Agentes pueden registrar equipos electrónicos sin orden judicial
La corte de apelaciones para el primer circuito determinó ayer que los agentes fronterizos del país no necesitan de una orden judicial para registrar los teléfonos inteligentes y computadoras de viajeros en los aeropuertos y otros puertos de entrada al país porque esa acción no viola la Constitución.
De acuerdo con el fallo judicial, dado el volumen de viajeros que atraviesan las fronteras de este país, las búsquedas de dispositivos electrónicos sin orden judicial son esenciales para proteger adecuadamente la frontera.
La decisión revierte una anterior emitida en 2019 por el tribunal de distrito en Massachusetts de que debía existir una duda razonable para que agentes de la Agencia de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) y del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) registren las computadoras personales, tabletas y teléfonos inteligentes de los viajeros.
La Unión de Libertades Civiles (ACLU, en inglés) y la Electronic Frontier Foundation (EFF) presentaron una demanda en 2017 a nombre de 11 viajeros internacionales -10 de ellos ciudadanos y un residente legal- cuyos dispositivos electrónicos fueron registrados y, en algunos casos, incautados.
Los demandantes reclamaron que se violaba la Primera y Cuarta Enmienda de la Constitución, al derecho a expresión y a la privacidad y a no sufrir una invasión arbitraria, respectivamente.
“El Tribunal declara que las políticas de CBP e ICE para búsquedas ‘básicas’ y ‘avanzadas’, tal como se definen actualmente, violan la Cuarta Enmienda a medida en que las políticas no requieran una sospecha razonable de que los dispositivos contienen contrabando para ambas clases de búsquedas no censurados y/o incautación de dispositivos electrónicos”, indicó entonces el foro, que ayer fue revocado por otro superior.
Este tipo de registro en la frontera aumentó durante la pasada administración del presidente Donald Trump, que pasó de 30.200 durante el año fiscal 2017 a cerca de 40.913 en el 2019.
“Las exigencias de una orden judicial, y los retrasos en que incurriría, podrían paralizar los esfuerzos de las agencias de prevenir delitos relacionados con la frontera y proteger este país de amenazas a la seguridad nacional”, señala la decisión de la jueza Sandra Lynch, emitida a nombre del panel de tres jueces del circuito de apelaciones.l