EN EL TPS BIDEN ESTÁ DEL LADO EQUIVOCADO
Desde que asumió el cargo, el presidente Biden puso fin a la construcción del muro fronterizo. Anuló la obligación de que solicitantes (legales) de asilo permanezcan en México independientemente de dónde vinieron. Y eliminó la “carga pública” por la cual los inmigrantes, si recibían beneficios del gobierno, no eran elegibles para la legalización.
Pero en un aspecto crucial, este gobierno no solamente que no rescindió las políticas de Trump sino que las prolonga, las aplica y las representa en corte.
Se trata de la posibilidad de que los 400,000 amparados bajo el programa TPS puedan solicitar la residencia permanente y consecuentemente, la ciudadanía.
Ahora, la decisión está en manos de la Corte Suprema, que inició ayer el conocimiento del caso que decidirá el futuro de muchos “tepesianos”.
Como se sabe, TPS o Estatus de Protección Temporal protege a quienes huyeron de
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Operating Co. LLC company ciertos países por desastres naturales o conflictos armados e ingresaron a Estados Unidos ilegalmente.
Se trata, hoy, de más de 400,000 solicitantes de doce países, de los cuales 250,000 llegaron de El Salvador y el resto principalmente de Honduras y Guatemala.
En 2013, la pareja de José Sánchez y Sonia González, amparados bajo TPS desde 2001, solicitaron una visa permanente.
En 2015 el gobierno rechazó su petición porque ingresaron sin documentos. Ahora el caso llega a la Corte Suprema.
Y los representantes del gobierno en la Corte insisten en rechazarlos.
Sánchez y González representan a centenares de miles de familias que viviendo aquí legalmente han echado raíces en nuestro país. Aquí trabajan, pagan impuestos; algunos compran viviendas. Aquí han tenido hijos que son ciudadanos estadounidenses.
La posición del gobierno Biden contra la legalización de los “tepesianos” es incompatible
Javier Casas, General Manager
Carmen Villavicencio, Executive Editor. Angel Vazquez, Sales and
Circulation. Rossana Rosado, Publisher Emeritus
Iván Adaime, CEO Javier Casas, CFO Rafael Cores, Content con sus decisiones proinmigrantes. Es contraria a sus promesas electorales.
Y está del lado equivocado de la historia.
El gobierno actual presenta una interpretación de la ley que afirma, existe en los hechos desde hace tres décadas. Quizás, pero fue codificada recién por Trump.
Y muchos expertos la rechazan diciendo que el mero hecho de haber sido amparados bajo el programa TPS caduca la ilegalidad de su ingreso y los debería hacer elegibles para la residencia permanente.
Finalmente, la oposición del gobierno actual a la regularización migratoria de los amparados bajo TPS carece de sentido común.
Si los solicitantes no pueden pedir la residencia por haber entrado sin papeles, estarán obligados a retornar a esos países para desde allí iniciar de cero el trámite migratorio y exponerse precisamente, por años, a los peligros de los cuales el TPS pretendía protegerlos.•
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