Política de inmigración, foco de desconfianza
Nueva política ahuyenta a muchos de la policía
LEY: el impulso en la legislatura contra las llamadas ‘ciudades santuario’ generó más miedo.
Una mujer que hizo una presentación de rutina en un tribunal de Nuevo México se escondió en un cuarto de baño después de ver agentes de inmigración y fue detenida en el mismo sanitario. Inmigrantes que se presentaron para un trabajo de servicio comunitario en Fort Worth fueron recogidos por las autoridades para ser deportados. Y en Houston, algunos tienen tanto miedo de ser detenidos que están tomando Uber o viajan con amigos estadounidenses en lugar de conducir sus propios autos.
En todo el país, incidentes como éstos están aumentando debido a la política migratoria impulsada por el presidente Donald Trump para atrapar y deportar a cualquier inmigrante ilegal, incluso algunos con permiso para quedarse, dicen defensores de inmigración y abogados.
Muchos ahora tienen miedo de presentarse a las audiencias ordinarias de la corte o a las citas de libertad condicional. Son reacios a pagar boletos o a ponerse al volante después de una serie de arrestos publicitados en los tribunales y después de interacciones con la policía.
Todo esto ha alimentado la percepción de que están en riesgo cada vez que se involucran con la policía, lo que sólo se agravó después de que la Legislatura de Texas aprobó la semana pasada un proyecto de ley que el gobernador Greg Abbott firmó el domingo por el cual la policía puede interrogar a cualquiera, incluyendo a niños, sobre su estatus migratorio. Esa política fue rechazada por los jefes de policía de las principales áreas urbanas del estado, aunque las agencias más pequeñas aplaudieron el cambio.
Funcionarios de Houston y de otros lugares han tratado de tranquilizar a los inmigrantes celebrando ayuntamientos y eventos comunitarios patrocinados por la policía, como juegos de fútbol, pero el número de crímenes violentos reportados por los hispanos se ha desplomado.
Los defensores de los inmigrantes dicen que parece que los agentes de inmigración están buscando documentos elegibles para la deportación, una práctica alabada por los partidarios de Trump, quienes dicen que los que están aquí ilegalmente deben ser expulsados, sin importar su situación. Durante demasiado tiempo, sostienen ellos, los agentes no contaban con suficiente autoridad.
Esta semana, funcionarios de inmigración arrestaron a un hombre con dos condenas por delitos menores, que estaba bajo fianza y compareció en una audiencia por un delito menor regular en el Tribunal 3 del Condado de Harris, según un abogado y coordinador de la corte.
Un hombre en libertad bajo fianza por un arresto por conducir ebrio fue detenido en un tribunal municipal de Pasadena en marzo, después de que llegó para resolver una citación de tránsito, dijo Carlos Manzano, de la empresa America´s Bail Bonds y que manejó su fianza. El hombre, que tenía una orden de deportación anterior, ya fue trasladado a México, dijo Manzano.
Agentes de inmigración también han arrestado al menos a tres personas que asistieron a audiencias ante tribunales por delitos menores en San Antonio y Austin. También detuvieron a una mujer transgénero en El Paso en febrero que tenía una orden de deportación pendiente y antecedentes penales previos y que estaba buscando una orden de protección en contra de un ex novio. Eso provocó indignación en los defensores de la violencia doméstica que dijeron que su presunto abusador había avisado a las autoridades de inmigración.
Los críticos sostienen que tal práctica pone en peligro la seguridad pública. “Escalofríos” en la corte
“Puede ser algo que desalienta a la gente a acudir a los tribunales”, dijo Eric Davis, de la oficina del Defensor Público del Condado de Harris.
Joanne Lin, abogada de la ACLU, dijo que el aumento de los arrestos de inmigrantes en los tribunales e incluso la presencia de agentes allí tiene un efecto que provoca “escalofríos”, disuadiendo a los acusados, víctimas y testigos de comparecer ante los tribunales.
Dijo que eso está ocurriendo en toda la nación, desde Michigan, donde un padre fue detenido en una audiencia de custodia, a Nueva York, donde otro fue recogido en una audiencia de manutención de menores. En Colorado, cuatro mujeres dejaron a un lado sus casos de asalto por temor a que fueran arrestadas en el tribunal y deportadas.
Las autoridades de inmigración “están envalentonadas de una manera que nunca he visto. No están preocupados en absoluto por el impacto y el miedo que han creado”, dijo Dan Satterberg, el principal fiscal del condado King en Seattle. “En sólo un par de meses han deshecho décadas de trabajo que hemos hecho para generar confianza”.
La Comisión de Derechos Civiles de Estados Unidos y principales jueces estatales en California, Washington y Nueva Jersey han expresado su preocupación por la práctica, diciendo que disuade a la gente de perseguir casos.
“La presencia de agentes de inmigración en tribunales locales incuba miedo y más ansiedad, innecesarios dentro de las comunidades inmigrantes, no incentiva la interacción con el sistema judicial y pone en peligro la seguridad de comunidades enteras”, dijo la comisión en una carta el mes pasado, instando al fiscal general, Jeff Sessions, y al secretario de Seguridad Nacional, John Kelly, a reconsideraran la práctica.
Los dos han defendido la nueva política, afirmando que los agentes de inmigración pueden arrestar incluso a testigos y víctimas si lo consideran necesario. ICE dijo en un comunicado que normalmente sólo se dirige a los tribunales después de haber “agotado otras opciones”.
“Un tribunal ofrece la oportunidad más probable de localizar a un sujeto y llevarlo bajo custodia”, dijo.
La agencia dijo que la mayoría de estas detenciones son de inmigrantes con condenas penales anteriores que previamente hubieran sido detenidos por las autoridades locales en centros que impiden su puesta en libertad bajo fianza.
Sin embargo, las preocupaciones constitucionales sobre la violación de una prohibición de la Cuarta Enmienda sobre la incautación injustificada han estimulado a cinco estados y a más de 500 condados, aunque en Texas sólo está el de Travis, a reducir su cooperación con el gobierno federal en este tema. La ley que Texas aprobó esta semana exigir tal cumplimiento, con jefes de policía y sheriffs enfrentando cargos criminales si no lo hacen. Puestos de avanzada
Angie Junck, abogada supervisora del Centro de Recursos Legales para Inmigrantes, un grupo nacional con base en San Francisco, dijo que el impulso de la deportación por parte del gobierno federal convierte a todos los agentes locales en puestos de avanzada en inmigración.
El gobierno federal “no tiene alcance de la manera en que los policías locales, sheriffs y fiscales tienen al estar en contacto prácticamente todos los días con inmigrantes”, dijo.
Un enfoque similar ayudó al presidente Barack Obama a eliminar una cifra récord de 434.015 inmigrantes en 2013, según el Migration Policy Institute, un grupo de expertos en Washington, DC.
Pero Obama limitó drásticamente la estrategia en 2014 para centrarse sólo en los delincuentes violentos y los recién llegados después de fracasar con los esfuerzos por una reforma inmigratoria. Posteriormente, las deportaciones disminuyeron drásticamente.
La participación de la policía local en la política de inmigración tiene un impacto negativo, dijo Junck, citando un estudio de la Universidad de Illinois en Chicago que encontró que los latinos tenían la mitad de probabilidades de denunciar un crimen si sospechan que la policía tratará de determinar su estatus legal.
El sheriff del Condado de Harris, Ed González, dijo que la simple apariencia de que los policías funcionan como agentes de inmigración lleva al miedo y a la falta de comunicación.
En los primeros tres meses de 2017, el número de violaciones registradas por hispanos en Houston se redujo un 43 por ciento con respecto al mismo período del año pasado a sólo 32 delitos, según el departamento de policía. Comparativamente, los registrados por los no hispanos subieron un 8 por ciento a 223 incidentes. La notificación de agresiones agravadas también bajó un 12 por ciento a 343 delitos, en comparación con un aumento del 14 por ciento a 2.297 entre los que no son hispanos.
De manera similar, Teresa Uribe, voluntaria del Centro de Mujeres del Área de Houston, dijo que aproximadamente dos de cada tres víctimas de abuso doméstico que ha aconsejado este año han dicho que temen reportar el crimen a la policía, citando específicamente las nuevas políticas de inmigración.
Samantha Del Bosque, abogada del Centro de Justicia Tahirih, una organización sin fines de lucro que presta servicios a mujeres y niños que huyen de la violencia, dijo que incluso los clientes con estatus legal tienen miedo. Uno con una visa pendiente para víctimas de crimen llamó frenéticamente después de recibir una boleta de infracción de tránsito por conducir sin licencia.
“Ella no sabía si debía ir a la corte”, dijo Del Bosque.
Un mayor enfoque en la mayoría de los delincuentes menores también está cambiando la manera en que los abogados criminales piensan acerca de su estrategia, dijo Kenneth Wincorn, abogado en Dallas. Dijo que ahora recomienda a sus clientes inmigrantes completar los cursos y el servicio comunitario antes de entrar en una declaración de culpabilidad para que puedan evitar reportarse ante oficiales de libertad condicional si es posible.
En Fort Worth, agentes de inmigración arrestaron recientemente a 26 inmigrantes ilegales que acudieron al servicio comunitario en la oficina del sheriff, cumpliendo condenas por delitos menores.
Mana Yegani, un abogado de inmigración de Houston, dijo que al menos seis clientes comparecieron en citas regulares de libertad condicional sólo para ver que oficiales de inmigración estaban esperándolos para llevárselos. Ninguno de ellos tenía órdenes de deportación anteriores, dijo. Algunos ya han sido deportados y otros están en espera de una audiencia de inmigración.
Cada vez más, los defensores dicen que estos inmigrantes se están retirando de la vida pública en la medida en que pueden. Incluso el Departamento de Salud y Servicios Humanos de Houston ha visto un descenso en el uso de los servicios, dijo su director, Stephen Williams, ante un panel el mes pasado.
Luis Ruiz, abogado de inmigración en Baytown, dijo que tiene clientes que ahora se niegan a conducir, diciendo que temen ser arrestados por no tener una licencia, ser arrojados a la cárcel y deportados.
“No salen de la casa”, dijo Ruiz.
Incluso personas con estatus legal están siendo detenidas, por lo menos temporalmente, una vez que son registradas en la cárcel.
A veces el sistema también engaña a personas con visas legales con solicitudes pendientes.
“Laen tribunales presencia localesde agentes incubade inmigraciónmiedo y más ansiedad, innecesarios en comunidades inmigrantes, no incentiva la interacción con el sistema judicial y pone en peligro la seguridad de comunidades enteras”. Comisión de Derechos Civiles de Estados Unidos