JUEZ DEJA EN SUSPENSO FALLO SOBRE ‘CIUDADES SANTUARIO’
Un juez federal de San Antonio cuestionó sus alcances
Un juez federal cuestionó la semana pasada los alcances de una nueva ley contra las “ciudades santuario” en Texas que tiene el apoyo del gobierno del presidente Donald Trump, pero que cuatro de las urbes más grandes del estado, algunos jefes policiales y grupos defensores de los derechos de los inmigrantes intentan impedir que entre en vigor en septiembre.
Centenares de manifestantes que agitaban banderas y portaban carteles que decían ‘Paren la separación de familias’ colmaron la plaza afuera de la corte de San Antonio, en donde el juez federal Orlando García decidía si Texas puede poner en marcha la ley que Trump afirma es congruente contra la inmigración ilegal.
La audiencia en el tribunal fue la primera sobre la constitucionalidad de la ley conocida como SB4, desde que la firmó el gobernador republicano Greg Abbott. La sesión duró horas y concluyó sin que García emitiera un fallo en el que autorizara a Texas aplicarla. Tampoco fijó fecha para anunciar una decisión final al respecto.
La ley permite a los policías preguntar a las personas su condición migratoria durante inspecciones rutinarias de tránsito y prevé que los jefes policiales y funcionarios por elección popular sean encarcelados o destituidos si ignoran las solicitudes de las autoridades migratorias de que detengan a extranjeros que vivan sin permiso en el país.
Las cuatro ciudades más grandes de Texas —San Antonio, Austin, Houston y Dallas— interpusieron un recurso en un intento para impedir la entrada en vigencia de la medida y los abogados de esas urbes dijeron a García que su fallo podría ser determinante en la decisión de otros estados que pretenden adoptar normativas similares.
La procuraduría general de Texas respondió a través de sus abogados que la nueva ley es menos severa que la que se decretó en 2010 en Arizona, conocida como ‘Muéstreme sus papeles’, misma que fue bloqueada parcialmente por la Corte Suprema federal.
“Diré que lo que tuvimos en Arizona fue por una legislación muchísimo más estricta”, dijo Darren McCarty, funcionario especial de la procuraduría general de Texas.
Reacción en México
Mientras tanto, el gobierno de México presentó una declaración jurada en la que expresa su preocupación por la ley de Texas contra las llamadas ’ciudades santuario’ y conocida como la SB4, la cual cuenta con el respaldo del gobierno del presidente Donald Trump.
El documento tiene como propósito ayudar a las acciones jurídicas que jefes policiales y grupos defensores de los derechos de los inmigrantes en Texas emprendan para impedir la entrada en vigencia de esa normativa el 1 de septiembre.
García, el juez federal de San Antonio, revisa la constitucionalidad de la ley, que permite a los agentes preguntar a personas su condición migratoria durante inspecciones rutinarias.
La SB4 también prevé que los jefes policiales y funcionarios electos sean penados con cárcel o destituidos si no atienden las solicitudes de las autoridades migratorias federales de que detengan a personas que vivan sin permiso en Estados Unidos.
El subsecretario de México para América del Norte, Carlos Sada, dijo la semana pasada que el gobierno mexicano expresa en el documento que leyes como la SB4 “criminalizan aún más el fenómeno migratorio”.
La declaración jurada incluye datos sobre el gran incremento en el número de llamadas recibidas en un número de asistencia para inmigrantes, así como de solicitudes de asistencia legal en los consulados mexicanos desde el mes de mayo, cuando Abbott, el gobernador republicano de Texas, promulgó la ley.
“En nuestra comunidad hay desconcierto, hay inquietud y hay temor por esta situación”, dijo Sada.