Fiscalía pide 22 años de cárcel para exvicepresidenta
La Fiscalía Especial Contra la Impunidad pidió ayer 22 años de cárcel para la exvicepresidenta de Guatemala Roxana Baldetti (2012-2015) por su participación en un fraude millonario para limpiar un lago con “un producto milagroso” que resultó ser agua con sal.
El Ministerio Público, a través de esta fiscalía, culminó este jueves la fase de conclusiones en este juicio y solicitó al Tribunal de Mayor Riesgo C que Baldetti, y las otras doce personas procesadas por el caso Lago de Amatitlán, reciban una sentencia condenatoria.
Para la exvicepresidenta, en prisión preventiva desde 2015 por varios casos de corrupción pero que enfrenta su primer juicio, la Fiscalía pide 22 años por los delitos de asociación ilícita, fraude y tráfico de influencias.
Según la investigación, Baldetti usó su poder político para otorgar la concesión de un contrato para la limpieza del Lago Amatitlán por valor de casi 18 millones de dólares a la empresa israelí M. Tarcic Engineering LTD.
El hermano de Baldetti, Mario, para quien la fiscalía pide 20 años por los mismos delitos, ejerció supuestamente de intermediario entre la empresa y el Estado, y fue quien coordinó todas las acciones para realizar esta operación fraudulenta, de la que daba cuentas a Baldetti a menudo a través de varios informes con el alias “la mera, mera”, como prueban los correos electrónicos según la acusación.
Entre las otras personas implicadas en el caso está el excomisionado presidencial del Agua, Pablo Roberto González Córdova, quien enfrenta una petición de prisión de 26 años por los mismos ilícitos, y que según la fiscalía hizo creer que el proyecto para limpiar el Lago de Amatitlán, propuesto por la empresa israelí, era la única solución posible.
El objetivo del grupo acusado, según la investigación, era ganar la licitación del Estado mediante la creación de esta empresa para “obtener un beneficio económico”.
La solución para limpiar la cuenca era agua con sal, según un informe de la Fiscalía de Delitos contra el Medio Ambiente hecho público el pasado mayo.
La convocatoria pública para adjudicar el contrato fue publicada en el portal de adjudicaciones del Estado con solo un día de margen para presentar toda la documentación, lo que lleva a la Fiscalía a concluir que ya estaba otorgado de antemano.
Mediante varios testaferros, la empresa distribuyó parte de 2.97 millones de d ólares) entre los funcionarios involucrados en la trama.