Menores llegan desde Centroamérica con nuevo programa para refugiados
Para frenar la ola de los que intentan cruzar de forma ilegal
Primero se le acercaron dos pandilleros y después fue acosada por más de diez.
Génesis Amaya recuerda bien aquel día del año pasado en El Salvador, cuando ella, su hermano y sus primas fueron hostigados en un mercado por varios miembros de las Maras (pandillas) que no reconocían a su hermano, quien vive en Estados Unidos y estaba de visita. Los pandilleros rodearon incluso su casa en el departamento de Cabañas y se dispersaron sólo cuando alguien llamó a la policía.
Fue apenas uno de varios sustos: a la joven de 22 años le han robado tres veces a punta de pistola y en 2014 mataron a su tío Alex en San Salvador por motivos que desconoce.
“Me sentía insegura en todos lados”, explicó la joven. “No sé qué me hubiera pasado si me hubiera quedado allí”.
Pero logró irse e ingresar legalmente a Estados Unidos.
A diferencia de los miles de jóvenes de Guatemala, Honduras y El Salvador que realizan un peligroso camino para cruzar ilegalmente la frontera entre México y Estados Unidos, Amaya llegó cómodamente el 5 de abril en un avión y cuenta con un estatus de refugiada que le abre las puertas para solicitar la residencia permanente y sembrar un futuro.
Amaya es una de los primeros 368 jóvenes que ha llegado legalmente a Estados Unidos a través de un nuevo programa de refugiados que busca contener la ola de menores centroamericanos que intenta ingresar ilegalmente a Estados Unidos, a menudo no acompañados.
La obtención del estatus de refugiada tomó un año, algo que políticos y activistas consideran demasiado tiempo, pero para algunas familias como la de Amaya ese año se pasó volando.
“Yo lo considero bastante rápido”, dijo Ana García, la madre de la joven. “Hablé durante años con abogados para ver las posibilidades de traer a Génesis aquí y ellos siempre me decían que tomaría años”.
El Programa para Menores Centroamericanos (Central American Minors Program) permite a algunos padres centroamericanos que residen legalmente en Estados Unidos solicitar que sus hijos que viven en Centroamérica sean traídos al país como refugiados a pesar de que ellos no lo son. A diferencia de otras vías en que residentes legales pueden pedir a sus hijos, este programa es gratis y ofrece servicios sociales y asistencia financiera a los refugiados que llegan.
La iniciativa, por otro lado, ofrece por primera vez a personas con estatus de protección temporal (TPS) la posibilidad de traer a un hijo suyo. La gran mayoría de padres que solicitan traer a sus hijos a través del programa tienen TPS, aseguran los expertos. Hay 204.000 salvadoreños y 57.000 hondureños que tienen ese estatus. No hay TPS para los guatemaltecos.
Tras un largo y enrevesado proceso, los primeros jóvenes empezaron a llegar en noviembre. Portavoces del Departamento de Estado dijeron que California, Georgia y Texas son los estados que acogen a un mayor número de estos adolescentes y que de momento se han procesado de forma preliminar más de 5.000 de las aproximadamente 8.880 solicitudes recibidas.
Sin embargo, sólo 267 salvadoreños, 90 hondureños y 11 guatemaltecos se encuentran en Estados Unidos. Aproximadamente un 40% de los jóvenes que ha logrado llegar tiene un estatus de refugiado y puede trabajar, mientras que a un 59% se le ha concedido una entrada temporal de dos años que tendrá que renovar una vez cumplido ese plazo.
García, la madre de Amaya, llevaba años intentando traer a su hija a Estados Unidos, donde viven sus otros dos hijos. El mayor, al que trajo con un visado de turista que expiró, se casó con una estadounidense y así pudo obtener la ciudadanía. A través de él, García logró la residencia permanente.
“Es la mayor bendición. Todavía no lo creo”, comenta la salvadoreña de 49 años cuando ve a su hija con ella, en el apartamento que comparten en Valley Stream, en las afueras de la ciudad de Nueva York.
Activistas dicen que Estados Unidos tiene que agilizar el proceso y que no se puede permitir que los menores sigan expuestos a tantos peligros por mucho tiempo.
“Nuestros jóvenes solicitantes han sido violados, secuestrados e incluso asesinados mientras esperan a que su solicitud sea procesada”, dijo Joanne Kelsey, del Lutheran Immigration and Refugee Service, una de las nueve agencias en Estados Unidos que trabaja con el gobierno para procesar las solicitudes.
Kelsey dijo que sabe de dos casos específicos en que jóvenes solicitantes fueron asesinados, pero asegura que hay “docenas” de casos en que los jóvenes abandonan el proceso e inician el camino hacia la frontera “debido a la situación de peligro que enfrentan”. Kelly Agnew-Barajas, directora de reubicación de refugiados de la organización Catholic Charities, dice que sabe de un caso en que el joven solicitante recibió varios tiros en el pecho y de otro en que un hermano y hermana solicitantes fueron apaleados por pandilleros.
Una nueva vida
El hondureño Luis Felipe Araque llegó en mayo a Brooklyn para vivir con su madre Laura, quien lleva 20 años en el país y cuenta con un estatus de protección temporal.
Araque acaba de empezar a trabajar en un restaurante de comida rápida y hace una vida muy distinta a la que llevaba en Puerto Cortés, en el norte de Honduras, donde pandilleros dispararon contra el autobús en el que viajaba desde la universidad a su casa y donde fue asaltado a punta de pistola.
“Mi madre me dijo que (Araque) temblaba y que llegó blanco a casa”, dijo Laura. “Le pidió al ladrón que se llevara el dinero y el celular pero que por favor no le quitara sus papeles de identidad, que son tan difíciles de conseguir. Al menos en eso el ladrón le hizo caso”.
Para Laura, tener a su hijo cerca después de sólo verle esporádicamente durante dos décadas, es casi un milagro.
“Llevaba esperando este momento por tanto tiempo”, aseguró. “Ahora mi hijo y yo vamos a empezar a conocernos”.
“A los niños los persiguen para entrar en las pandillas. Los hostigan. Es un susto para los niños y los padres”, agregó.
Ahora Araque, que está aquí como refugiado, espera estudiar criminología y sueña con trabajar para el FBI.
“Quiere comerse este país”, asegura Laura. “Quiere escrudiñar cada cosita. Tiene muchas ganas de todo. Tiene veinte años y juega como si tuviera once”.
Casos como los de Araque y Amaya ofrecen una alternativa a los ingresos ilegales, que siguen siendo severamente castigados. Las autoridades continúan realizando redadas para deportar a menores y familias centroamericanas que llegaron recientemente al país.
Desde octubre más de 800 inmigrantes que llegaron a Estados Unidos como menores no acompañados han sido deportados, según estadísticas oficiales.
Para Agnew-Barajas, de la organización Catholic Charities, otro grave problema es que el gobierno no ha entregado fondos específicos a agencias como la suya para llevar a cabo la iniciativa. Al igual que el Lutheran Immigration and Refugee Service, Catholic Charities tramita las solicitudes iniciales y hace seguimiento de los casos, pero no ha firmado un contrato con el gobierno.
“Es como si trabajáramos de voluntarios”, dijo Agnew-Barajas, que destacó que el volumen de trabajo que ha generado el programa es muy alto y los recursos muy escasos.
Más rápido
Simon Henshaw, un alto funcionario del Departamento de Estado, dijo que se acelerará el proceso de solicitud. Indicó que a partir de ahora no se esperará a que lleguen los resultados de las pruebas de ADN de padres e hijos para concertar las entrevistas, lo que ahorrará mucho tiempo.
“Podremos ir avanzando con otras cosas al mismo tiempo, en lugar de frenarlo todo para esperar por los resultados”, dijo Henshaw.
El plan, no obstante las demoras, “ofrece una alternativa segura a niños vulnerables, que enfrentan violencia o situaciones de violencia en esos países”, opinó Avigail Ziv, directora para Nueva York y Nueva Jersey del International Rescue Committee, que tiene 27 oficinas en el país y trabaja con el gobierno para desarrollar el programa.
Los costos del Central American Minors Program, conocido como CAM, son altos para familias de bajos recursos, pero no imposibles. García dice que pagó 740 dólares para las pruebas de ADN de ella y su hija, que le fueron reembolsados a los casi tres meses. El vuelo que trajo a Amaya a Nueva York costó 900 dólares, que la familia paga a plazos de 35 dólares al mes.
Este programa “es una gran oportunidad para todas las familias que están pasando por lo mismo”, asegura la inmigrante.