Juez: liberación de inmigrantes en espera de asilo es ilegal
Corte en Florida no reconoce al Departamento de Seguridad Nacional la autoridad de colocar a indocumentados bajo programas alternativos a la detención como el ‘parole’ mientras esperan la decisión sobre sus peticiones de asilo
Un juez federal de Florida declaró ilegal que el Gobierno federal libere a inmigrantes bajo programas alternativos a la detención (ATD), mientras esperan una decisión de tribunales sobre sus peticiones de asilo.
Además, el juez Kent Wetherell, del Distrito Sur de Florida, señala que la política de libertad condicional o ‘parole’ combinada con ATD es “ilegal”, ya que viola la Ley Administrativa (APA).
El juez nombrado por el expresidente Donald Trump indica que las acciones de la Administración del presidente Joe Biden no respetan del todo la Ley de Inmigración y Nacionalidad (INA), por lo que su decisión es limitada.
“El Tribunal determina que (1) la Política de No Detención existe, pero no es una ‘acción discrecional de agencia’ que esté sujeta a revisión judicial en virtud de la APA, aunque si lo fuera, estaría sujeta a vacatur, porque contraviene el INA; y (2) la Política Parole+ATD es ilegal y debe anularse bajo la APA”, se especifica en la opinión.
Como parte de sus argumentos, el juez Wetherell señala que la ley migratoria es clara al indicar que un inmigrante debe permanecer bajo detención, mientras espera una decisión sobre su petición de asilo.
“Si dicho extranjero indica la intención de solicitar asilo o temor de persecución, el extranjero ‘será detenido’ en espera de una determinación final de asilo o temor creíble de persecución”, dice el juez en su decisión.
El juez reconoció que existe una crisis en la frontera, pero que no es su labor resolver dicha crisis, sino hacer obedecer las leyes migratorias.
La demanda fue presentada en 2021 por la fiscal general de Florida, Ashley Moody, al sostener que las políticas de la Administración Biden dan como resultado que los inmigrantes indocumentados fluyan hacia el estado, lo cual aumenta los costos de servicios como prisiones, escuelas y atención médica.
La fiscal general también argumentó que los no ciudadanos causan problemas de seguridad pública, e incluso conectó la inmigración con el tráfico de fentanilo.
“La administración Biden está liberando a decenas de miles de migrantes en la frontera cada mes”, dice la demanda. “Muchos de estos migrantes están llegando o llegarán a Florida, perjudicando los intereses casi soberanos del estado y obligándolo a incurrir en gastos de millones de dólares”.
El Departamento de Justicia (DOJ) argumentó que el Gobierno federal tiene la autoridad para determinar las políticas de inmigración, en este caso desde el Departamento de Seguridad Nacional (DHS), por lo que criticó que la fiscal general Moody cuestionara esa capacidad de tomar decisiones.
El juez Wetherell, de hecho, consideró que el DHS puede administrar la ley migratoria.
Aaron Reichlin-Melnick, director de Políticas del Immigration Council, consideró que la decisión podría causar hacinamiento en la frontera.
“Podría conducir a un hacinamiento muy peligroso en la frontera”, expresó en un tuit, ya que los oficiales de inmigración ya no podrían dejar en libertad a ciertos inmigrantes.
El juez dio siete días a la Administración Biden para que decida si apela la decisión, periodo tras el cual se hará efectiva la prohibición.