LA CLASE POLÍTICA CONTRA LOS DESAPARECIDOS
Indolentes y desidiosos, la mayoría de los diputados del Congreso de Jalisco decidieron no asistir al foro convocado la semana pasada para analizar y elaborar tres leyes estatales con las cuales se armonizaría localmente la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición Cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas.
Los diputados de Jalisco, como la mayoría de los servidores públicos del país, tienen ingresos y prestaciones privilegiadas: ganan 109 mil pesos al mes para, supuestamente, representar a sus votantes. Pero como en muchos otras dolencias y problemas de Jalisco y del país, los diputados quedan a deber a sus representados.
Este desaire y desatención no es solo otro capítulo del anecdotario del valemadrismo de la clase política. En este caso, dejar de asistir a un foro con las familias para elaborar leyes que pueden ser herramientas útiles para la búsqueda de personas desaparecidas, se convierte en negligencia criminal. La falta de una legislación que dote de herramientas de búsqueda, propicia la repetición del crimen, la falta de la búsqueda y la impunidad para quienes siguen cometiendo ese delito.
Lamentablemente, la desidia y negligencia no ocurre solo en Jalisco sino en la mayoría de los estados del país.
La Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición Cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas fue aprobada el 12 de octubre de 2017 y entró en vigor el 17 de noviembre
Problema de muchos Los diputados de Jalisco tienen un retraso de 21 meses en cumplir c on lo que manda la ley federal mexicana.
del mismo año.
Los diputados de Jalisco tienen un retraso de 21 meses en cumplir con lo que manda la ley federal. Pero lo mismo ocurre con otros 24 congresos locales. Hasta el 12 de diciembre de 2019, solo ocho entidades habían armonizado su legislación local con la ley general: Baja California Sur, Coahuila, Oaxaca, Sinaloa, Tabasco, Veracruz y Ciudad de México y Estado de México.
En los 24 estados que no han cumplido con adecuar la ley general contra las desapariciones a sus marcos locales hay gobiernos de todos los colores: panistas, priistas, emecistas y morenistas.
Toda la clase política mexicana ha incumplido con las familias que tienen desaparecidos. Y al igual que en Jalisco, esta desidia y desdén no es una anécdota más del desprecio de los gobernantes a la sociedad.
La desaparición de personas en México debería ser el principal o uno de los principales temas políticos del país, junto con la violencia organizada.
Con esta conducta, la clase política no sólo no contribuye a enfrentar este fenómeno sino que en la práctica se convierten en un obstáculo para las familias que buscan a sus desparecidos.l