Lisa Schreibersdorf, directora de Brooklyn Defender Services:
Un hombre de origen hispano, privado de libertad en Rikers Island, formó parte de la demanda
- Mary Lynne Werlwas, directora del Proyecto de Derechos de los Prisioneros de Legal Aid Society
“La decisión del Tribunal de ampliar el acceso a las vacunas a todas las personas encarceladas brindará un alivio muy necesario a miles de neoyorquinos que necesitan protección contra este virus mortal”.
La jueza Alison Tuitt de la Corte Suprema de El Bronx ordenó a las autoridades de Salud de Nueva York que de inmediato deben ofrecer vacunas contra el COVID-19 a la población penitenciaria del estado, luego que varias coaliciones denunciaran que al menos 1,100 personas tras las rejas se habían contagiado y cinco habían muerto, solamente durante el mes pasado.
La decisión judicial obliga a las autoridades a estructurar una estrategia de inmunización de emergencia en los 52 centros de reclusión estatales que mantienen a 33,300 personas privadas de libertad. La medida alcanza también a los trabajadores del Departamento de Correcciones y Supervisión Comunitaria del Estado de Nueva York (DOCCS).
Desde el comienzo de la pandemia, 35 presos y ocho miembros del personal correccional han muerto por la enfermedad viral.
“Las personas en prisiones y cárceles han sido arbitrariamente excluidas del despliegue de vacunación de manera injusta. Se trata de un abuso de discreción. No hay excusa aceptable para esta exclusión deliberada durante una pandemia”, precisó la sentencia divulgada el lunes.
Peligro y discriminación
Dos hombres encarcelados en Rikers Island, uno de ellos de origen hispano, presentaron el pasado 4 de febrero la petición judicial de ser incluidos en un plan de inoculación, con el apoyo de una amplia coalición de defensores públicos y defensores de la ciudad de Nueva York.
Alberto Frías, de 24 años, según compartió el medio digital “Court House News Service” explicó que las condiciones de la cárcel le hicieron temer por sus posibilidades de sobrevivir a la pandemia.
“El año pasado ha sido el más aterrador de mi vida. Tengo asma, y cada día que pasa sin haberme vacunado me deja ansioso por ser la próxima persona en enfermarse o por transmitir el virus a otras personas. Se trata de un área insalubre, en donde comemos juntos, usamos las mismas duchas y la gente camina sin máscaras”, detalló el recluso en su petición de 33 páginas.
El Servicio de Defensores de Vecindarios de Harlem, los Defensores del Bronx, la Sociedad de Ayuda Legal, la Unión de Libertades Civiles de Nueva York y los Servicios de Defensores de Brooklyn que presentaron formalmente la demanda, reaccionaron ayer ante el fallo reiterando que la decisión del Estado de dejar fuera a los reclusos era “peligrosa y discriminatoria”.
“La decisión del gobernador Cuomo de negar la vacuna a las personas confinadas en entornos densos y congregados de cárceles y prisiones siempre ignoró la guía de salud pública. También exacerbó el costo enormemente desproporcionado de este virus en la población negra y comunidades latinas”, dijo Mary Lynne Werlwas, directora del Proyecto de Derechos de los Prisioneros de la Sociedad de Ayuda Legal.
Gobierno no se resiste
Según el DOCCS se han reportado más de 6,270 casos de
COVID-19 entre los reclusos desde la primavera pasada. Alrededor de 4,925 agentes penitenciarios también se infectaron con el virus.
La abogada interina del gobernador Andrew Cuomo, Beth Garvey, envió a medios locales una declaración en apoyo a la orden judicial, escribiendo que el estado ampliará la elegibilidad para incluir a todas las personas encarceladas en instalaciones estatales y locales.
“El Departamento de Correcciones y Supervisión Comunitaria del Estado de Nueva York comenzó a vacunar al personal y a las personas encarceladas el 5 de febrero, y hasta el 27 de marzo, se han administrado más de 19,246 vacunas. Nuestro objetivo desde el principio ha sido implementar un programa equitativo”, puntualizó la funcionaria.
Ha pasado más de un año desde el inicio de la pandemia y durante todo ese tiempo varias coaliciones, han solicitado que se apliquen políticas de emergencia como indultos judiciales, para liberar al mayor número de personas vulnerables, especialmente de la tercera edad.
Nueva York se convertirá en el segundo estado que vacunará a los prisioneros por orden judicial. El mes pasado, un magistrado federal en Oregon exigió que el estado ofreciera vacunas a sus 12,100 detenidos lo antes posible.l
23% de la población carcelaria de NY es de origen hispano de acuerdo con las tendencias de los últimos 5 años 15% de los hispanos que pagan condenas en centros de corrección de NY son mayores de 55 años 4,022 internos son elegibles para la libertad condicional de acuerdo con los balances de organizaciones actualizados hace dos meses 3,305 personas estás tras las rejas por violación de la libertad condicional técnica 8,291 reclusos de de NY tiene más de 55 años