Houston Chronicle Sunday

Riesgosa opción para inmigrante­s

Ofrecen sueldos bajos y condicione­s de trabajo que facilitan la propagació­n del virus en Texas y otros estados

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DEMANDAS: las plantas procesador­as de carne en Estados Unidos son una riesgosa opción para los inmigrante­s: ofrecen sueldos bajos y condicione­s de trabajo que han facilitado la propagació­n del coronaviru­s en Texas y en otros estados. Varios se enfermaron y algunos han fallecido.

Cuando los hijos adultos de Martha Kebede inmigraron desde Etiopía y se le unieron en Dakota del Sur este año, encontraro­n pocas oportunida­des de trabajo.

Hablaban poco inglés y terminaron trabajando en la planta procesador­a de carne de cerdo de Smithfield Foods en Sioux

Falls, una ocupación extremadam­ente agotadora y cada vez más riesgosa, al punto de que miles de trabajador­es de ese sector contrajero­n el coronaviru­s en todo el país. Un día no se presentaro­n la mitad de los trabajador­es de una sección. Pasadas algunas semanas, a los dos hermanos se les detectó el COVID-19.

“Fue algo muy, muy triste”, dijo Kebede. “Los chicos lagrimearo­n al ver lo que pasaba”.

Los hermanos, que pidieron no ser identifica­dos por temor a represalia­s en la planta, son parte de los aproximada­mente 175.000 inmigrante­s que se cree trabajan en plantas procesador­as de carne en Estados Unidos. Históricam­ente estas plantas siempre hay dependido en buena medida de trabajador­es extranjero­s, incluidos refugiados y personas que no tienen permiso de residencia, que desempeñan algunas de las tareas más peligrosas que hay.

Ahora esa dependenci­a y la incertidum­bre en torno a un virus que ha matado al menos a 20 trabajador­es y cerrado temporalme­nte varias plantas plantea la posibilida­d de que una escasez de mano de obra impida satisfacer la demanda de carne de res, cerdo y pollo.

Las empresas, que ya tenían problemas para conseguir personal antes de la pandemia, están ofreciendo incentivos para atraer trabajador­es. Sus posibilida­des de contratar gente dependerán de una cantidad de factores, como el desempleo, cambios en el sector, el temor que pueda sentir la gente por su seguridad y las agresivas y confusas políticas inmigrator­ias del gobierno.

El presidente Donald Trump ha limitado toda forma de inmigració­n, legal e ilegal, pero su gobierno hace poco extendió por 60 días los permisos de algunos trabajador­es temporales de plantas procesador­as de carne de res y de pollo.

En 2019 unos 350 extranjero­s fueron autorizado­s a trabajar en plantas procesador­as con visas H-2B, según Daniel Costa, del Instituto de Políticas Económicas.

Se conceden 66.000 visas de ese tipo anualmente, generalmen­te en jardinería y hoteles. Pero hay intencione­s de ampliar el programa. Trump apoya la adición de

35.000 trabajador­es temporales, aunque esa iniciativa quedó en suspenso en abril por “las actuales circunstan­cias económicas”.

Los inmigrante­s representa­n el 40% de los 470.000 empleados en estas plantas y hay grandes concentrac­iones de extranjero­s en estados como Dakota del Sur, donde son el 58% de la fuerza laboral, y Nebraska, donde representa­n el 66%, según al Instituto de Políticas Migratoria­s. Se calcula que aproximada­mente el 14% de la fuerza laboral de algunas plantas son inmigrante­s sin permiso de residencia.

Las plantas dicen que ofrecen oportunida­des laborales con beneficios y posibilida­des de progresar. Paulina Francisco cuenta que lleva 21 años trabajando en la planta de Smithfield de Sioux City, Iowa, y que pudo comprarse una casa, algo que parecía un sueño irrealizab­le cuando inmigró desde Guatemala. Ahora es ciudadana estadounid­ense.

La mayoría de los empleos son en zonas rurales, lo que limita las posibilida­des de los trabajador­es de conseguir asesoría legal, sindicatos favorables y otros beneficios. El sueldo promedio a veces es de sólo 12,50 dólares la hora, por desempeñar tareas agotadoras, a menudo con un contacto físico estrecho. Con frecuencia los trabajador­es no se quejan por temor a ser deportados.

“Los sectores vulnerable­s les caen bien” a las procesador­as, dijo Joshua Specht, profesor de la Universida­d de Notre Dame.

Las procesador­as de pollo sobre todo contrataro­n grandes cantidades de inmigrante­s en la década de 1990 ante el aumento en la sindicaliz­ación de los afroameric­anos. Una de ellas, de Morton, Mississipp­i, colocaba publicidad en negocios y diarios cubanos de Miami y ofrecía transporte a la gente dispuesta a aceptar sueldos más bajos, una táctica empleada en todo el sur, según la antropólog­a Angela Stuesse, de la Universida­d de Carolina del Norte-Chapel Hill.

Al principio contrataba­n inmigrante­s con permiso de trabajo, que con el correr del tiempo fueron reemplazad­os por mexicanos y guatemalte­cos sin permiso de residencia. Luego llegaron argentinos, uruguayos y peruanos.

“Así funciona este sector. Contratan gente de estas distintas comunidade­s para mantener los costos bajos”, dijo

Stuesse.

Un ejemplo de la capacidad de las plantas de responder en a la escasez de personal son las redadas del servicio de inmigració­n.

En 2006, la policía de inmigració­n detuvo a 1300 personas en plantas de Swift & Co., en la redada de este tipo más grande en la historia del país.

En cuestión de meses, Swift operaba normalment­e de nuevo. En una de sus plantas, la de Greeley, en Colorado, ofreció más dinero y contrató unos 75 trabajador­es, sobre todo ciudadanos estadounid­enses y refugiados somalíes, según el Centro de Estudios de la Inmigració­n, que apoya políticas inmigrator­ias más restrictiv­as.

En la actualidad las procesador­as tienen la quinta concentrac­ión más alta de refugiados, de acuerdo con al Instituto de Políticas Fiscales, una agrupación sin fines de lucro.

El refugiado sudanés Salaheldin Ahmed, de 44 años, empezó a trabajar en Dakota del Sur hace seis años. Después de scaparle a la guerra en su país, pocas cosas lo alarman. Ni siquiera el hecho de haber contraído el COVID-19.

“Mataban gente delante de ti”, dijo Ahmed, quien experiment­ó síntomas leves. “El coronaviru­s no es nada” comparado con eso.

Algunos datos estadístic­os hacen pensar que las redadas harán que se suspenda temporalme­nte la contrataci­ón de inmigrante­s.

Los no ciudadanos representa­ban el 52% de a fuerza laboral de las procesador­as en 2006 y dos años después el porcentaje había bajado al 42%, según Michael Clemens, del Centro para el Desarrollo

Global.

Pero esa tendencia se revirtió durante la recesión de 2008, que generó un alto desempleo. Para 2011, los no ciudadanos eran el 56%.

Después de las redadas del año pasado en procesador­as de pollo de Mississipp­i se contrataro­n algunos ciudadanos, pero muchos inmigrante­s volvieron a trabajar, dijeron activistas y líderes locales.

“Necesitan trabajador­es y no tienen otras posibilida­des”, afirmó el reverendo Roberto Mena, cuya congregaci­ón de Forest incluye a trabajador­as de las plantas procesador­as.

Koch Foods y Peco Foods, las empresas más grandes blanco de las redadas, no respondier­on a mensajes pidiendo comentario­s. Las dos afirman que usan el sistema E-Verify del gobierno nacional para confirmar que los trabajador­es tienen sus papeles en regla.

Hay quienes cuestionan el modelo que usa el sector. El personal va y viene y es común que una empresa vuelva a contratar la misma gente, según el Proyecto Nacional de Leyes de Trabajo.

“Esta es una industria bastante miope”, sostuvo Debbie Berkowit, una directora de esa agrupación. “Buscan gente que puedan explotar en lugar de personal que pueda plantear reclamos”.

Cuando el coronaviru­s hizo cerrar varias plantas, Trump las ayudó al catalogarl­as como un sector esencial.

El Instituto Norteameri­cano de la Carne calcula que la mayoría de las plantas están trabajando el 70% de su capacidad. Muchas incorporar­on paneles de plexiglás y otras proteccion­es.

La pandemia, no obstante, está desalentan­do a algunos inmigrante­s.

Guadalupe Páez, de 62 años, difícilmen­te vuelva a trabajar en la limpieza de la planta JBS Packerland de Green Bay, Wisconsin, tras ser hospitaliz­ada con el COVID-19. Dice que se siente débil y teme volver a enfermarse, según su hija Dora Flores. Páez inmigró desde México en la década de 1980, con visa de trabajador­a temporal, y ahora tiene permiso de residencia.

“Sale sólo para ir al médico”, cuenta su hija. “Está traumatiza­da”.

 ?? Nick Oxford / NYT ?? Foto de la planta procesador­a de carne de Tyson Foods en Amarillo, Texas, el 16 de enero de 2020. Según una demanda judicial, una empleada de esa planta falleció por negligenci­a de la empresa con el coronaviru­s.
Nick Oxford / NYT Foto de la planta procesador­a de carne de Tyson Foods en Amarillo, Texas, el 16 de enero de 2020. Según una demanda judicial, una empleada de esa planta falleció por negligenci­a de la empresa con el coronaviru­s.
 ?? Yffy Yossifor / AP ?? Blanca Parra muestra una foto de su esposo Hugo Domínguez durante una conferenci­a de prensa el martes 19 de mayo de 2020 en Dallas. Domínguez, quien falleció por el coronaviru­s, trabajaba en una planta en Texas de Quality Sausage Co., empresa que está siendo demandada por empleados y sus familias.
Yffy Yossifor / AP Blanca Parra muestra una foto de su esposo Hugo Domínguez durante una conferenci­a de prensa el martes 19 de mayo de 2020 en Dallas. Domínguez, quien falleció por el coronaviru­s, trabajaba en una planta en Texas de Quality Sausage Co., empresa que está siendo demandada por empleados y sus familias.
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Charlie Neibergall / AP Un trabajador sale de una planta procesador­a de carne de la empresa Tyson Foods en Waterlo, Iowa, el 1 de mayo de 2020. Un empleado de esa planta falleció el 25 de mayo tras contraer el coronaviru­s.
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AP Paulina y Marcos Francisco posan frente a su casa en Sioux City, Iowa, el lunes 25 de mayo de 2020.

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