LOS DESPIDOS DE TRUMP
El cargo de inspector general es una de las instituciones democráticas más importantes en la legislación. Se define a la inspectoría general como a un organismo federal independiente y establecido en cada agencia del poder ejecutivo para auditar las operaciones de dicha agencia; investigar y descubrir casos de mala conducta, despilfarro, fraude, o cualquier otra acción que constituya un abuso de los procedimientos de gobierno.
En medio de la crisis de salud ha pasado casi desapercibido que desde el 3 de abril hasta el 15 de mayo, Trump ha despedido a cuatro funcionarios que ocupaban el cargo de inspectores generales, a saber:
Abril 3, Michael Atkinson, inspector general de inteligencia, quien cumpliendo con los procedimientos establecidos notificó al congreso de la existencia de la acusación que generó el fallido proceso de destitución de Trump.
Abril 7, Glenn Fine, inspector general del departamento de defensa. El funcionario debía auditar los dos mil millones de dólares destinados para ayuda financiera a los estadounidenses.
Mayo primero, Christi Grimm, inspector general del departamento de salud y servicios humanos. Defenestrada por haber hecho pública la escasez de equipo de protección personal para los trabajadores de la salud.
Mayo 15, Steve Linick, inspector general del departamento de estado. Linick se encontraba investigando una acusación que pesa sobre el secretario de estado, Mike Pompeo, por usar a subordinado para cosas personales.
Inspector general El presidente volvió a despedir a otro funcionario.
En las notificaciones enviadas al Congreso para justificar estos despidos, Trump apenas ha dicho que lo hace simplemente porque ya no gozan de su confianza.
Sobra decir que este argumento además de simplón, es inaceptable. En el 2008, el Congreso pasó el acta de reforma de inspectores generales que específicamente establece que no se puede remover a un funcionario simplemente porque el presidente manifiesta que ha perdido su confianza. De hecho el espíritu de esta reforma fue evitar que los inspectores generales sean removidos por motivos políticos o como represalia.
La remoción de estos cuatro funcionarios es a las claras un acto de represalia.
Poco a poco Trump ha ido desmantelando el sistema de chequeos y balances de la otrora imperfecta pero respetable democracia estadounidense. El Congreso, específicamente el Senado, ha renunciado a su misión de contrapeso; las cortes, desde las más altas magistraturas, han sido corrompidas; la Fiscalía General es la mano derecha de las acciones ilegales de Trump; y ahora los organismos llamados a garantizar el correcto desempeño del ejecutivo están siendo “limpiados” de los funcionarios autónomos y honestos, para llenar las vacantes con aliados leales al llamado presidente.
¿Queremos más de esto por otros cuatro años?•