La primera queja ante T-MEC por discriminación es... ¡de mujeres migrantes!
El acuerdo comercial incluye un nuevo artículo que obliga a los firmantes a promover la participación femenina en sitios de trabajo
Adareli Ponce quería ir la universidad, pero no pudo. Vivía en una comunidad alejada del estado de Hidalgo y sus padres no pudieron apoyarla. Estudió hasta la preparatoria y pronto se dio cuenta de que, para ganarse la vida, tenía que hacer lo mismo que sus vecinos y amigos del pueblo: buscar una visa H2.
A ella le daba lo mismo si encontraba algún empleo en el campo o en la ciudad; bajo el sol o con aire acondicionado. Lo suyo era poder mejorar sus condiciones de vida con un trabajo bien pagado que jamás tendría en México y por eso se empeñó en buscar un espacio en el complicado mundo de la migración legal con trabajo temporal en Estados Unidos.
Así se dio cuenta de que como mujer sus posibilidades eran mínimas. Las estadísticas, le daban la razón: sólo el 3% de ellas eran contratadas por los empleadores estadounidenses que preferían a los varones: 97 de cada 100.
“De eso han pasado casi 20 años y todo sigue igual”, advierte: los patrones gringos siguen contratando principalmente hombres.
Por eso decidió escalar el tema y presentó en días recientes, con apoyo de diversas organizaciones, la primera queja oficial en el marco del acuerdo del Tratado México, Estados Unidos, Canadá.
El T-MEC incluyó un nuevo artículo (el 23) en su nueva versión del Tratado de Libre Comercio que obliga a los firmantes a tomar acciones contra la discriminación y apoya el objetivo de promover la igualdad de la mujer en los centros de trabajo, entre otros puntos contra la desigualdad laboral.
Contrario a este espíritu progresista del T-MEC, el día a día es un dolor de cabeza para las mujeres que aspiran a trabajar temporalmente en Estados Unidos como jornaleras con visas H2A o en diversos oficios con visas H2B y así lo detectaron 39 organizaciones de defensa de los derechos de las trabajadoras migrantes que impulsan una demanda ante el T-MEC.
La discriminación por sexo en contra de las mujeres se manifiesta de tres maneras, principalmente, advierte el documento.
En primer lugar, a través de prácticas de reclutamiento y contratación sistemáticamente discriminatorias, en las que las ellas son excluidas como práctica común.
Adareli Ponce tuvo que esperar tres años por una oportunidad y sólo logró entrar por recomendación de un amigo. O sea que las oportunidades de ese tipo no están a disposición de todo el mundo en una bolsa de trabajo que se entienda, “hay que tener influencias”.
En segundo lugar, el número limitado de mujeres que sí son admitidas para trabajar con visas H-2 se canalizan al programa de visas H-2B que, en términos generales, tiene condiciones menos deseables que el programa de visa H-2A, principalmente debido a que contempla menor remuneración y prestaciones, como la vivienda provista por el empleador.
En tercer lugar, una vez en el programa de visas H-2B, las mujeres son relegadas por los empleadores a trabajos menos favorables y con menor remuneración que sus contrapartes masculinas, a pesar de contar con las mismas calificaciones que los hombres.
Otro asunto de mayor delicadeza es el tema de acoso. Mariza Perez, la segunda migrante en la queja ante T-MEC, trabajó en la agricultura utilizando una visa H-2A en la pizca de pimiento, calabaza y pepino.
Las mujeres en su centro de trabajo eran relegadas a asignaciones de menores ingresos como el empacado.
Y durante el tiempo que trabajó bajo este programa, Pérez fue objeto de acoso sexual continuo y severo, incluyendo del tipo conocido como “quid pro quo” en el que su empleador y supervisor demandaron sexo a cambio de una mejor remuneración y trabajos físicamente menos demandantes.
Cuando Pérez rechazó las demandas sexuales de su empleador fue castigada y asignada a labores físicamente más rudas.
“Los casos de Adareli y Mariza no con casos anecdóticos sino representativos de las historias que vemos repetirse día a día”, advierte Rachel Micha-Jones, directora ejecutiva del binacional Centro de los Derechos del Migrante, una de las organizaciones que apoyan la queja.
Otras fallas
En 2003, Adareli Ponce, después de tres años de perseguir