La guerra lo separó de sus padres; ahora quiere evitar ser separado de sus hijos
Lo estuvieron escondiendo de pueblo en pueblo para que el Ejército o la guerrilla no lo reclutara durante la guerra civil en El Salvador. Ante el temor de lo peor en medio de los tiroteos, levantones y muerte que se vivía en 1984, sus padres deciden mandarlo a Estados Unidos. Orlando, de 17 años en ese tiempo, no volvería a ver a sus progenitores en los siguientes 16.
Durante nueve años vivió sin documentos en Estados Unidos ante el rechazo del gobierno de clasificarlo como refugiado de guerra. A partir de 1993 y hasta 2001, Orlando solicitó un asilo que le permitió trabajar legalmente hasta que su petición le fue negada en el 2001.
Dos terremotos al inicio del nuevo siglo dieron un respiro al pueblo salvadoreño en EEUU. A partir de 2001, pudieron inscriberse al programa Estatus de Protección Temporal (TPS).
Este programa está designado para personas víctimas de un conflicto armado en curso en sus países de origen, un desastre natural, una epidemia u otras condiciones extraordinarias que no permitan a la gente regresar a su lugar de origen.
El TPS permite a sus beneficiarios recibir un permiso de trabajo bajo la condición de pagar 495 dólares cada 18 meses y someterse a una extensa investigación para asegurarse de su carácter moral y cumplimiento de la ley
Orlando, quien pidió no revelar su apellido, no lo pensó dos veces para registrarse en el programa. Hasta la fecha a él y a su esposa, Lorena, eso les ha permitido trabajar legalmente, formar una familia, comprar una casa y mantener a sus dos hijos estadounidenses: Benjamín de 14 y Lisbeth de 12.
El ahora padre de familia de 57 años ha recibido varios reconocimientos por su ética y responsabilidad en el trabajo al ser nombrado empleado del año y del mes en varias ocasiones; por más de una década ha sido voluntario en una iglesia y actualmente lleva más de cinco años alertando a la comunidad salvadoreña sobre sus derechos y responsabilidades.
El TPS, lejos de ser temporal, fue renovado en 11 ocasiones por administraciones republicanas y demócratas, permitiendo a las familias establecerse en las comunidades a las que llegaron; muchos inclusive tienen a hermanos, padres e hijos en los campos santos de la nación.
No obstante, después de 17 años, la administración Trump decidió cancelar el programa y ahora cerca de 195,000 personas viven con temor. Si la ley no cambia, ellos podrían ser deportados después de septiembre de 2019. Pero no solo ellos serán afectados. Estudios calculan que existe alrededor de 192,000 menores estadounidenses que han nacido de padres amparados bajo el TPS salvadoreño. Ellos quedarían desprotegidos si es que sus padres son obligados a regresar a su país.
Activistas que constantemente hablan con los tepesianos han dicho que el regreso a El Salvador por parte de las personas es una opción inexistente, por la falta de empleo y la inseguridad que actualmente vive ese país.
“El sentir es de preocupación y temor”, indicó Salvador Sanabria, director de El Rescate, organización sin fines de lucro que ayuda a los migrantes en Los Ángeles. “El retorno no es una opción válida porque la nación de origen no ofrece las condiciones para recibirlos, hay desempleo y serios problemas de seguridad pública”.
Miedo a la violencia
En el 2015, El Salvador fue considerado la capital de los asesinatos ya que alcanzó la cifra de 116 homicidios por cada 100,000 personas, un número superior a los que sealcanzó durante cualquiera de los 12 años de guerra civil (1980 a 1992).
Y aunque en el 2016 la cifra descendió, en el 2017 el número de homicidios cerró en 60.8 muertes violentas por cada 100,000 habitan-