CON UNA LUZ DE ESPERANZA
Juan Rodríguez recibió un permiso para extender su estadía
Juan Rodríguez recibió un permiso de 60 días para seguir en el país junto a su familia y así tratar de presentar su caso de asilo y evitar una deportación a El Salvador.
Después de una llamada que llegó el viernes de la semana pasada, David Medina y Juan Vásquez corrieron desde su oficina de abogados en el centro de la ciudad a un juzgado federal en Houston.
Se les había concedido una audiencia de emergencia, una oportunidad para discutir por qué Juan Rodríguez no debía ser deportado como estaba planeado el 29 de junio.
Medina, Vásquez y David Calvillo, socios de la firma Chamberlain Hrdlicka, habían presentado previamente una demanda contra el gobierno, defendiendo los derechos de la familia bajo la Ley de Restauración de Libertad Religiosa. Necesitaban tiempo para que el proceso se desarrollara y querían una suspensión de la deportación, para que la familia pudiera permanecer junta mientras tanto.
Así que se reunieron, junto con un abogado del gobierno, en el juzgado de la jueza de distrito Lee H. Rosenthal, pero no tuvieron que presentar su caso.
Rick Bennett, asistente del abogado que representa al Departamento de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés), hizo una moción para desestimar la demanda.
Cinco meses después de que ICE le avisara a Juan que iba a ser deportado la semana pasada, Bennett ahora explicó que el gobierno le permitiría permanecer en el país por otros 60 días, para poder continuar con su solicitud de asilo.
Tranquilamente, Rosenthal pasó revista a páginas de documentos legales. La jueza se detuvo ocasionalmente para hacer preguntas, hablando en voz baja con los abogados, preguntándose si todavía había algún punto en la audiencia, ya que la extensión logró lo que la familia estaba pidiendo.
Rosenthal dijo que había dos opciones. Una dijo mientras miraba hacia Medina, era desestimar el caso con prejuicio. Una mejor opción, pensó, es despacharlo sin prejuicio, lo que significa que él puede volver a presentarlo en otro momento, de ser necesario.
Luego se volvió hacia Bennett y le pidió que ICE “sea flexible” y extienda el período si es necesario. Los tribunales de inmigración suelen estar sobrecargados, dijo, y dos meses puede que no sea suficiente tiempo para que Juan sea escuchado.
El abogado asintió ligeramente.
“El caso es desestimado”, dijo. “Espero que puedan trabajar juntos”.
Medina salió de la sala de audiencia exaltado y susurró a su compañero: “esta es una gran victoria para la familia”.
“Tenemos que ir a decirles”, dijo mientras ambos caminaban hacia el ascensor. “Y tenemos que recoger una sandía”.
Esa fruta tiene un significado especial para cada uno de esos abogados ya que sus padres se las llevaban a casa en los calurosos veranos de Texas. Ya compartieron un melón con los Rodríguez la primera vez que se encontraron, a principios del mes pasado, cuando se ofrecieron a representarlos después de leer en el Houston Chronicle un artículo sobre la deportación pendiente de Juan.
No había nadie en la casa de los Rodríguez en el sureste de Houston cuando llegaron los abogados.
Minutos más tarde, cuando la esposa de Juan, Celia, y las tres hijas de ambos -Karen, Rebecca y Kimberly- llegaron en la camioneta de la familia, los abogados les explicaron lo que había sucedido. En la entrada, compartieron abrazos. Las niñas se rieron y saltaron de alegría, y Kimberly, de sólo 10 años, chocó las manos con Medina, ex integrante de la Corte Suprema de Texas.
Pero decidieron no llamar a Juan, quien seguía trabajando, arreglando un coche en la casa de un cliente. Querían sorprenderlo con la noticia.
Cuando regresó a casa y caminó por la puerta de la cocina, se mostró sombrío al ver a los abogados. No los esperaba. Algo debió haber ocurrido, pensó.
Sus hijas rompieron la tensión.
“¡Papi, finalmente has llegado!”, le dijeron.
Después de compartir la noticia, Medina pidió orar. Llamó a Calvillo, que estaba volviendo del Valle del Río Grande. Calvillo es el que más fluido habla el español entre los abogados, y dirigió las devociones por altavoz. Juan casi no habla inglés.
Agradecieron al juez Rosenthal. Agradecieron “al Señor por abrir los corazones de los oficiales de ICE” que concedieron la extensión. Y le pidieron a Dios que ayudara a otras familias como la suya.
Pero los abogados también compartieron algunas malas noticias, porque el indulto llegó con una condición.
Tres días después, temprano en la mañana del lunes siguiente, Juan tuvo que volver a presentarse en las oficinas de ICE en Houston.
Raed González, el abogado de inmigración que representa a él pero no a su familia, dijo a periodistas que seguía con temor. Quería garantías directamente de ICE que Juan podría quedarse. La semana anterior, González había presentado una solicitud en un tribunal de inmigración para reabrir el caso de asilo de Juan.
Juan llegó al país hace unos 15 años, desesperado por volver a estar junto a Celia y la hija mayor de ambos, Karen. Celia había sido patrocinada por sus padres, que son ciudadanos estadounidenses, pero Juan le pagó a un ‘coyote’ siete mil dólares para llegar desde El Salvador. Fue atrapado mientras se dirigía a Texas desde California. Intentó - sin éxito ganar un estatus protegido temporal. Su solicitud de asilo fue denegada hace más de una década, pero González alegó que Juan no tenía entonces una representación legal fuerte.
Durante más de una década, a través de los gobiernos de Bush y Obama, Juan recibió permisos temporales ya que crió a su familia, pagó impuestos y evitó problemas legales. Podría quedarse en el país siempre y cuando se registrase con ICE, y lo hizo un total de 26 veces. Pero en febrero, funcionarios de ICE le dijeron que bajo la administración de Trump, él ya no era una prioridad.
El gobierno tiene ahora hasta el 10 de julio para aceptar u oponerse a la solicitud de reabrir su caso de asilo. Un juez decidirá si procede o no.
El Salvador ya era un país violento cuando Juan se fue, dijo González, pero hoy está peor.
Si Juan es deportado, su esposa e hijas se irían con él, dijo, porque son cristianos adventistas que creen que la familia debe permanecer junta. Ésa es también la esencia del acto de la Ley de Restauración de la Libertad Religiosa interpuesto por Medina y sus colegas en la corte federal: deportar al padre significa deportar a toda la familia.
En El Salvador, la familia sería saqueada, dijo González.
“Él y sus hijas, precisamente por ser estadounidenses, serían atacados por pandillas que tratarán de extorsionarlos”, dijo.
En la reunión con ICE, Juan se destacó de las otras 69 personas que esperaban citas. Llegó con una delegación, que incluyó a sus abogados, Medina y Vásquez, y dos representantes de congresistas. Tras ser ampliamente difundido, su caso ha captado atención nacional.
Funcionarios de ICE confirmaron que Juan tendría los 60 días, y también cumplirían la petición de la jueza. Si fuera necesario, el plazo se prolongaría.
Pero Juan estaría sujeto a monitoreo, a usar una tobillera eléctrica como los acusados de crímenes.
Iván Sánchez y Rachael Rodríguez, representantes de los congresistas Sheila Jackson Lee y Al Green, dijeron que los legisladores planean interceder en su nombre. Sánchez dijo que era una humillación innecesaria para un hombre que ha demostrado colaborar con las autoridades.
“No te preocupes, papi”, dijo Karen, mientras sumergía su cara en el hombro de su padre. “Sabemos que no eres un criminal. Te amamos. Esto no cambia nada; tú eres el mismo de siempre para nosotras”.
El monitor, por un momento, desapareció de la mente de Juan.