Exgobernadores corruptos en la mira
Francisco, Delegación Coyoacán, en la Ciudad de México, una de las de mayor plusvalía de la capital.
En contraste al destino de Granier, quien a sus más de 70 años guarda ahora un silencio sepulcral; el exgobernador interino de Michoacán, Jesús Reyna, quien mantiene una activa agenda política en el estado donde recientemente declaró que “está con todo para el 2021” en pos de revivir a un alicaído Partido Revolucionario Institucional (PRI).
A Reyna se le acusó de vínculos con el crimen organizado y pasó cuatro años, ocho meses y 17 días privado de la libertad acusado de vínculos con el crimen organizado y asociación delictuosa, cargos que finalmente la PGR retiró sin mayor explicación. Tiempo después, el acusador, Fausto Vallejo, se vería metido en líos similares con su hijo como protagonista.
Vallejo sumió a Michoacán en un largo y oscuro periodo de violencia de 2012 a 2014, cuando renunció al poder para atender un cáncer. Mientras el cártel de Los Caballeros Templarios provocaba una sangrienta batalla con las autodefensas y otras organizaciones, el hijo de Fausto, hijo Rodrigo Vallejo bebía cerveza con el capo local Servando Gómez “La Tuta”.
Rodrigo trabajó durante mucho tiempo con distintos grupos criminales, según la Procuraduría General de la República (PGR, hoy FGR) que intentó por años retenerlo en prisión sin pruebas covincentes para los jueces hasta que finalmente lo logró en 2019. Vallejo junior pelea por su libertad; el padre, no enfrentó proceso.
Liberarse de los cargos es un asunto relativamente sencillo en México, según las cifras de impunidad reconocidas oficialmente.
Análisis de organizaciones no gubernamentales como el Centro de Estudios e Investigación (Fundar) documentan que al menos el 94% de los casos de corrupción vinculados con exgobernadores quedan impunes: la mayoría no son sentenciados o sus casos están pendientes de resolver.
“Para revertir esto se necesita terminar con el uso político y discrecional de las fiscalías”, advierte Fundar sobre la subordinación de la justicia al poder ejecutivo que explica, en muchos casos, la persecución de unos y la liberación de otros funcionarios, según incomoden o no al mandatario en turno y si el inculpado tiene aliados que lo ayuden o no.
Al norte del país, el exgobernador de Sonora, Guillermo Padres Elías, salió del Reclusorio Oriente para cumplir su condena, por lavado de dinero, en libertad condicional después de que un juez aceptara como garantía el pago de alrededor de $50 millones.
Otro que libró la cárcel rápidamente fue Rodrigo Medina, al mando de Nuevo León entre 2009 a 2015, el período en el
cual habría dado “estímulos millonarios” a la armadora coreana de automóviles KIA, según acusaciones de su sucesor Jaime Rodríguez Calderón “El Bronco” quien abrió 20 expedientes. Dos años después (2017), Medina fue liberado por falta de sustento.
Los protagonistas del bloque estrella de jóvenes políticos que doce años atrás prometían “salvar” a México como tentáculos del entonces presidente Enrique Peña Nieto en sus respectivos estados de origen fueron perseguidos desde antes del cambio de gobierno federal. En la era de Andrés Manuel López Obrador sólo se sumó uno: César Duarte, de Chihuahua.
Duarte huyó al final de su mandato a Estados Unidos entre acusaciones por parte de su sucesor, Javier Corral, de desviar alrededor de 600 millones de dólares para varias campañas de su partido, el PRI y para él mismo.
Duarte fue capturado para extradición el pasado 8 de junio en EEUU —el mismo día que AMLO visitó a Trump en la Casa Blanca — para que dé cuentas sobre la deuda pública de 2400 millones de dólares que dejó además del desfalco al erario por 300 millones de dólares como mínimo.
Más al sureste del país, otro gobernante con el mismo apellido, pero de nombre Javier hacía lo suyo entre acusaciones de corrupción, de solapar al crimen organizado y el asesinato de periodistas y de perfeccionar el uso de empresas como un mecanismo perfecto para desviar recursos públicos a los bolsillos privados de él su partido.
Javier Duarte dijo después de huir y ser capturado en Guatemala en 2016 que con el dinero robado sobornó al ex encargado de la extinta Procuraduría General de la República (PGR), Alberto Elías Beltrán, para que dejaran en paz a su familia y le reclasificaran el delito de delincuencia organizada.
En mayo de 2020, una juez confirmó la sentencia de Duarte de nueve años de prisión y que se le regresaran 40 inmuebles decomisados. Se calcula que por buen comportamiento más los años que ya cumplió podría quedar libre en un par de años más.l
Un castigo elusivo
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