un parto seguro” que incluye capacitar al personal médico; volver a autorizar la atención de urgencias y partos en clínicas (no sólo hospitales especializados) y la participación de parteras profesionales.