NO MÁS ABUSOS DE LA MIGRA
Ayer el Subcomité Permanente de Investigaciones del Senado, liderado por Jon Ossof (D-Georgia) inició una serie de audiencias sobre el abuso médico de más de 40 mujeres inmigrantes en el Centro de Detención del Condado de Irwin (ICDC) en Ocilla, Georgia, al término de una prolongada investigación.
La investigación, iniciada en mayo de 2021, confirmó lo ya conocido. En este centro privado perteneciente a LaSalle Corrections, decenas de mujeres inmigrantes fueron sometidas a histerectomías - la extirpación quirúrgica del útero y otros órganos - a prácticas de esterilización forzosa, innecesarias e irreversibles, sin su consentimiento y en repetidos casos sin siquiera su conocimiento.
El escándalo inició en junio de 2020, cuando una enfermera que había trabajado allí presentó una denuncia.
Su testimonio corroboró las quejas de los detenidos en el ICDC, que durante años no fueron tomadas en cuenta.
Ya en 2017 un grupo proinmigrante había reportado incidentes de abuso sexual, atención médica inadecuada, falta de atención prenatal para las embarazadas, y uso desenfrenado de la reclusión en régimen de aislamiento.
La situación no mejoró, y tres años después, se denunciaron los procedimientos ginecológicos innecesarios, negligencia médica deliberada, escasez de pruebas de COVID-19, destrucción de formularios de solicitud médica, fabricación de falsos registros médicos y más. Varias de las mujeres denunciantes fueron castigadas con aislamiento y algunas deportadas para prevenir su testimonio.
La mayoría de los abusos fueron cometidos por un ginecólogo, Mahendra Amin, y su equipo.
La Secretaría de Relaciones Exteriores de México tomó cartas en el asunto y pidió del gobierno estadounidense una investigación a fondo.
En diciembre de 2020, 40 de las víctimas presentaron una demanda colectiva, que pidió una compensación de $5 millones, la adjudicación de visas U de no inmigrantes y el regreso de las deportadas a EEUU.
A causa de la publicación en los medios, en mayo de 2021 la administración Biden rescindió el contrato de ICE con el centro y reubicó a los detenidos.
Una investigación del FBI sigue su curso.
El escándalo reveló la vulnerabilidad de las inmigrantes, detenidas por la infracción administrativa de cruzar ilegalmente la frontera. Hay que decirlo claramente: el abuso fue posible porque las víctimas eran mujeres inmigrantes, indocumentadas e indefensas.
En el ICDC se cometieron abusos que deben ser castigados, de los que también fue responsable la empresa propietaria de la cárcel. También debe investigarse la inacción de los funcionarios federales, especialmente de la agencia de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), que estaban en conocimiento de los hechos, justificaron inicialmente los procedimientos del médico Amin, y no intervinieron para detener los atropellos hasta que el caso se hizo público.
Estos no son incidentes aislados. Existe un patrón de negligencia médica y violencia en los centros de detención de inmigrantes en todo el país. Esperamos que este sea el comienzo de la toma de conciencia respecto a este problema y que el gobierno ponga de una vez fin a los abusos.•