División entre los repartidores por cuotas salariales
Un grupo de ‘deliveristas’ boicoteó un acto donde se iba a denunciar el que las autoridades municipales pospusieran un pago mínimo por hora para estos trabajadores
Un acto de protesta organizado el martes en Nueva York por el grupo de repartidores de comida neoyorquino Justice Workers Project para pedir un salario digno, terminó en una trifulca entre representantes de esta asociación y una treintena de repartidores que rechazan su mediación ante las autoridades.
La directora de esta organización, Ligia Guallpa, había organizado una rueda de prensa frente a la Alcaldía para denunciar la decisión anunciada por las autoridades de posponer por más tiempo la imposición de un pago mínimo por hora a los 65,000 repartidores de comida de Nueva York, conocidos como “deliveristas”.
El pasado noviembre, la Alcaldía propuso un pago de 23.82 dólares la hora, pero posteriormente, el Departamento de Consumo y Protección Laboral, fijó el salario en 17.96 dólares para este año y de $19.86 en 2025.
Sin embargo, las autoridades han decidido posponer por el momento la entrada en vigor de la medida, que según dijo Guallpa, permitirá a las aplicaciones de comida como Doordash y Grubhub aumentar su presión sobre los legisladores para intentar reducir aún más esas cantidades.
Guallpa no pudo tomar la palabra en público, porque momentos antes de que arrancara el acto, un repartidor identificado como Octavio López, comenzó a acusar a los integrantes de este grupo de corrupción y de no repartir las subvenciones y premios recibidos entre todos los repartidores.
Mientras se enfrentaba a los presentes e impedía que la rueda de prensa diera comienzo grababa con su teléfono móvil y emitía en directo la bronca.
Poco a poco, hasta una treintena de repartidores convocados por López, que doblaban en número a los representantes de “Justice Workers Project” (uno de sus sindicatos), fueron llegando y sumándose al sabotaje del acto, que finalmente no pudo celebrarse.
“Estamos divididos. Hoy es un día muy triste”, reconoció Guallpa en un amago de rueda de prensa, en el que subrayó que a la postre “las únicas que ganan son las compañías”.
“Esto es fruto de la frustración, de la rabia que hay en las calles después de dos años de lucha”, agregó la activista, antes de insistir en que la decisión de la Alcaldía provoca más “incertidumbre, más división y más preocupación”.
Actualmente, el sueldo de los deliveristas se limita a las propinas que reciben de los clientes y según Justice Workers Project, estos tienen que hacer una inversión inicial de unos 10,000 dólares para comenzar a trabajar como repartidores y entre 500 y 1,000 dólares mensuales para otras necesidades que no son cubiertas por las aplicaciones.
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«Estamos divididos. Hoy es un día muy triste. Esto es fruto de la frustración, de la rabia que hay en las calles después de dos años de lucha».
Ligia Guallpa, directora de Justice Workers Project