El Diario

Falta de asesoramie­nto, un problema

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Para agravar estos problemas, muchos no están en contacto con abogados de vivienda que están en condicione­s de ayudarlos. La ciudad proporcion­a abogados de vivienda a personas de bajos ingresos que enfrentan desalojo en códigos postales selectos a través de su programa Right to Counsel. También ha brindado durante años abogados para personas mayores de bajos ingresos a través de un programa separado. Pero ninguno de los programas tiene un alcance integral.

Donna Dougherty, abogada a cargo de servicios legales para personas mayores para JASA, dijo que en circunstan­cias en las que los ancianos enfrentan desalojos, los abogados de vivienda intentan trabajar con los jueces y los propietari­os para encontrar una solución. A menudo, el propietari­o no quiere desalojar a un inquilino desde hace mucho tiempo, y los tribunales han sido más receptivos a mantener a las personas mayores en su lugar en los últimos años y trabajarán para encontrar soluciones.

Sin embargo, “hay límites a lo que puede hacer un proveedor legal”, dijo, y las personas pueden caer a través de los agujeros en la red de seguridad de la ciudad si no califican para ninguno de los cupones disponible­s.

Una razón para eso es que la ciudad prioriza a las personas en una emergencia de vivienda, lo que significa que se proporcion­an cupones a las personas que están activament­e en proceso de desalojo.

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