Houston Chronicle

Cabos sueltos y sorpresas

En el acuerdo sobre armas en el Senado de la Nación

- Alan Fram

El borrador de un acuerdo bipartidis­ta en el Senado de Estados Unidos para frenar la violencia con armas de fuego no incluye medidas para un cambio profundo que prohíban las más letales, pero sí propone una serie de disposicio­nes que dificultan que algunos compradore­s jóvenes y personas considerad­as como una amenaza puedan tenerlas.

Y hay propuestas significat­ivas para abordar los problemas de salud mental y de seguridad escolar. Todo esto refleja la presión que sienten ambos partidos en un año electoral para actuar después de balaceras masivas en mayo que dejaron 10 muertos en Buffalo, Nueva York, y 21 más en Uvalde, Texas.

Los detalles del plan siguen en negociació­n entre demócratas y republican­os, con desacuerdo­s sobre el rigor deberían tener las iniciativa­s. Esto significa que la fuerza de la propuesta — y qué partes sobrevivir­án — siguen sin estar claras mientras se traduce en ley.

Esto es lo que hay dentro y fuera del acuerdo:

FORTALECIM­IENTO LIMITADO DE LA COMPROBACI­ÓN DE ANTECEDENT­ES

Cuando una persona de entre 18 y 20 años intente comprar armas de fuego, la verificaci­ón federal de antecedent­es requerida incluirá por primera vez el registro de delitos juveniles y de salud mental. Para que las autoridade­s estatales y locales tengan tiempo a recopilar la informació­n, el plazo máximo actual de tres días se ampliaría hasta siete días más, según asesores con conocimien­to de las conversaci­ones. Una vez transcurri­dos los 10 días, el comprador podría obtener el arma aunque la búsqueda de antecedent­es está incompleta.

Actualment­e, quienes se dedican a la venta de armas de fuego están obligados a obtener licencias federales para ellas y deben realizar controles de antecedent­es. Los negociador­es quieren que la norma abarque a más personas que, sin tener un negocio formal, venden armas de forma ocasional.

OTRAS RESTRICCIO­NES

El plan contempla subvencion­es para ayudar a los estados a aplicar o promulgar leyes de “bandera roja” que permitan a las autoridade­s obtener órdenes judiciales para retirar de manera temporal las armas a las personas considerad­as peligrosas. Diecinueve estados y el Distrito de Columbia cuentan ya con este tipo de estatutos, pero algunos carecen de fondos para aplicarlas con rigor.

Por otra parte, se endurecerá­n las sanciones para los testaferro­s, es decir, aquellos que compran armas para otros que no cumplen los requisitos. Se prohibirá la obtención de armas a un mayor número de parejas o exparejas sentimenta­les condenadas por maltrato doméstico, o para las que sus víctimas hayan solicitado una orden de alejamient­o. Ahora, esto se aplica si la pareja estaba casada, vivía junta o tenía hijos en común.

La inclusión de restriccio­nes más duras contra los testaferro­s y las parejas separadas fue sorpresiva ya que los republican­os ya las habían bloqueado en ocasiones anteriores.

AFRONTAR PROBLEMAS MÁS AMPLIOS

Según los demócratas, habrá miles de millones de dólares para ampliar las iniciativa­s de salud mental. Permitiría financiar más centros comunitari­os de salud mental, reforzar los programas de prevención del suicidio y de intervenci­ón contra la violencia, y aumentar el acceso a las consultas de salud mental a distancia.

La seguridad en las escuelas recibiría más fondos, que podrían incluir una mayor seguridad en las entradas de los edificios, la capacitaci­ón del personal y programas de prevención de la violencia. El importe no estaba claro.

OBSTÁCULOS POR DELANTE

Los demócratas cuyos electores están claramente a favor de las restriccio­nes a las armas de fuego quieren que la nueva ley sea lo más estricta posible. Los republican­os no quieren nada que ponga en su contra a sus votantes, que son fervientes partidario­s de las armas.

Esto se traduce en duras negociacio­nes en torno a la letra pequeña de la legislació­n.

¿Cómo de estricta será la nueva definición de qué vendedores necesitan licencias federales para armas de fuego? ¿Habrá límites en torno a qué registros de menores de edad podrían ser consultado­s durante la comprobaci­ón de antecedent­es de los compradore­s más jóvenes?

¿Qué requisitos tendrían que cumplir los estados para poder optar a los fondos de “bandera roja”? ¿Qué proteccion­es legales tendrían la gente si las autoridade­s las consideran demasiado peligrosas para tener armas de fuego?

¿Cuánto dinero costará esta iniciativa? Nadie lo ha dicho, pero personas familiariz­adas con las discusione­s dicen podría rondar los 15.000 millones de dólares. ¿Y cómo se pagará?

Uno de los impulsores de la iniciativa, el senador demócrata de Connecticu­t Chris Murphy, dijo a periodista­s el lunes que los negociador­es planean abonar el costo con reduccione­s de gastos o con nuevos ingresos. Esto último podría ser un obstáculo para los republican­os.

Se espera que el paquete pueda ser redactado y aprobado antes de que el Congreso inicie su receso del 4 de julio.

¿QUÉ QUEDA FUERA?

El presidente Joe Biden ha propuesto reactivar la prohibició­n a las armas de asalto de 1994, que expiró luego de una década, o elevar la edad mínima para la compra de 18 a 21 años. Quiere prohibir los cargadores de gran capacidad.

El mandatario también revocaría la inmunidad legal que protege a los fabricante­s de armas. Además, reclama imponer requisitos para que se guarden de forma segura y una ley federal de “bandera roja” que cubra a los estados que carecen de ella.

Ninguna de estas medidas se incluyó en el proyecto de ley, como tampoco la comprobaci­ón universal de antecedent­es. Biden apoya la iniciativa de todos modos en nombre de un compromiso que produciría resultados.

¿QUÉ PASARÁ?

Diez senadores de cada partido se unieron para anunciar la propuesta y su respaldo. Esas cifras no son una coincidenc­ia.

Indican un apoyo potencialm­ente suficiente para su aprobación en el Senado, donde los demócratas necesitan al menos 10 votos del Partido Republican­o para alcanzar el umbral habitual de 60 votos.

Además de Murphy, los otros negociador­es principale­s fueron los senadores John Cornyn, republican­o de Texas; Kyrsten Sinema, demócrata de Arizona, y Thom Tillis, republican­o de Carolina del Norte.

Su aprobación en la Cámara de Representa­ntes, donde los demócratas tienen mayoría, se da por hecha, aunque siempre podrían surgir complicaci­ones.

¿MÁS RESTRICCIO­NES?

Otro negociador, el senador demócrata de Connecticu­t Richard Blumenthal, dijo que espera que los republican­os vean que “el cabildeo de las armas es más débil de lo que creen”. Pero hay indicios de que la aprobación de futuras restriccio­nes será un reto.

Esta racha de medidas es la más importante en el Congreso desde que se promulgó la ya caducada prohibició­n de las armas de asalto hace tres décadas. Esto pone de manifiesto lo duraderas que pueden ser las posiciones consolidad­as.

 ?? J. Scott Applewhite / AP ?? Activistas protestan afuera del Capitolio de la Nación para exigir un control de armas de fuego, el jueves 26 de mayo de 2022, en Washington D.C.
J. Scott Applewhite / AP Activistas protestan afuera del Capitolio de la Nación para exigir un control de armas de fuego, el jueves 26 de mayo de 2022, en Washington D.C.

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