Gobierno defiende tarea en derechos humanos
En reacción a denuncias de presuntos abusos por parte de las fuerzas de seguridad
CRÍTICAS: luego que un estudio halló que casos de abusos en la lucha contra el narco quedan impunes.
El gobierno mexicano reafirmó recientemente su compromiso con los derechos humanos, luego que un estudio halló que casi todos los casos de abusos perpetrados por soldados en la lucha contra los cárteles de la droga quedan impunes.
La Procuraduría General de la República está trabajando para aplicar “cambios estructurales e institucionales para abatir la impunidad y perseguir las violaciones a derechos humanos”, dijo el gobierno en un comunicado.
Reveló que se creará unidades de investigación especiales para estudiar esos casos.
Además añadió que la fiscalía ya está aplicando reformas que fueron mencionadas en un informe elaborado en febrero, donde se incluyen varias recomendaciones mencionadas en el reporte emitido el mes pasado por la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA, por sus siglas en inglés).
El comunicado dice que las fuerzas armadas han ampliado sus cursos de derechos humanos para soldados, con lo que han disminuido las denuncias ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos.
Afirmó que aprecia la asistencia de los militares en la ofensiva contra los carteles de la droga en todo el país.
“La participación de las Fuerzas Armadas de México en atención al crimen organizado forma parte de las tareas de acompañamiento temporal a las autoridades locales, y responde a los enormes retos que plantea el tráfico internacional de armas y drogas, que afecta de manera particular a nuestro país”, dijo el gobierno.
Las fuerzas armadas han desempeñado un papel central en la guerra contra los cárteles de la droga al menos desde finales de 2006, cuando el recién elegido presidente Felipe Calderón envió a los soldados a combatir el narcotráfico. La ofensiva militarizada ha continuado bajo su sucesor Enrique Peña Nieto.
Durante todo este período se han multiplicado las acusaciones de violaciones graves a los derechos humanos a manos de militares, tales como torturas, matanzas y desapariciones.
Los detractores dicen que las fuerzas armadas mexicanas no están entrenadas para realizar actividades policiales. Pero muchos cuerpos policíacos en el país son considerados corruptos, superados en armamento e incluso cómplices de los grupos mafiosos, por lo que no se puede confiar en ellos para combatir a los cárteles. El informe
La mayoría de las violaciones a los derechos humanos presuntamente cometidas por los soldados mexicanos que luchan contra cárteles del narcotráfico quedan impunes a pesar de las reformas que permiten a las autoridades civiles investigar y juzgar esos crímenes, de acuerdo al informe.
El estudio de la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos, considerado el primer análisis exhaustivo de las investigaciones de abusos militares efectuadas por la Procuraduría General de la República, halló que la justicia civil solamente condenó a 16 soldados de un total de 505 investigaciones penales realizadas de 2012 a 2016, una tasa de éxito de 3,2%.
Además, hubo sólo dos condenas por “responsabilidad de la cadena de mando” de oficiales cuyas órdenes derivaron en abusos, añadió.
Según el informe, los factores que obstaculizan las pesquisas civiles de personal militar incluyen las investigaciones paralelas civiles y militares, el acceso limitado a los testimonios de la tropa y las alteraciones de la escena del crimen efectuadas por soldados, o los falsos testimonios.
“Este modelo de seguridad pública militarizada ha tenido un impacto negativo en el sistema de justicia penal de México. El sistema de justicia civil enfrenta retos, como las medidas de las autoridades militares que provocan obstrucciones o demoras de las investigaciones, que limitan la capacidad de las autoridades civiles para sancionar a los soldados implicados en crímenes y violaciones de los derechos humanos”, según el informe. La matanza de Tlatlaya
Un caso de gran repercusión fue la matanza en 2014 de 22 presuntos delincuentes a manos de soldados en Tlatlaya, una localidad del centro del país.
En un principio el ejército dijo que fue un enfrentamiento, pero la evidencia dejó entrever que no hubo un tiroteo prolongado, y algunos de los muertos mostraban señales de haber sido ejecutados.
Siete soldados fueron acusados de homicidio, pero las cortes civiles desestimaron los cargos por falta de pruebas. En agosto de este año, un juez ordenó investigar si los jefes del ejército habían desempeñado algún papel en la matanza.
Según el informe, Tlatlaya es un ejemplo de un caso en que los investigadores militares tuvieron acceso a la escena del crimen y a las declaraciones de los soldados antes que las autoridades civiles.
“El caso de Tlatlaya revela que las investigaciones militares y civiles concurrentes demoran y obstruyen la justicia... (y) demuestra que en la jurisdicción militar, los casos de violaciones graves de los derechos humanos no se verifican o permanecen impunes”, dice el informe.
Una serie de reformas en 2014 cambió la forma de investigar las denuncias de abusos por parte del ejército, incluido el derecho de realizar una investigación civil en casos de ese tipo y el derecho para que las víctimas puedan participar.
Entre los 16 juicios exitosos de soldados llevados a cabo por la Procuraduría se encuentran condenas por encubrir una violación a derechos humanos y la profanación de un cadáver; por desaparición forzada; por homicidio; por lesiones y entrar ilegalmente a un lugar, y por violación, de acuerdo con el informe.
Las dos condenas por “responsabilidad de la cadena de mando” que el estudio encontró fueron de un teniente coronel y de un subteniente que estuvieron involucrados en dos casos de desaparición forzada en los estados de Chihuahua y Nuevo León, en el norte del país.
La WOLA dijo que el informe se basó en tres fuentes: en entrevistas con los grupos defensores de los derechos humanos y con abogados; en solicitudes de derecho a la información que dieron datos sobre las condenas de los soldados, entre otras cosas, y en la colaboración que tuvieron con los periodistas que crearon un sitio en internet sobre el tema, Cadenademando.org.
La organización añadió que es “posible” que pudiera haber habido más condenas que las 16 que documentaron, pero que las autoridades no respondieron a sus solicitudes para obtener más información.
Estados Unidos ha apoyado los operativos de seguridad de México a través de la multimillonaria Iniciativa Mérida, la cual incluye equipar a las fuerzas de armadas con helicópteros y entrenar a las fuerzas de seguridad.
De acuerdo con el informe, el Departamento de Defensa de Estados Unidos ha entregado más de 521 millones de dólares a las fuerzas armadas mexicanas como apoyo para combatir el narcotráfico desde 2008.
El informe pide medidas tanto de México como de Estados Unidos para reforzar el sistema judicial mexicano. También exhorta a Washington a entregar el dinero de ayuda solamente si las fuerzas de seguridad mexicanas mejoran su historial de protección a los derechos humanos, y pide que se apegue a las leyes estadounidenses que prohíben financiar a unidades que se sabe han cometido graves violaciones a dichos derechos. Propuesta
El Partido Revolucionario Institucional (PRI) impulsó a toda prisa una propuesta de ley en el Congreso con el fin de justificar que las fuerzas armadas asuman tareas policiales, pese a objeciones de grupos defensores de los derechos humanos y legisladores opositores que dicen llevará a una militarización por tiempo indeterminado.
Partidarios de la medida dicen que los soldados tienen que seguir en las calles para combatir a las pandillas, dada la incapacidad y la corrupción de los policías. Pero los opositores dicen que ésa es otra razón para tener un debate calmado y detallado sobre si la ley debería permitir que el ejército realice las tareas policiales indefinidamente y bajo qué límites.
El proyecto fue sometido a votación por una comisión de la cámara baja antes de ser aprobado por la cámara completa por 248-115. La ley permitiría a los soldados efectuar redadas y establecer retenes en carreteras, así como perseguir y detener a sospechosos.
El martes, la Comisión Nacional de Derechos Humanos de México denunció múltiples violaciones a los derechos humanos por parte de efectivos del ejército en un caso ocurrido el año pasado en Tepatitlán de Morelos, Jalisco, con detención arbitraria, violencia sexual y tortura; desaparición forzada y matanzas extrajudiciales.