Defienden derechos
La petición de John Ramírez, un preso latino que quiere que un pastor bautista pose sus manos sobre su cabeza y ore en voz alta cuando reciba la inyección letal, llevó ayer ante el Supremo de EEUU el debate sobre los derechos religiosos de los condenados a la pena de muerte.
Durante una audiencia, los nueve magistrados del Supremo, de mayoría conservadora, escucharon los argumentos de la defensa de Ramírez, cuya ejecución fue suspendida el pasado 8 de septiembre mientras se estudia su pedido, así como los del Departamento de Justicia y del estado de Texas.
El caso ha enfrentado a quienes defienden el derecho de los condenados a la pena capital a recibir asistencia según su credo religioso en sus momentos finales y a los que consideran estas solicitudes un intento de retrasar las ejecuciones.
Ramírez, de 37 años, fue condenado a muerte en 2008 por asesinar cuatro años antes a puñaladas a Pablo Castro, un trabajador de una tienda en Corpus Christi, a quien robó $1.25 dólares.
Desde entonces, la defensa de Ramírez impugnó la sen
El caso ha enfrentado a quienes defienden el derecho de los condenados a la pena capital a recibir asistencia según su credo religioso.
Sin embargo, este pedido obligará al máximo tribunal estadounidense a decidir si respeta los derechos religiosos de los condenados a muerte incluso ante la posibilidad de que se multipliquen las solicitudes similares, que podrían retrasar o hacer más engorrosas las ejecuciones.
El juez Clarence Thomas puso el tema sobre la mesa, al preguntar si Ramírez está “engañando al sistema” o si se está poniendo en cuestión “la sinceridad de sus creencias religiosas”.