Piden ajustar los costos para avanzar con la reconstrucción
El presidente de la Asociación de Alcaldes de Puerto Rico, Luis Javier Hernández, insiste en que si no se resuelve este asunto los procesos de reconstrucción poshuracanes en la isla se retrasarán aún más
El presidente de la Asociación de Alcaldes de Puerto Rico, Luis Javier Hernández, consideró que el alza en costos por inflación es, al momento, el principal reto que enfrenta el proceso de reconstrucción poshuracanes en la isla.
El presidente de la entidad ha sido uno de los más vocales con relación al desembolso de fondos federales para municipios en la isla, y particularmente, los impedimentos para avanzar con los proyectos debido a que los costos fijos establecidos por FEMA no son suficientes.
En enero pasado, el también alcalde de Villalba se reunió con personal de la Agencia Federal para Manejo de Emergencias (FEMA), entidad encargada de asignar y obligar los fondos para proyectos de obra permanente bajo el Programa de Asistencia Pública (PA), para una vez más alertar de esta problemática.
Hernández también ha acudido a la capital federal para participar de reuniones en la Casa Blanca en las que ha insistido en la necesidad de que se ajuste el costo de los proyectos debido a la inflación.
Según el ejecutivo municipal, los costos de algunos de los grandes proyectos de reconstrucción tras los huracanes María e Irma en el 2017 se han duplicado o han aumentado entre 30% o 40% del estimado original.
Subastas desiertas por incongruencias en estimados de costos
Esto a su vez lleva a que los contratistas rechacen comprometerse con un desarrollo que va a costar más que lo autorizado por FEMA, y que no acudan a las subastas.
“Es algo que nosotros estamos diciendo hace mucho tiempo. Nosotros hemos estado dando las luchas más puntuales para que el acuerdo de no desembolsos se dejara sin efecto para que entráramos en un proceso de adelanto de fondos. Se logró, pero lamentablemente en el 2021. Ahora nuestra batalla es manejar el tema de la inflación de recursos; acuérdate que nosotros estamos atados al 428, que es una sección de la Ley Stafford especial de manejo de fondos, pero que limita a los proyectos”, declaró el líder de los alcaldes del Partido Popular Democrático (PPD) en entrevista con El Diario.
Bajo la sección 428 de la Ley Stafford, los grandes proyectos de reconstrucción o de más $1 millón están sujetos a un estimado de costo fijo que no se puede cambiar o enmendar luego de haber sido acordado.
La Ley Robert T. Stafford de Ayuda por Desastre y Asistencia por Emergencia de 1988 (Ley Stafford) autoriza la asistencia federal cuando el presidente de Estados Unidos declara zona de desastre en algún estado o jurisdicción.
Hernández propone a FEMA una revisión uniforme de costos
En ese sentido, Hernández, dijo que su propuesta a FEMA va en la línea de una revisión uniforme de costos.
“En estos momentos como estamos bajo la sección 428 no se permite una revisión de costos uniformes, se tiene que ir al mecanismo de reconsideración, revisión de PW (Project Worksheet Cover), y eso puede tardar meses o años. Yo estoy pidiendo una revisión uniforme. Eso adelantaría que casi todos los proyectos se reajusten para que entonces cuando se celebren las subastas no tengamos el problema de que se están yendo por encima, casi el doble en números y no podemos adjudicarlas porque no tenemos los recursos”, recomendó el alcalde de Villalba.
El entrevistado mencionó el caso de un proyecto para un parque de béisbol en su municipio para ejemplificar los problemas entre el costo fijo y el estimado más actualizado.
“Yo subasté hace poco un proyecto en un pequeño parque de pelota en una comunidad que tenía adjudicado en el PW (Project Worksheet Cover) cerca de $700,000 dólares; la subasta más baja me vino por $2.5 millones. Estamos hablando de más del doble. ¿Qué tuve que hacer?, reajustar los costos y pedirle a FEMA una reconsideración, y todavía estoy en ese proceso”, relató.
“Es un proceso que toma tiempo, por eso es que yo le estoy diciendo a FEMA que para evitar que, como mi municipio, otros municipios estén en ese proceso, pues hagamos una revisión uniforme, y así con esos costos fijos ajustados se puedan celebrar subastas un poco más cerca de los números”, agregó el también candidato al Senado por acumulación.
Para cambios en los procedimientos bajo la Ley Stafford, el Congreso pudiera intervenir, pero también algunos sectores apuntan a posibles ajustes a nivel administrativo sin necesidad de acción legislativa.
El líder del PPD además
mencionó el problema para que contratistas participen de las subastas debido a que excedieron su límite de fianzas.
“El gobierno nunca se preparó para este ‘boom’ de proyectos, y entonces tenemos pocas compañías con sus fianzas de desempeño y adjudicación muy condicionadas. Por ejemplo, tengo compañías en P.R. que ya excedieron su límite de fianzas. Para participar de una subasta en P.R., tienes que tener dos fianzas, la de participar y la fianza de pago y cumplimiento. El problema que tenemos es que muchas de las compañías ya excedieron sus límites, por consiguiente, no pueden participar en ninguna otra subasta aunque quisieran…”, explicó.
Lenta reconstrucción de las escuelas
Otros de los asuntos que es necesario evaluar y que Hernández ha señalado a las autoridades federales es la lentitud
en la reconstrucción de escuelas en la zona sur del país, muchas de las que resultaron impactadas no solo por los huracanes, sino por los sismos del 2020.
“Le hemos pedido a Educación que acelere el proceso de trabajar los proyectos; le hemos puesto a los municipios como recursos para adelantar esa reconstrucción, ellos no lo han permitido. Ellos tendrán sus razones. Educación no tiene la capacidad gerencial para trabajar tanto proyecto; Educación no es una agencia para eso. Segundo, el cambio de PREPA (Autoridad de Energía Eléctrica / AEE) a LUMA Energy, y darle los proyectos de reconstrucción a LUMA sin que PREPA diga cómo se van a gerenciar esos proyectos también ha sido un dolor de cabeza. Tercero, Vivienda tiene demasiadas cosas en las manos; aparte de ‘City Revitalization’; se pueden estar trabajando otros proyectos.
Y así hay un sinnúmero de ejemplos de cómo este gobierno lamentablemente ha hecho una pobre ejecución, y a este momento solo tiene un 8% (de obra permanente completada)”, consideró.
El informe divulgado en febrero pasado por la Contraloría General de Estados Unidos (GAO) sobre el uso, hasta junio de 2023, de solo 8% de los fondos federales provistos por FEMA para obra permanente hace especial énfasis en el problema del aumento en los costos por inflación.
El estudio, nombrado “Desastres en Puerto Rico: progreso realizado, pero la recuperación continúa enfrentando retos”, señala y citamos: “Específicamente, beneficiarios secundarios de la subvención que recibieron fondos de FEMA a través de un proceso expedito en Puerto Rico han identificado un incremento en los costos de los proyectos que ponen en riesgo completar los trabajos en las instalaciones”.
El reporte pone como ejemplo el caso de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA) y el aumento de 42% en los costos para reparar una planta de tratamiento de agua en comparación con el estimado original.
Un grupo de 43 legisladores federales tanto de la Cámara de Representantes como del Senado, la mayoría demócratas, firmaron una carta en la que le piden al secretario del Departamento de Justicia de Estados Unidos, Merrick Garland, condenar el lenguaje racista de los Casos Insulares de la Corte Suprema y su impacto en territorios como Puerto Rico.
La doctrina del máximo foro judicial en Estados Unidos ha establecido un marco legal que legitima el trato discriminatorio y desigual a los habitantes de los territorios.
El impacto de las decisiones de la Corte Suprema que datan de principios del siglo pasado siguen teniendo vigencia hoy día, ya que instituyeron diferencias entre los territorios incorporados y los no incorporados.
En resumen, la doctrina facilita que en los territorios no incorporados de EEUU no se apliquen todos los derechos de la Constitución de Estados Unidos. De fondo, estuvo la intención de que estas jurisdicciones no se convirtieran en estados de la nación.
La misiva con fecha del 15 de abril fue firmada por 15 miembros del Senado y 28 de la Cámara de Representantes.
Algunos de los que suscribieron el documento fueron el representante demócrata de Arizona, Raúl Grijalva, miembro de alto rango del comité de Recursos Naturales que atiende los asuntos relacionados con P.R.; los representantes de origen boricua de Nueva York, Nydia Velázquez, Alexandria Ocasio-Cortez y Ritchie Torres; el demócrata de Florida, también de origen boricua, Darren Soto; y la comisionada residente, la republicana Jennifer González. El texto también fue firmado por el representante demócrata de N.Y., Jerry Nadler, miembro de alto rango del Comité Judicial de la Cámara.
En el Senado, algunos de los congresistas que avalaron la carta fueron el demócrata de Illinois, Dick Durbin, quien además es el presidente del Comité Judicial de ese cuerpo legislativo.
Otros que firmaron la misiva fueron los demócratas Kirsten Gillibrand, de NY; Ron Wyden, de Oregon; Richard Blumenthal, de Connecticut; Alex Padilla, de California; y Elizabeth Warren,
Casos Insulares identifican a residentes de territorios como “salvajes”
“Los Casos Insulares surgieron de los valores anticoloniales de la fundación de nuestra nación para sostener que los ‘medio civilizados’, ‘salvajes’, y ‘razas alienígenas’ que viven en Puerto Rico, Guam, y otros territorios de EEUU, no tenían los mismos derechos constitucionales y participación democrática otorgada a las personas en los Estados Unidos continentales, porque ellos no estaban ‘aptos’ y no podían entender los ‘principios anglosajones’. Como la jueza (Sonia) Sotomayor recientemente enfatizó, los Casos Insulares ‘partían de la premisa de creencias tanto odiosas como erróneas’, con el juez (Neil) Gorsuch declarando que ‘no merecen espacio en nuestra ley’”, lee la misiva divulgada a los medios.
En ese contexto, los legisladores piden a la agencia que reconozca el carácter racista de la doctrina.
“De manera similar, el Departamento de Justicia debe reconocer la lógica racista que la doctrina de incorporación territorial representa y rechazar expresamente esta jurisprudencia”, agrega la misiva.
A juicio de los congresistas, bajo la doctrina, respaldada por muchos de los jueces que favorecieron la segregación racial de “separados, pero iguales” en Plessy v. Ferguson, se justifica el sistema colonial y se rechaza la autodeterminación de los habitantes en los territorios.