PROTECCIÓN AL DENUNCIANTE
La estrategia es culpar al mensajero cuando las noticias son malas e irrefutables. Ese es el fin de la insistencia de la Casa Blanca y los republicanos con el denunciante (whistleblower) que reveló la comunicación entre el presidente Donald Trump y su colega de Ucrania..
El conocer el nombre de la persona que originalmente hizo la queja formal no cambia mucho la sustancia de los hechos. El denunciante dio una información que recibió de segunda mano, y fue reportada por el The Washington Post a mediados de septiembre sobre la conversación telefónica entre Trump y el ucraniano Volodymyr Zelensky. Lo afirmado por el denunciante fue confirmándose incluso por la misma Casa Blanca.
En la llamada, calificada como “perfecta” por Trump, el estadounidense le pide un “favor” a Zelensky. Uno de ellos es investigar la presunta corrupción de su rival político Joe Biden. El contexto del diálogo fue confirmado por los distintos testimonios de diplomáticos, y de un integrante del equipo de seguridad nacional que escuchó la llamada entre los dos presidentes.
No hay discusión de que la ayuda a Ucrania estaba retenida dependiendo de la respuesta positiva de Ucrania para ayudar a Trump en 2020. Por eso los republicanos critican el proceso, dicen que Obama hizo lo mismo -lo que no es cierto- y que el interés del Presidente es combatir la corrupción en Ucrania. Aunque su atención no sea en los grandes escándalos de los oligarcas ucranianos y rusos, sino exclusivamente en el hijo de Biden.
La ley federal protege la identidad de los denunciantes para evitar represalias y alentar a que los empleados federales reporten cuando ven corrupción, ilegalidades y faltas éticas. Hay una área especial para los casos de seguridad con una ley especial que cubre las 17 agencias de inteligencia. La Ley de Privacidad también impide que en varias circunstancias las autoridades federales.
Los republicanos no son amigos de los denunciantes en general. La Junta de Protección al Sistema de Mérito, creada para defender a los denunciantes no opera desde 2017 por falta de integrantes que nunca fueron confirmados por el Senado. Hay cerca de 2,000 apelaciones realizadas por denunciantes que esperan su turno.
No se sabe oficialmente quién es el denunciante. Varios medios conservadores mencionaron a alguien que está identificado con los demócratas. El Presidente y los republicanos quieren que testifique en público para sacar a luz su persona y acusarlo de partidismo. La destrucción personal desalienta a quienes quieran protestar por las irregularidades de la administración Trump. Las amenazas de los simpatizantes del Presidente es solo una parte del calvario.
La atención al denunciante es una estrategia para desviar la conversación de lo importante, por alguien que hoy no aporta nada. Lo importante es quién hizo qué. Para determinar eso ya no se lo necesita. Hay que proteger a la persona y a la ley del denunciante manteniendo su anonimato.•