Prohíben excluir a las escuelas religiosas de subvenciones públicas
El Tribunal Supremo de Estados Unidos, de mayoría conservadora, falló ayer que las autoridades no pueden excluir a las escuelas religiosas de los programas públicos de subvenciones para el acceso a la educación.
El alto tribunal dio la razón a los denunciantes de un programa del estado de Maine que daba apoyo económico a los habitantes de áreas remotas para que acudieran a escuelas públicas o privadas en otras comunidades, pero excluía de esta posibilidad a los centros educativos religiosos.
El fallo fue aprobado con el voto a favor de los seis magistrados conservadores y el voto en contra de los tres jueces progresistas.
El presidente del Supremo, el conservador John Roberts, esgrimió que el programa de Maine es un caso de “discriminación religiosa” y que promueve una “separación entre la Iglesia y el estado más estricta de lo que establece la Constitución”.
“Los intereses de un estado no justifican las leyes que excluyen a algunos miembros de la comunidad de un beneficio público debido a su religión”, afirmó.
Por su parte, la jueza progresista Sonia Sotomayor consideró en una opinión de disenso contra este fallo que la decisión obliga a “subvencionar el adoctrinamiento religioso con el dinero de los contribuyentes”.
“Este tribunal está desmantelando el muro de separación entre la Iglesia y el Estado que los artífices de la Constitución lucharon por construir”, criticó.
El programa de Maine fue denunciado por dos familias: una que no recibió la subvención por llevar a su hija a un colegio cristiano, y otra que se vio obligada a inscribir a sus hijos en una escuela laica cuando en realidad quería enviarlos a un centro religioso.
Las autoridades de Maine argumentaron que los padres son libres de dar una educación religiosa a sus hijos, pero que el estado debe promover una educación que “promueva la tolerancia y sea religiosamente neutral”.
La ONG Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU) lamentó en redes sociales que “por primera vez el Supremo ha exigido explícitamente a los contribuyentes a financiar la educación religiosa en escuelas privadas”, algo que “socava la Constitución”.