Derechos Humanos:
Hay presiones por la hoja de ruta de la paz
El Gobierno colombiano mantiene un delicado equilibrio con la comunidad internacional que por un lado le pide más compromiso con la paz y más acciones contra la violencia que se ha cobrado la vida de numerosos líderes sociales y exguerrilleros de las FARC, al tiempo que elogia la acogida que le brinda a millones de migrantes venezolanos.
La Unión Europea, la ONU, Estados Unidos y España, entre otros, han manifestado a la administración del presidente Iván Duque su preocupación por la violencia contra los líderes sociales y por los ataques verbales a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) en su trabajo para ofrecer verdad, justicia y reparación a las víctimas del conflicto armado.
“Nos parece que hay que seguir impulsando la JEP y ese es el mensaje que yo he transmitido aquí, un mensaje que es muy claro”, manifestó la ministra de Asuntos Exteriores de España, Arancha González Laya, al concluir recientemente una visita de tres días a Colombia.
Los ataques contra la JEP, incluso con propuestas de que sea eliminada, se han intensificado desde que hace dos semanas ese tribunal de justicia transicional reveló que el número de jóvenes ejecutados por militares para presentarlos como guerrilleros muertos en combate, política conocida como de “falsos positivos”, es el triple de los casos investigados por la Fiscalía.
Según la JEP, la cifra real de víctimas de los “falsos positivos”, uno de los capítulos más infames del conflicto armado colombiano, es de 6.402 y la mayoría de esos crímenes fueron perpetrados entre 2002 y 2008, periodo que coincide con el Gobierno de Álvaro Uribe.
A la defensa de la JEP se sumó el embajador de Estados
“Han surgido denuncias sobre asesinatos de activistas”.
Unidos en Colombia, Philip Goldberg, quien el viernes se reunió con el presidente de ese tribunal, el magistrado Eduardo Cifuentes, “para discutir el valor que nuestras dos democracias otorgan a la importancia de respetar la independencia judicial”.
Crímenes sociales
En cuanto a los asesinatos de líderes sociales, son unos crímenes