BOLIVIA, TRAS LOS PASOS DE VENEZUELA
Aunque la noticia latinoamericana del momento sea el éxodo de más de 2.3 millones de personas de Venezuela y la muerte de más de 300 manifestantes antigubernamentales en Nicaragua, es hora de que también prestemos atención a otro país que se encamina rápidamente hacia el totalitarismo: Bolivia. El presidente boliviano, Evo Morales, anunció la semana pasada que presentará al Congreso, donde goza de una cómoda mayoría, una “ley contra la mentira” para penalizar las noticias que no le gusten a su gobierno.
En varias declaraciones en las últimas semanas, Morales dijo que propondrá el proyecto de ley para “castigar a los mentirosos”. La Sociedad Interamericana de Prensa ha denunciado que el proyecto impondría oficialmente la censura a los medios. Es irónico que Morales se atreva a plantear públicamente el tema de la mentira. El presidente boliviano ha prometido en repetidas ocasiones retirarse después de terminar el mandato que le permite la Constitución, solo para luego cambiar la Constitución arbitrariamente y quedarse en el poder.
Morales asumió el cargo en enero de 2006 y ahora busca un cuarto mandato de cinco años en las elecciones del año próximo, lo que le permitiría quedarse hasta enero de 2025. Después de cambiar la Constitución en 2009 para poder postularse, Morales convocó un referéndum en 2016 para cambiar la Constitución nuevamente, y prometió que acataría el resultado.
Pero Morales perdió el referéndum de 2016 y rompió su promesa. Su argumento parece un chiste: ha invocado tramposamente el artículo 23 de la Convención Interamericana de Derechos Humanos, según el cual todas las personas tienen el derecho a aspirar a un cargo público.
El expresidente boliviano Jorge “Tuto” Quiroga, ahora en la oposición, me dijo: “Si Morales aprobara su ley contra las mentiras’, tendría que ser el primero en ir a la cárcel, porque es el mayor mentiroso de Bolivia”.
Entre otras cosas, Morales mintió cuando se enfrentó a un escándalo que involucró a una mujer que supuestamente obtuvo cientos de millones de dólares en contratos del gobierno y con quien presuntamente tuvo un hijo. El gobierno primero negó que Morales fuera el padre del niño, luego dijo que era verdad y finalmente afirmó que el niño había muerto.
No es coincidencia que Morales persiga lo que queda de los medios independientes de Bolivia. “Al igual que los gobernantes de Venezuela y Nicaragua, sus mayores aliados, ya no cuenta con el apoyo ni el dinero que alguna vez tuvo”, me dijo Quiroga.
EEUU y los países latinoamericanos deberían denunciar el plan de Morales de tomar medidas enérgicas contra los medios independientes. Deben invocar varias convenciones interamericanas que comprometan a los países signatarios a respetar las normas democráticas y la libertad de expresión.