ICE quiso intimidar a indocumentados y activistas con sus elevadas multas
Las sanciones se basan en una parte de la legislación que no se ha usado nunca antes
A finales de 2018 y en 2019 ICE empezó a imponer multas de más de $300,000 a inmigrantes que no habían abandonado el país a pesar de tener una orden judicial para ello. También se avanzaron multas para líderes de lugares santuarios para los indocumentados.
Ahora gracias a la apertura pública de documentos a petición de activistas se sabe que estas elevadas sanciones se han usado como instrumento de intimidación y represalia.
Los avisos de estas abultadas multas se retiraron abruptamente en octubre de 2019 pero se volvieron a emitir meses después, ya entrado el 2020, aunque con una suma más baja que la inicial. En febrero de 2020 un grupo de activistas del país, Austin Sanctuary Network, Free Migration Project, Grassroots Leadership y Center for Constitutional Rights, radicaron una demanda para buscar respuestas sobre cómo y por qué la administración de Trump decidió imponer multas de seis dígitos a líderes de santuarios.
Gracias al Freedom of Information Act (FOIA) estos documentos son públicos y muestran cómo las autoridades de inmigración usaron estas abultadas e inusuales multas con la idea de acallar a líderes de los movimientos santuario quienes, amparándose en la libertad de expresión que tienen, han defendido y amparado los derechos de los inmigrantes.
En la cadena de correos electrónicos que hizo pública esta coalición de organizaciones se verifica que esta estrategia se estuvo planificando desde hacía tiempo y está ligada a oficiales de alto rango dentro de ICE que incluyen a algunos cercanos al asesor de Donald Trump, Stephen Miller.
al menos,
tuvieron que pagar en multas los inmigrantes que no habían abandonado el país a pesar de tener una orden judicial para ello.
Miller está considerado como una de las personas básicas en la política anti inmigración que lleva a cabo la Casa Blanca.
Los documentos revelan que se usó una sección no usada previamente de la Ley de
Inmigración y Nacionalidad (INA) por la cual se abre la puerta a que ICE imponga multas de cientos de dólares al día. En junio de 2018 se empezó a trabajar en esta posibilidad y desde principios de 2019 se empezaron a emitir para que indocumentados que buscaban refugio y activistas pagaran importantes sumas de dinero. Solo en julio del año pasado los líderes del movimiento prosantuario habían recibido multas que superaban en conjunto los tres millones de dólares.
A pesar de la rebaja de las multas, los activistas multados entendieron que se sigue atacando su libertad de expresión y de culto y volvieron a oponerse en los tribunales a estas sanciones del ICE en un caso que está pendiente de resolución. Antes solicitaron el razonamiento de estas multas pero nunca se les entregaron unos documentos que más tarde pidieron amparándose en la libertad de Información o FOIA y que ahora se le ha dado cumplimiento.
En los documentos que obran ahora en poder de las organizaciones que los apoyan se demuestra el interés en la represalia. Una serie de correos explica a quienes los reciben que deben esperar que haya interés de los medios de comunicación en estas sanciones porque "cada uno de los casos ha sido cubierto por los medios y ocho o nueve de ellos parece que tienen abogados". Los correos dan cuenta además de la vigilancia a la que se tenía sometidas a los inmigrantes que habían buscado santuario.
David Bennion, del Free Migration Project, es uno de los que defiende que los líderes activistas están ejerciendo su libertad de expresión y culto. Bennion, que es un abogado de uno de estos líderes explicaba en una nota que está por ver si "una posible Administración de [Joe] Biden permitiría al ICE continuar con una campaña de silenciar y castigar a los críticos de las políticas de la Administración Trump".
Hipótesis aparte, las cadenas de e-mails que obra en poder de los activistas, el Center for Constitutional Rights, apuntan a personas que han actuado con cierta discreción a la hora de señalar sus objetivos y hay nombres en ellos que se mueven en los círculos cercanos a la Casa Blanca.
Es el caso de una serie de comunicaciones para acelerar el caso de las multas en el que hay un correo de Jon Feere instando a ello. Jon Feere es un asesor senior de ICE que llegó a la Administración de Donald Trump desde el Center for Immigration Studies donde ejercía como analista político. El Southern Poverty Law Center categoriza a esta organización como un grupo que fomenta el odio y ha sugerido políticas xenófobas y racistas, entre ellas el fin de la ciudadanía automática para todos los niños nacidos en EEUU.
Feere es un aliado cercano de Stephen Miller, según el Center for Immigration Studies, y fue él quien desde 2017 quiso dar salidas a estas multas.l