LA PERSECUCIÓN POLÍTICA DE CRISTINA KIRCHNER
La expresidenta de la República Argentina y actual senadora nacional Cristina Kirchner ha sido procesada por asociación ilícita por el juez Claudio Bonadío que investiga los ya famosos “cuadernos” del chofer Oscar Centeno. Líderes políticos cercanos al gobierno argentino aplaudieron la medida y la encuadraron dentro de la “campaña contra la corrupción” que vienen promoviendo. Pero otros ven en el dictamen la continuidad de una estrategia emanada de la Casa Rosada que busca distraer a los argentinos de la crisis económica que están experimentando y de bloquear las posibilidades de Kirchner en las próximas elecciones.
No se puede negar la corrupción en la Argentina. Nadie puede pretender que José López, el exsecretario de Obras Pública, que fue arrestado con bolsas llenas de millones en un convento, estaba allí para hacer una donación a las pobres monjitas. Según Transparency International, la Argentina está ubicada en 95avo lugar entre 176 países. Ni poco ni muy corrupta.
El establishment político y económico (Mauricio Macri, el conglomerado mediático asociado con el diario sectores económicos agroexportadores y corporaciones líderes) ha magnificado la percepción de corrupción asociando al kirchnerismo con todos los males del mundo. Y ha encontrado en su camino a un sector del Poder Judicial con el que tiene intereses afines.
El juez Bonadío es un claro ejemplo de esta nueva ecuación político-judicial en la que el sistemático hostigamiento al kirchnerismo busca neutralizar lo que se percibe como una amenaza a intereses neoliberales. Un neoliberalismo que ha sumido al país en una debacle financiera que amenaza los intereses fundamentales de la nación. Un sector que prometió una pobreza cero e inundó al país de desocupación, hambre y desesperanza. Que habló de prosperidad con inversiones extranjeras que lloverían como maná pero que llevó a una desvalorización de la moneda nacional, inflación récord y recesión económica.
La actuación del juez Bonadío es más que sospechosa. ¿Cómo se explica que le haya tocado esta causa sin el sorteo al que son sometidos los procesos judiciales? ¿Cómo es posible que justifique su dictamen, que debe tener rigor jurídico y académico, con una descripción que dice que era “más o menos así”? ¿Cómo es posible que enjuicie a la senadora Kirchner, pero no a líderes empresariales asociados con la administración del Sr. Macri que aparecen involucrados en los tan famosos cuadernos, como Paolo Rocca, el CEO de Techint?
Además, ¿qué clase de justicia es ésta que se ensaña con líderes kirchneristas, pero ignora los escándalos del presidente Macri y su familia en casos como el Correo Argentino y los Panama Papers? ¿No será que este sector político-judicial protege a los Macri de Argentina y castiga a los Kirchner y sus aliados por generar la redistribución de la riqueza más contundente de la historia contemporánea argentina?
Eventualmente el Congreso Nacional deberá considerar el pedido de desafuero de Bonadío que podría conducir a la detención de la expresidenta, que sigue siendo la política más popular de Argentina.