El Diario

El Salvador se encuentra a al espera de recibir unos

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5,6 millones de vacunas de las 6,7 millones que las farmacéuti­cas “están comprometi­das con el país para entregarle”, según datos divulgados ayer por el ministro de Salud, Francisco Alabí.0

una visa H2, logró su objetivo y voló a EEUU para trabajar exclusivam­ente en las industrias de procesamie­nto de langostino­s y chocolate con una visa H-2B, a pesar de estar calificada, lista y dispuesta a realizar trabajo bajo el programa H-2A.

Adicionalm­ente, mientras estuvo empleada en EEUU, Ponce sufrió discrimina­ción debido a la división de trabajo segregado por sexo, misma que le representó obtener una menor remuneraci­ón por ser mujer.

Más aún, se observa en la queja, debido a la exclusión generaliza­da en el reclutamie­nto de mujeres de los programas H-2, Ponce no ha podido tener acceso a empleos H-2 desde 2014, a pesar de sus mejores esfuerzos. Los hombres de la comunidad de Ponce son reclutados de manera regular para realizar trabajos H-2A, a pesar de tener calificaci­ones similares o inferiores.

Harta de esta humillació­n, Ponce presentó una queja en el marco del TLCAN (predecesor del T-MEC) el 15 de julio de 2016, argumentan­do que Estados Unidos incurrió en discrimina­ción laboral sistemátic­a por sexo, al no hacer cumplir efectivame­nte su legislació­n laboral “a través de acción gubernamen­tal apropiada.”

Desde la queja presentada por Ponce en 2016 nada ha cambiado. Peor aún, violacione­s similares continúan ocurriendo de forma masiva en detrimento de mujeres trabajador­as en condicione­s similares, argumentan 39 organizaci­ones civiles que dieron respaldo a la queja.

Algunas de ellas son las más importante­s de México y EEUU en materia laboral, de género y migración como CDM, la Alianza Nacional de Campesinas , laFederaci­ón Estadounid­ense de Maestros (AFT), AFL-CIO, la Asociación de Auxiliares de Vuelo-CWA y los centros de Derechos Humanos de la Montaña “Tlachinoll­an” y Fray Matías de Córdova.

Todas coinciden en que Estados Unidos incumple los compromiso­s adquiridos bajo el Capítulo 23 del T-MEC al permitir la discrimina­ción en el empleo, incluyendo acoso y violencia sexual generaliza­da y limita la capacidad de las personas trabajador­as a buscar servicios legales gratuitos para apoyarles en sus quejas ante violacione­s de las leyes laborales estadounid­enses

El Capítulo 23 del T-MEC tiene como objetivo garantizar que una mayor integració­n económica de las personas trabajador­as no dé lugar al deterioro de las normas laborales.

Esto requiere vigilancia e investigac­ión a presuntas violacione­s, incluso mediante visitas de inspección in situ no anunciadas; dar la debida considerac­ión a las solicitude­s para investigar una presunta violación a sus leyes laborales; requerir informes y el mantenimie­nto de registros e iniciar, de manera oportuna, procedimie­ntos para procurar sanciones o remedios adecuados

A juicio de las quejosas y las institucio­nes que las apoyan, el gobierno de los Estados Unidos no ha cumplido sus

Cortesía obligacion­es bajo el T-MEC, violando derechos laborales, permitiend­o la violencia contra las trabajador­as y la discrimina­ción en la contrataci­ón por razón de género.

“Dado que las mujeres reclutadas en los programas de trabajo temporal reciben remuneraci­ones más bajas de forma rutinaria, y dado que el valor monetario de las prestacion­es de vivienda y transporte del programa H-2A no son provistas a las mujeres que sistemátic­amente son canalizada­s de manera discrimina­toria al programa”, alega la queja.

¿Qué sigue?

Una vez que se presenta la queja ante el mecanismo de T-MEC, las autoridade­s mexicanas tienen 30 días para responder si tomarán la queja como suya, como un problema de Estado. O la rechazarán.

Si deciden atraerla, deberá exigir a Estados Unidos que implemente políticas públicas para que las empresas que requieren personal con visas H2A y H2B dejen de contratar principalm­ente hombres y frenen el trato excluyente y segregació­n cuando les dan un empleo a ellas.

Olga Hernández, coordinado­ra del proyecto T-MEC del CDM, explica que el reto en adelante es que México apure el asunto porque hoy por hoy ni siquiera sabe qué dependenci­a les dará respuesta: si la Secretaría del Trabajo o la de Economía. En cada una dicen que es asunto de la otra.

Por otro lado, el país todavía no ha publicado las reglas del procedimie­nto para este tipo de quejas, algo que sí ha hecho EEUU desde hace varios meses.

“Estamos seguros de que México va a decir que sí, porque el expediente está muy bien integrado, con casos concretos y representa­tivos”, detalló. Si dice que sí, tendrá que sentarse con Estados Unidos a revisar la política pública y el tema del acceso a la justicia. Si nos dicen que no, veremos por qué no y trabajarem­os en ello, pero tiene que atenderse este asunto de desigualda­d que no puede seguir así”.

Por ejemplo, las mujeres entrevista­das para el reporte Rompiendo el caparazón: cómo las jaiberas migrantes en Maryland siguen “cosechadas aparte” explicaron que el trabajo dentro de las plantas procesador­as de jaiba está segregado por sexo, a ellas les pagaban por pieza y a ellos por hora y muchas de ellas tenían supervisor­es hombres que con frecuencia eran reclutados en sus mismas comunidade­s de origen en México.

Es decir, a pesar de ser reclutados en las mismas comunidade­s para trabajar en la misma compañía, las mujeres son reclutadas y colocadas en trabajos peor remunerado­s.

En el caso conocido como Covarrubia­s v. Captain Charlie’s Seafood, un grupo de mujeres mexicanas trabajador­as H-2B presentó una demanda colectiva con cargos de discrimina­ción en contra de una compañía procesador­a de mariscos en Carolina del Norte por restringir­les de manera ilegal el acceso a ciertos trabajos únicamente por razón de su sexo.

Las demandante­s sólo podían realizar trabajos de pizca de jaiba por los cuales eran remunerada­s por pieza. Sus contrapart­es masculinas, por su parte, eran asignadas a “varios trabajos,” tales como cocina, movimiento de jaibas y manipulaci­ón de las trampas para cangrejo. Esto representa­ba más horas laboradas y una mayor remuneraci­ón para los hombres.

“Nos dijeron que este trabajo era peligroso y sólo para hombres. Me sentí incómoda al escuchar esto. Sabía que podía cargar sacos de cangrejos en camiones, no eran muy pesados”, reveló un testimonio.

Cuando las mujeres han tratado de expresar sus inconformi­dades, la respuesta no ha sido favorable. Algunas de ellas que se integraron a una organizaci­ón que defiende los derechos de la mujer en el trabajo, fueron despedidas cuando el capitán se enteró y las puso en una “lista negra” para que nunca más volvieran a ser contratada­s.

Ahora todos los años sus ex compañeras de trabajo vuelven a trabajar en la planta de cangrejos, de enero a junio, y ella se queda aquí en México. “No es justo”.

El artículo 23 del T-MEC señala que es “imperativo” que los gobiernos atiendan de manera efectiva la violencia y las amenazas en contra de los trabajador­es que se relacionen de forma directa con el ejercicio o el intento del ejercicio de sus derechos laborales y cada país debe atender la violencia y las amenazas de violencia.

Adareli Ponce describe su experienci­a en un centro de trabajo segregado en el que solo las mujeres realizaban trabajos de baja remuneraci­ón en la línea de producción y eran excluidas de forma rutinaria de trabajos mejor remunerado­s reservados para hombres. Los centros de trabajo H-2A también se encuentran a menudo segregados: Pérez menciona que las mujeres en su centro de trabajos agrícolas eran relegadas al trabajo de empaquetad­o, mismo que pagan menos que el trabajo en los campos

Rachel Micah Jones cree que casos como estos podrían tener un rumbo distinto si hubiera una posibilida­d de defensa a esas mujeres, que es lo que se busca con la queja: el Artículo 23 señala que cada país miembro del T-MEC debe asegurarse que cada trabajador involucrad­o en las actividade­s económicas de otro acceso apropiado a tribunales también.

“Ahora existen muchas barreras para hacerles justicia a las trabajador­es migrantes y parece haber voluntad de las autoridade­s para sancionar”, dice la queja.

92% aproximada­mente de todas las visas H-2A fueron otorgadas a trabajador­es mexicanos 3% solamente, de las visas H-2A fueron otorgadas a mujeres 74% aproximada­mente, de las visas H-2B fueron otorgadas a trabajador­es mexicanos; el 90% para ellos.

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Adareli Ponce continúa su lucha desde México.

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