Solicitan ayuda a la Interpol para capturar a Correa
El ex presidente ha sido acusado de corrupción
La Corte Nacional de Justicia (CNJ) de Ecuador ha ordenado que se solicite a Interpol el arresto del ex presidente Rafael Correa en relación a una condena por cohecho en un caso de corrupción que salpicó a su administración entre 2012 y 2016.
“Se dispone que se proceda con la Notificación Roja de
Interpol”, dice un documento de la Corte fechado el día de martes, y que pide la intervención de los organismos pertinentes del Estado para realizar el proceso.
El Caso Sobornos fue una trama de corrupción en el palacio presidencial para la financiación ilegal del partido Alianza País, en la que han sido condenados 20 personas entre ex altos funcionarios y empresarios.
Correa reside en Bélgica desde 2017, y no ha regresado al país desde que en 2018 comenzaron a abrirse procesos de investigación contra él y, en dos de ellos, se emitieron órdenes de arresto preventiva.
En el Caso Sobornos, con sentencia ya ejecutoriada, se ha condenado al exmandatario a ocho años de prisión y otros tantos de inhabilitación política como autor mediato.
Ni Correa ni otros catorce condenados se han presentado al cumplimiento de sus condenas, según el documento judicial, “desde la fecha en que se dispusiera la localización y captura (habiéndose emitido para ello las boletas correspondientes) sin que se conozca de sus paraderos”.
Y precisa que “de algunos sentenciados incluso es de conocimiento público que no estarían en el país”.
El documento menciona los nombres de Correa y otros catorce sentenciados, contra los que se pide la asistencia de Interpol.
El arresto internacional a través de Interpol debe seguir un procedimiento establecido para asegurar que se respetan ciertas reglas y no se producen abusos.
Fuentes del organismo recordaron ayer que Interpol “no tiene capacidad de arresto, que es algo que depende de los Estados miembros”.
Cada solicitud de arresto internacional presentada por un Estado miembro es comprobada por un grupo de expertos especializados para garantizar que cumple con esos parámetros.
Si la solicitud se aprueba, se emite la llamada “notificación roja” por el que los demás Estados pueden decidir, o no, llevar a cabo esa detención en caso de que la persona buscada se encuentre en su territorio.
Interpol, con sede en la ciudad francesa de Lyon, explica que esa notificación se utiliza para localizar y detener a alguien “con miras a su enjuiciamiento o para cumplir condena”.
Actualmente esta organización tiene en vigor 62,000 “notificaciones rojas” y en 2019 se emitieron 13,377.l
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